La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de la administración en la crisis que se vive en Ceuta, con el fin de determinar si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión.
Una delegación del sindicato, encabezada por su presidente, Miguel Borra, se encuentra en Bruselas para mantener una ronda de contactos con funcionarios de la Comisión para abordar diferentes cuestiones de empleo y política social, así como la situación en Ceuta y el papel que juegan los servicios públicos en la gestión de la migración, el asilo y la integración.
En este contexto, la petición presentada al Parlamento analiza los hechos ocurridos en la ciudad autónoma entendiendo que el reglamento europeo no se está aplicando debidamente por la insuficiencia de recursos disponibles para garantizar, ante una situación de presión migratoria extraordinaria, el funcionamiento adecuado de las obligaciones de España.
CSIF considera que no se trata de una insuficiencia coyuntural de recursos, sino una deficiencia estructural y falta de planificación que implica el incumplimiento de nuestras obligaciones europeas respecto a la protección de las/os empleados públicos. Así, entendemos que se podrían haber vulnerado varios preceptos jurídicos como la Carta de Derechos Fundamentales sobre condiciones de trabajo, la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud, sobre Riesgos Biológicos y sobre Ordenación del tiempo de trabajo, entre otras.
También apuntamos a una posible vulneración de los reglamentos sobre el Códigos de Fronteras Schengen (“Art.15: los Estados miembros dispondrán de personal y medios adecuados y en número suficiente para ejercer el control de las fronteras exteriores”), sobre ‘Screening’ (vulneración del plazo de 3 días para concluir el triaje) o el Reglamento Frontex.
Entre las cuestiones que deben analizarse, en opinión de CSIF, se encuentran:
- Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.
- Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.
- Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.
- Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.
- Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.
- Coordinación entre administraciones.
- Utilización o no de mecanismos europeos.
IMPACTO CRÍTICO Y COLAPSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
El informe de CSIF advierte de que la degradación de los servicios constituye una vulneración de los estándares operativos de la Unión, exponiendo a las/os empleados públicos a condiciones de extrema precariedad:
-Sanidad: Sobrecarga extrema en la red hospitalaria y servicios forenses; carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y personas sin triaje médico inicial.
-Justicia: Incremento inasumible de la carga de trabajo. Se denuncia la falta de seguridad en los actos de comunicación fuera de la sede judicial, dejando a los funcionarios en situación de indefensión física, tal como CSIF reclamó formalmente el 22 de agosto.
– Prisiones: Incremento de la carga de trabajo. Se denuncia el incremento progresivo de la población reclusa que amenaza con desbordar la capacidad operativa del Centro Penitenciario y se solicita que se limite a un número de internos que garantiza la seguridad de trabajadores e internos, al tiempo que permita una correcta separación interior y el cumplimiento del mandato constitucional encomendado a la institución penitenciaria.
– Seguridad y Orden Público: El despliegue de la Unidad de Intervención Policial fue manifiestamente insuficiente, contando con apenas 180 efectivos totales (60 por turno) para una ciudad de 85.000 habitantes ante una entrada de 80.000 personas, una cifra inferior a la utilizada en eventos deportivos ordinarios.
– Educación: Sin planificación de refuerzos docentes ni adecuación de infraestructuras para garantizar la seguridad laboral.
– Emergencias y Centros de Menores: Personal de Salvamento Marítimo y Bomberos al límite del agotamiento psíquico tras rescates masivos en el Tarajal. Hacinamiento crítico en centros de menores que compromete la integridad física de las plantillas.
– Actuaciones administrativas objeto de queja: Durante la gestión operativa de este suceso por parte de las autoridades competentes, se adoptaron medidas y ejecutaron procedimientos administrativos que generan serias dudas sobre su conformidad con el derecho comunitario.
– Déficit dimensionamiento de la Relación de Puestos de Trabajo y cronificación de vacantes. Las Relación de Puestos de Trabajo y los catálogos de personal vigentes en Ceuta, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado/INGESA como de la ciudad autónoma, se encuentran desactualizados y deliberadamente infradimensionados. Éstas ignoran la realidad geoestratégica y de frontera de la plaza, manteniendo decenas de plaza dotadas presupuestariamente pero sistemáticamente vacantes sin convocar mediante procesos selectivos ordinarios. Recurriendo a una utilización abusiva de la temporalidad para cubrir déficits estructurales (Directiva 1999/70/CE).
