A partir del 1 de julio de este año, la Agencia Tributaria impulsará activamente el uso del sistema Verifactu, ya disponible en su entorno real, permitiendo a las empresas y autónomos comenzar a adaptarse voluntariamente al nuevo modelo fiscal. Aunque en esta fase la remisión de facturas sigue siendo voluntaria, esta herramienta se perfila como una pieza central del nuevo sistema, que será obligatorio en dos fases: a partir del 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y desde el 1 de julio de 2026 para el resto de obligados tributarios, como autónomos persona física o entidades en régimen de atribución de rentas.
Esta medida afectará a más de 7 millones de empresas y autónomos en España, que deberán adaptarse a un nuevo sistema en el que no será posible borrar ni modificar una factura una vez emitida y remitida a Hacienda. Esta característica representa un cambio profundo respecto a las prácticas habituales y exige que los programas de facturación permitan la transmisión automática y segura de la información.
Es importante destacar que Verifactu no sustituye al sistema de factura electrónica impulsado por la Ley Crea y Crece, sino que convivirá con él. Ambos sistemas forman parte de una estrategia complementaria que busca mejorar la transparencia fiscal y acelerar la digitalización de las pymes, conforme a lo establecido en la Ley Antifraude (2021) y reforzado por la Ley Crea y Crece (2022).
Los programas que no incluyan esta funcionalidad quedarán fuera del marco legal y deberán ser reemplazados.
La Ley Crea y Crece establece que será obligatorio emitir y recibir facturas electrónicas en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, incluyendo la información sobre la fecha de pago. Esta obligación se aplicará de forma progresiva tras la aprobación del reglamento técnico: primero a empresas que facturen más de 8 millones de euros (un año después del reglamento), luego al resto de empresas (dos años después), y finalmente a autónomos persona física (tres años después, exclusivamente para remitir información del estado de sus facturas).
Con este panorama de grandes cambios en el horizonte, el uso de software profesional para la gestión administrativa se erige como una herramienta esencial para adaptarse a la nueva normativa, pero también para ahorrar tiempo. En concreto, el 54% de las empresas que emplean herramientas de facturación han reportado este ahorro, destacando que el 30% ha notado un ‘ahorro moderado’ y el 24,1% un ‘ahorro considerable’.
“La facturación electrónica no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para que las pymes modernicen sus procesos y trabajen de manera más eficiente.
