Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado donde se ha solidarizado con la familia de la trabajadora fallecida en la explosión ocurrida en una planta de tratamiento de residuos sanitarios en Socuéllamos, propiedad de la empresa granadina Athisa. El siniestro, que se produjo el pasado 27 de octubre, se saldó con la muerte de una trabajadora y la hospitalización en estado crítico de dos trabajadores más.
«La planta en funcionamiento desde el 31 de marzo, había estado envuelta en controversia desde su apertura, debido a las protestas vecinales y los recursos presentados por una plataforma local. Los colectivos ciudadanos denunciaban la peligrosidad de la instalación, así como múltiples irregularidades administrativas, aunque las concesiones fueron finalmente aprobadas por la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Socuéllamos«, explican.
Actualmente afirman que «las autoridades se encuentran a la espera de los resultados preliminares de la investigación que determinen las causas de la deflagración del bidón que contenía formol, origen del fatal accidente. No obstante, desde distintos sectores sociales se apunta a una cadena de decisiones negligentes que habría permitido la puesta en marcha del proyecto, a pesar del rechazo mayoritario de la población local«.
El grupo ecologista ha aclarado que «el rechazo social se fundamentaba en los riesgos asociados al tratamiento de residuos hospitalarios infecciosos y sustancias tóxicas, en un entorno sin inspecciones suficientes, con personal sin formación en prevención y sin planes de emergencia o evacuación adecuados. Además, la ubicación de la planta —en un polígono industrial a menos de un kilómetro de viviendas habitadas— avivó la resistencia ciudadana desde el inicio».
Según la organización ecologista, la planta del Grupo Athisa habría operado de forma presuntamente ilegal desde el 9 de octubre, tras superar el plazo permitido en su fase experimental, amparándose en una exención contemplada en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Ecologistas en Acción denuncia la “apuesta irresponsable” del Gobierno de Emiliano García-Page por proyectos de instalaciones de residuos peligrosos, impulsados con inversiones millonarias de fondos públicos y gestionados por empresas privadas foráneas. La organización sostiene que se están simplificando los trámites ambientales hasta el límite de la legalidad, lo que refleja —según afirman— “una falta de escrúpulos y transparencia por parte de los poderes públicos”.
Ante la gravedad del suceso, Ecologistas en Acción solicita «la depuración de responsabilidades penales si se confirma que la empresa incurrió en infracciones graves o muy graves de la normativa de gestión de residuos biosanitarios, así como de la Ley 7/2022 y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. La organización también pide que se evalúe la posible responsabilidad institucional o incluso criminal de la Junta de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Socuéllamos, por no haber actuado con la debida diligencia en la concesión de permisos, licencias o inspecciones».
De confirmarse las irregularidades, el colectivo ecologista exige la clausura definitiva de la planta y la implementación de auditorías ambientales independientes para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población.
