El vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado regional del PP, Santiago Lucas-Torres, ha exigido al Gobierno de Emiliano García-Page la inmediata eliminación del Canon del Agua, un impuesto que es “una decisión política, recaudatoria e injusta” que “golpea directamente a las familias, a los autónomos, a las empresas y a los 919 ayuntamientos de la región”.
Así lo ha indicado durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, donde ha denunciado que el Canon “se disfraza de verde, de sostenible y de medioambiental”, pero en realidad “es un nuevo sablazo fiscal a los castellanomanchegos en el peor momento posible, con la inflación disparada y miles de familias luchando por llegar a fin de mes”.
“Nos dicen que Europa nos obliga, pero eso es falso, ya que la Directiva Marco del Agua se aprobó hace 25 años y ninguna comunidad vecina como Madrid o Murcia aplica un impuesto así. Ni Bruselas nos exige este canon ni Europa nos pide castigar a los municipios por las fugas en sus redes, por lo que no es Europa, es Page”, ha asegurado el dirigente ‘popular’.
UN IMPUESTO INJUSTO Y ANTISOCIAL
El diputado regional del PP ha subrayado que el Canon del Agua “no tiene nada de ecológico ni de justo”, ya que “establece una parte fija que representa más del 70 por ciento de la recaudación, lo que significa que una familia que consume poca agua paga prácticamente lo mismo que quien gasta el doble”.
“No incentiva el ahorro ni penaliza el despilfarro, simplemente castiga por existir”, ha afirmado Lucas-Torres, quien ha recordado que “en una región donde miles de familias viven con salarios precarios o pensiones mínimas, este impuesto es un golpe directo al bolsillo de los más vulnerables”.
Lucas-Torres ha alertado de que los ayuntamientos están siendo “víctimas de un auténtico expolio legalizado”, ya que “tienen que pagar por el agua que no usan, por la que pierden, por la que no cobran y hasta por recaudar un impuesto que no es suyo, algo que es asfixia municipal y una injusticia sin precedentes”.
Además, ha advertido que el reparto del 25 por ciento de lo recaudado “no será automático ni equitativo, sino según criterios políticos, lo que abre la puerta al clientelismo hidráulico”.
“Page ha convertido el agua en un impuesto, la gestión en un caos y la cooperación entre administraciones en un campo de batalla”, por lo que le ha exigido que “rectifique ya”, devolviendo el 100 por ciento de lo recaudado a los ayuntamientos antes de la llegada de Paco Núñez al Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando derogará este impuesto.
