Insólito, improcedente, abusivo. La noticia de la detención de trabajadores de las contratas del complejo petroquímico que ejercieron el derecho de huelga por el convenio del metal el pasado noviembre de 2025 me causa una enorme perplejidad, una avalancha de rabia contenida. Dieciséis trabajadores detenidos y tratados como delincuentes.
La actuación de la policía nacional se asemeja a las nuevas formas del trumpismo. Acudir a la factoría, apresarlos y llevarlos esposados a dependencias policiales para tomarles declaración por su participación en el mayor conflicto laboral por su convenio provincial, es una aberración que no se conocía en democracia en nuestra zona. Una irresponsabilidad, una desproporcionada intervención, un procedimiento insensato que tendrán que explicar las autoridades gubernamentales.
El fondo del asunto es una decisión para atacar frontalmente a un derecho fundamental: el derecho de huelga. Da la sensación que se pretende amordazar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras y reprimir la actividad sindical. En un conflicto de las características del que tuvo lugar en aquel momento, después de meses de bloqueo de las negociaciones que provocaron los empresarios del sector, se producen una variedad de comportamientos, disputas y discrepancias en la actuación de piquetes informativos y huelguistas. Son momentos de tensión para obtener el éxito de la movilización y encauzar las posibilidades de acuerdo. Y así, gobernantes, jueces, fiscales, empresarios y policía deben leer el conflicto laboral: ejercicio de un Derecho Fundamental con incidentes de variada intensidad, por los que no cabe pedir responsabilidad penal.
En 2010 bastantes sindicalistas sufrieron el acoso de la reforma del código penal y la Ley Mordaza. Muchos recordarán el proceso de los “8 de Airbus” que sufrieron una desmedida persecución y se enfrentaron a peticiones de fuertes penas, de las que salieron absueltos. En aquel momento mi sindicato inició una campaña con el lema “La Huelga no es delito” y, ahora, parece que habría que iniciarla de nuevo. Es una situación similar utilizando atestados incomprensibles y actuaciones judiciales desproporcionadas -si las hubiera-, para servir al interés del poder empresarial; de su valedor principal en el complejo petroquímico –algo recordamos del aquel 2003.
La detención y expulsión de trabajadores, porque eso es la denegación para incorporarse a su puesto de trabajo, los deja indefensos. Se aplica un método expeditivo para que pierdan su empleo y el sustento de sus familias. No he leído los atestados, no he escuchado los interrogatorios, no conozco otras diligencias procesales, pero sé que ha sido tremendamente injusto el escarnio y la indignidad a la que han sometido a esos compañeros. No sé si se les acusa de “resistencia a la autoridad”, “desobediencia” o “desórdenes públicos”, entre otros, son acusaciones manidas para que produzcan un efecto disuasorio más allá del daño a los afectados.
La conquista de los derechos y libertades, la llegada de la democracia, vino precedida de años de movilización, de manifestaciones masivas del mundo del trabajo. Diría Marcelino Camacho aquello de “Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar” y, en estos momentos, vuelve a resonar en los corazones de la clase trabajadora de Puertollano y la provincia. No es posible que asistamos a este espectáculo insólito que tiene como objetivo reprimir a lo más productivo de la sociedad, a su mano de obra, la de mujeres y hombres que trabajan incesantemente para levantar la economía, pero que quieren un trato justo, un trabajo decente, un salario suficiente.
La provocación de esta detención de trabajadores y su paso por las dependencias policiales no va a detener la protesta de los trabajadores, ni ahora, ni en el futuro. Esta provocación va a determina una reacción más firme y una mayor antipatía para todo lo que representan aquellos poderes que se ejercen para mutilar la democracia y el contrapoder de trabajadores y trabajadoras. ¡La Huelga no es delito!
