La Plataforma STOP Biometano Tomelloso ha ofrecido hoy una rueda de prensa en las inmediaciones de la Plaza de España para aclarar asuntos relativos a lo acontecido en el último pleno del Ayuntamiento de Tomelloso, celebrado esta semana, en el marco del debate sobre la posible instalación de una macroplanta de biometano.
Una de las portavoces, Nuria Moraga, explicó en su intervención que el portavoz del equipo de gobierno, Benjamín de Sebastián, “no dice la verdad” al afirmar que no existe un informe de la empresa Azora relativo a dicho proyecto.
Desde el primer bloque de la comparecencia, la plataforma describió lo vivido en el pleno como un episodio “bochornoso”, cuestionando el tono y el enfoque de los representantes municipales y lamentando que, a su juicio, no se estuviera actuando “con talla de políticos que se preocupen por su pueblo”. En ese contexto, criticó que el portavoz municipal emplazara a los vecinos a acudir a los tribunales para seguir avanzando en las solicitudes de información, al “mandarnos a los juzgados”, según trasladó Moraga.
En el segundo tramo de la rueda de prensa, la plataforma quiso desvincularse de la moción presentada por el Partido Socialista y subrayó que no comparte uno de sus ejes: la consulta popular planteada. En palabras textuales, insistió en que la petición de plebiscito es algo “absolutamente en contra”, una postura que —según explicó— también desarrollaron representantes vecinales de municipios cercanos.
A continuación, la plataforma a través de Moraga, desmintió que su movimiento responda a intereses partidistas y se reafirmó como un colectivo de vecinos sin adscripción política. “Somos vecinos independientes”, expuso, añadiendo que no actúa “bajo los intereses de ningún político que no trabaja para su pueblo”. En ese mismo hilo, cuestionó el argumento municipal de que el Ayuntamiento no puede intervenir por ser la Junta la administración competente. Defendió que el alcalde sí dispone de herramientas para impedir o frenar, al menos de forma temporal, un proyecto como el que —según indicó— propone Azora.
El apartado propositivo lo abrió la intervención de Ricardo, que planteó como primera medida una moratoria de dos años respecto a la instalación de la planta. El objetivo, según explicó, sería ganar un “tiempo de prudencia” para que las empresas afectadas en el entorno de Tomelloso puedan regularizar sus instalaciones actuales y operar “a pleno rendimiento” y “en un estado óptimo”. En una de las imágenes más repetidas de la comparecencia, el representante resumió la sensación vecinal con una frase directa: “pretenden que nos subamos a un tren al cual no sabemos ni dónde va”.
Esa idea enlazó con una petición concreta: que el conflicto se encauce mediante diálogo y que las administraciones aporten “información precisa y clara a la mayor brevedad posible”. La plataforma insistió en que la ciudadanía no puede pronunciarse con garantías si no existe transparencia documental suficiente sobre el alcance real de la macroplanta.
En una matización posterior, la plataforma ordenó sus propuestas en tres líneas principales durante la moratoria: que los vecinos puedan participar activamente; que se modifique la normativa urbanística para imposibilitar la implantación de macroplantas; y que se establezcan límites claros, como reducir el tamaño permitido e incrementar la distancia mínima respecto a núcleos urbanos, de forma que, en la práctica, se bloquee su instalación.
Tomó después la palabra un miembro de la plataforma y residente en la comarca, Alberto Vela de la localidad de Arenales, para advertir de que el enfoque de un plebiscito circunscrito a Tomelloso resulta insuficiente. A su juicio, el proyecto “afecta a toda la comarca” y, en consecuencia, “tiene que ser toda la comarca la que se exprese”. Vela recalcó que los vecinos de Arenales de San Gregorio, «no entienden la falta de empatía del alcalde de Tomelloso», al asegurar que no se habría puesto en contacto con su consistorio pese a la cercanía del emplazamiento: “a escasos tres kilómetros”, remarcaron, subrayando que se sienten “especialmente afectados”.
En el tramo final, la plataforma a través de Eva Violero elevó el foco a un plano más amplio y lo enmarcó como un debate de fondo sobre salud pública, impacto ambiental y modelo de desarrollo. “No se trata de un debate partidista”, recalcó, que lo definió como “un problema muy serio” en el que “nos jugamos mucho nuestro futuro y el de nuestros pueblos vecinos”. Recordó, además, que en el pleno del miércoles 17 de diciembre el equipo de gobierno volvió a responsabilizar a la Junta, aunque aportó ejemplos de municipios próximos donde —según enumeró— sus alcaldes sí habrían actuado modificando normas urbanísticas o frenando proyectos.
Entre los casos mencionados, citó Socuéllamos (28 de mayo), donde el pleno habría aprobado una decisión para parar proyectos y prohibir instalaciones mediante cambios urbanísticos; Membrilla (16 de noviembre), en una línea similar; y Manzanares (21 de noviembre), donde se recordó una declaración tajante atribuida a su alcalde: “el equipo de gobierno no va a tramitar ninguna planta de biometano en el término municipal de Manzanares”. También se mencionaron declaraciones en medios sobre Alcázar de San Juan (12 de diciembre), además de referencias a Herencia y Torralba, donde —según la plataforma— se habrían producido rectificaciones durante el mismo mes de diciembre.
Con ese recorrido, la plataforma sostuvo que existen precedentes suficientes para afirmar que un ayuntamiento puede “blindarse” frente a este tipo de industrias, que calificó de “nocivas” para la salud y el medioambiente. Y cerró con un mensaje directo, apelando a la responsabilidad institucional: “¿A quién defiende el alcalde?”, planteó, contraponiendo “los intereses de una empresa especuladora” frente a “Tomelloso”. La exigencia final se concentró en un punto: cambiar las normas urbanísticas “para que defienda los intereses de los vecinos y de los tomelloseros” y evitar —en palabras textuales— que “Tomelloso” termine convertido en “un vertedero en medio de La Mancha”.
La Plataforma STOP Biometano Tomelloso reiteró que su posición prioriza transparencia, participación y seguridad jurídica urbanística, y mantuvo su reclamación central: moratoria, reforma normativa y distancias/limitaciones que impidan la implantación de macroplantas cerca de núcleos habitados.
