“Vivimos en la era del postureo burocrático. En el ámbito de la salud laboral, pocas áreas sufren tanto este formalismo como los riesgos psicosociales. Las empresas se han vuelto expertas en rellenar cuestionarios y archivar vistosos planes preventivos que jamás salen de un cajón. Pero mientras los papeles dicen que todo está bajo control, las salas de descanso y los Comités de Seguridad y Salud de Castilla-La Mancha reflejan una realidad opuesta. El diagnóstico es nítido: evaluaciones de papel, ansiedad real.
La salud mental no es un trámite para salvar una sanción o blindar a una directiva. Según el Ministerio de Trabajo, el 80% de los problemas de salud mental en la población trabajadora se vinculan a la precariedad y a la mala organización del trabajo. Además, el estrés, la ansiedad y la depresión ya provocan casi el 15% de las bajas laborales en España y el 20% de las incapacidades permanentes.
Lideramos el consumo mundial de benzodiacepinas. En las empresas de CLM, esto se traduce en ritmos inasumibles, sobrecarga de tareas y una nociva cultura del burnout camuflada bajo el mantra de la «resiliencia». Una evaluación psicosocial no es un test de personalidad al empleado; es un análisis científico de cómo la organización del trabajo enferma a la plantilla.
El marco legal en España es tajante y no deja margen a la tibieza. Las empresas ya no pueden escudarse en que la psicología laboral es «subjetiva»:
La Ley de Prevención (LPRL 31/1995): En su art. 4.7.d, obliga a controlar los riesgos relativos a la organización y ordenación del trabajo. Una definición que coincide con la de la OMS de 1984. Los artículos 15 y 16 imponen la obligación fiscal de evaluar y planificar.
Multas de la LISOS (Art. 12.6): No realizar la evaluación psicosocial es una infracción grave con sanciones directas que van desde los 626€ hasta los 6.250€.
Criterio Técnico 104/2021 de la Inspección: Permite sancionar no solo la falta de evaluación, sino el uso de metodologías trampa destinadas a tapar los riesgos reales. Además, el INSST y la Inspección recuerdan que la desconexión digital es una medida preventiva obligatoria, exigiendo políticas internas pactadas con el sindicato.
Recargo de Prestaciones (Art. 164 LGSS): Los tribunales castigan la inacción empresarial imponiendo aumentos de entre el 30% y el 50% en las pensiones por baja, pagados del bolsillo de la empresa.
Acuerdo de CLM (2022-2026): El diálogo social en la región respalda un plan de 40 millones de euros para priorizar la salud mental. El derecho a la desconexión digital está plenamente garantizado por el art. 88 de la LOPDGDD y el 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. Exigimos que deje de ser una declaración de intenciones.
¿Por qué fracasan las evaluaciones? Porque se hacen de espaldas a la plantilla. Un servicio de prevención ajeno lanza un enlace web con un test estandarizado y genera un informe automático. Eso es maquillaje.
La prevención real se negocia colectivamente en los Comités de Seguridad y Salud. Si hay «riesgo alto» por sobrecarga, la solución no es un folleto de mindfulness en el almuerzo; es cambiar la organización. Frente al papeleo, exigimos propuestas claras en los centros de trabajo:
Controlar la carga de trabajo: Revisar plantillas en serio. Si hay vacantes o bajas, hay que contratar de inmediato para que nadie haga el trabajo de dos. Las tareas deben dejar un 20% de margen para imprevistos y descansos obligatorios. Proponemos un «Botón de Alerta por Sobrecarga» para obligar a redistribuir tareas en menos de 72 horas si un departamento se desborda.
Libertad y desconexión real: Reducir la microgestión asfixiante que genera estrés. Proponemos apagar los servidores prohibiendo el envío de correos, WhatsApps o alertas de Teams/Slack de 19:00 a 08:00 h y los fines de semana. Exigimos además protocolos claros de sustitución para no volver de vacaciones con la ansiedad de una montaña de tareas acumuladas.
Jefaturas saludables: Formación obligatoria para mandos intermedios sobre resolución de conflictos y detección de ansiedad. Asimismo, reservar 15 minutos semanales de coordinación para que el equipo priorice tareas de manera democrática. El desorden de la dirección no se puede pagar con nuestra salud.
Como organización sindical, nuestro compromiso es rasgar el papel formalista para atender la salud real. Detrás de cada estadística de estrés alto hay una persona que sufre y una familia afectada.
Es hora de transitar hacia una salud democrática. Cueste lo que cueste, bajaremos las evaluaciones psicosociales de los archivos polvorientos a las plantas de producción, los almacenes y las oficinas de Castilla-La Mancha. Vuestras casillas por marcar no se van a seguir sosteniendo sobre nuestra ansiedad real”.
Irene Ortega, coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha
