El vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado regional del PP, Santiago Lucas-Torres, ha advertido de que el Gobierno de Emiliano García-Page ha dejado pasar el tiempo pese a conocer desde el inicio de la legislatura los retos que afrontaba la planificación hidrológica y las consecuencias que pueden derivarse a partir de 2027 para los agricultores de la región.
Lucas-Torres ha señalado que Castilla-La Mancha se enfrenta a un escenario en el que la nueva planificación plantea reducciones de dotaciones, de superficie, extinción de derechos y transformación de regadíos en secano, mientras la región llega a este momento “sin auditoría hídrica propia, sin suficientes infraestructuras” y con un Pacto Regional por el Agua firmado por 43 entidades que se ha quedado “prácticamente en una fotografía”.
“No puede ser que después de años sin inversiones, la solución sea cerrar pozos; después de años sin infraestructuras, la solución sea reducir perímetros; y después de años sin alternativas, la solución sea quitar derechos”, ha afirmado, señalando que “la factura, siempre la paga el agricultor”.
En este sentido, ha puesto el foco en el Guadiana, donde el 31 de diciembre de 2027 marca una fecha clave. Así, ha recordado que existen alrededor de 4.500 explotaciones, más de 20.700 hectáreas y dotaciones de apenas 700 metros cúbicos por hectárea vinculadas al PEAG, además de 1.800 pozos prioritarios sin regularizar, pese a los compromisos de 250 millones de euros adquiridos por Emiliano García-Page y Hugo Morán.
También ha reclamado explicaciones sobre los 25,5 hectómetros cúbicos pendientes de los 40 previstos, después de haberse utilizado aproximadamente 14,5 hm³ del PEAG. “¿Dónde están? Porque aquí parece que el agua desaparece del papel antes de llegar al campo”, ha cuestionado.
UN RECORTE DEL 67 POR CIENTO EN EL SURESTE DE ALBACETE
Lucas-Torres ha trasladado su preocupación por la situación de los regantes del Segura en Albacete, donde ha señalado que en las ocho masas afectadas del sureste, además de parte de El Molar, se plantea pasar de 90,87 hm³ a 33,2 hm³, pese a que los contadores marcan más de 100 hm³. “Estamos hablando de un recorte del 67 por ciento. Dos terceras partes del agua”, ha señalado.
Según ha explicado, las consecuencias estimadas por las organizaciones agrarias como UPA alcanzan los 277 millones de euros anuales de pérdida de producción, más de 100 millones de margen neto, hasta 595 millones de impacto en el PIB y 626 millones de pérdida patrimonial para los agricultores de Albacete.
El portavoz popular ha puesto además como ejemplo el caso de Albatana, donde agricultores que han invertido y modernizado sus explotaciones se encuentran con parcelas que, según ha denunciado, quedan fuera de perímetro y con la amenaza de sanciones. “Eso no es seguridad jurídica. Eso es volver loco al regante y, sobre todo, arruinar pequeñas explotaciones de agricultores”, ha afirmado.
Respecto a la Mancha Oriental, ha apuntado que existen unos 320 hm³ de usos estimados frente a 274,8 hm³ de recurso disponible, así como 80 hm³ anuales previstos para la sustitución de bombeos que, según ha denunciado, la Confederación todavía no ha puesto a disposición de los agricultores pese a que el compromiso se remonta a hace veinte años.
“A los agricultores solo se les ha dicho: ponga usted goteo, digitalice, ahorre agua y, cuando termine de invertir, le reducimos la disponibilidad”, ha lamentado Lucas-Torres. “Eso no es eficiencia. No pueden convertir la modernización en una trampa. Eso es penalizar al que ha hecho los deberes”.
“EL AGUA COMPROMETIDA NO PUEDE QUEDARSE SOLO EN LOS PAPELES”
El diputado del PP de Castilla-La Mancha ha reclamado el cumplimiento de los recursos reconocidos a los municipios y cooperativas de la Manchuela conquense, que reclaman los 3 hm³ ya contemplados en el Plan Hidrológico, y ha puesto el foco en el Campo de Montiel y la presa de Montizón.
Lucas-Torres ha recordado que en 2014 se aprobaron 15 hm³, de los que 11 hm³ estaban destinados a regadíos sociales, junto con la construcción de la presa del Castillo de Montizón, entonces presupuestada en 20 millones de euros y con ejecución prevista entre 2016 y 2019.
Lucas-Torres ha incidido en que Castilla-La Mancha tiene “mucha agua comprometida”, pero que el problema es que demasiadas veces está comprometida “solo en los papeles”. En este sentido, ha criticado que el Gobierno regional haya presupuestado importantes cantidades en materia de agua pero, según ha señalado, haya ejecutado menos de la mitad.
El diputado ha reclamado actuaciones en el Canal Bajo del Alberche, donde ha señalado que existen cerca de 2.800 comuneros y más de 9.000 hectáreas, así como en Alcorlo-Beleña, una infraestructura sobre la que, ha denunciado, acumula “años de anuncios y años de compromisos”.
UNA AUDITORÍA HÍDRICA Y MÁS INFRAESTRUCTURAS
Lucas-Torres ha defendido la necesidad de que Castilla-La Mancha cuente con una auditoría hídrica regional, cuenca por cuenca, que permita conocer los recursos, derechos y demandas existentes, así como las infraestructuras necesarias para ofrecer alternativas reales al campo.
El parlamentario autonómico ha reclamado además actualizar el Pacto Regional del Agua, impulsar un Plan de Infraestructuras, resolver la situación de los pozos prioritarios y del PEAG y defender las necesidades de las distintas comarcas afectadas.
El dirigente ‘popular’ ha defendido trabajar para ampliar el horizonte hasta 2032, pero no para “ganar cinco años de titulares”, sino para ejecutar infraestructuras, reutilizar aguas residuales, recargar acuíferos y garantizar seguridad jurídica a los agricultores.
