Ayer se presentaba la Plataforma STOP Biometano Tomelloso, los asistentes pudieron escuchar una charla informativa que despertó un notable interés vecinal, Javier Moreno, especialista en medioambiente y temas sociales con raíces familiares en Tomelloso, expuso de forma detallada y didáctica los riesgos que, a su juicio, entraña la planta de biometano proyectada en el término municipal. Visiblemente emocionado por la respuesta del público, agradeció la asistencia y confesó que le conmueve ver “a tanta gente de Tomelloso que le preocupa realmente el futuro de Tomelloso”.
Moreno, que actualmente vive en un pequeño municipio del norte de Granada. explicó que su trayectoria profesional se sitúa “entre lo social y lo medioambiental”. Recordó una idea que pidió no perder de vista durante todo el debate: “la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza”, frase que se convirtió en uno de los ejes de su intervención.
El plan de biometanización y el contexto de las macrogranjas
En primer lugar, el ponente situó la planta de biometano de Tomelloso dentro del plan de biometanización impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha, un documento que -subrayó- sigue en exposición pública y sobre el que aún es posible presentar alegaciones. Ese plan contempla, según explicó, la construcción de entre 113 y 280 plantas de biometano distribuidas por distintas comarcas, de las cuales entre 10 y 20 podrían instalarse en el entorno de Tomelloso.
Moreno enlazó este escenario con la reciente moratoria de macrogranjas, que estuvo en vigor del 1 de febrero de 2022 al 31 de diciembre del mismo año y que ya ha caducado, dejando en suspenso el futuro de 61 proyectos de este tipo. Fue especialmente crítico con el discurso que presenta estas grandes instalaciones como motores de la economía local. Afirmó que, en muchos casos, detrás se encuentran grandes fondos de inversión cuya producción se orienta a la exportación -“especialmente a China”- más que al suministro de alimentos y energía para la ciudadanía.
Cómo funciona una planta de biometano y qué residuos genera
Buena parte de la charla se centró en explicar, con un lenguaje accesible, cómo funciona una planta de biometano. Moreno comparó el sistema con “un restaurante” en el que entra una mezcla de residuos: subproductos ganaderos y agrícolas e incluso cadáveres de animales transformados en harinas o mezclas específicas.
En grandes digestores, detalló, bacterias anaerobias degradan esa materia y generan un biogás compuesto principalmente por metano, dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua, entre otros gases. Tras un proceso de upgrading, ese biogás se convierte en biometano apto para ser inyectado en la red de gas natural.
Sin embargo, insistió en que “no todo se convierte en energía”: queda un residuo llamado digestato. Para ilustrarlo, mostró a los asistentes un pequeño recipiente con este material y les invitó, con humor, a comprobar por sí mismos “cómo huele” si se atrevían a acercarse.
Aunque comercialmente se presenta como fertilizante, Moreno recalcó que el digestato, tal y como sale de la planta, no es un producto final sano ni equilibrado desde el punto de vista agronómico: “para usarlo de manera sana y saludable sería necesario un tratamiento adicional”, explicó. Cuestionó también el relato según el cual estas instalaciones encajan de forma perfecta en la economía circular:
“Nos dicen que tenemos un residuo, lo metemos en la planta, sale un producto maravilloso y mejora todo el carbono… pero se olvidan de los camiones, del CO₂ que emiten y de que sigue quedando un residuo”, advirtió.
El modelo alemán, las fugas de metano y los riesgos tecnológicos
Moreno dedicó otro bloque a analizar el modelo alemán, país que a menudo se cita como referencia en materia de biogás. Recordó que Alemania lleva unas cuatro décadas experimentando con esta tecnología, inicialmente con pequeñas plantas en granjas que utilizaban sus propios residuos para generar energía y calor, apoyadas durante años por subvenciones públicas y un fuerte respaldo estatal.
En los últimos tiempos, según explicó, se ha producido un giro hacia instalaciones de mayor tamaño, similares a las que se pretenden impulsar en España. El propio Ministerio de Medio Ambiente alemán, subrayó, reconoce que estas plantas pueden ser foco de olores, contaminantes, ruido y accidentes, y admite que la normativa actual todavía no garantiza plenamente la protección del entorno ni de la población que vive cerca.
Moreno puso el acento en un dato especialmente preocupante: en torno al 5 % del metano producido podría estar escapando a la atmósfera sin control, según diversos estudios internacionales, entre ellos trabajos del Imperial College de Londres. De confirmarse estas cifras, advirtió, una tecnología presentada como aliada de la transición energética podría convertirse en un problema climático añadido, dado que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO₂ a corto plazo.
Ejemplos en España: el caso Noez–Casasbuenas y la normativa aplicable
El ponente quiso dejar claro que España no parte de cero en esta materia. Como ejemplo, citó la planta de biogás ubicada entre Noez y Casasbuenas (Toledo), puesta en marcha el pasado mes de agosto y todavía lejos de su máximo rendimiento, pero que ya ha provocado numerosas quejas vecinales por olores intensos, náuseas y dolores de cabeza, pese a encontrarse a unos dos kilómetros del casco urbano.
Moreno también cuestionó el papel de algunos expertos invitados a la zona por la propia empresa promotora: “han venido acompañados por la empresa y eso la ciudadanía tiene derecho a saberlo”, afirmó. Además, desmintió la idea de que en Tomelloso se vaya a aplicar automáticamente la normativa alemana sobre olores, subrayando con claridad que “aquí se aplica la normativa española, que no es lo mismo”.
Quién está detrás del proyecto: Ernest Investment y el grupo Azora
La charla dedicó un apartado específico a la empresa promotora del proyecto, Ernest Investment, a la que Moreno definió como “una pantalla del grupo Azora”. Se trata, indicó, de un gran fondo cuya actividad principal se centra en la gestión inmobiliaria y la inversión especulativa.
Según recordó, el modelo de negocio de este grupo se basa en invertir, construir, rentabilizar y vender activos, más que en gestionarlos a largo plazo. En ese marco, el fondo lanzó una llamada a inversores para captar alrededor de 750 millones de euros destinados a proyectos de renovables -especialmente plantas de biometano- con la idea de desarrollarlos y posteriormente desinvertir.
Antes de volcarse en el biometano, participaron en parques eólicos y plantas fotovoltaicas. “De siete parques eólicos que impulsaron, solo conservan uno; el resto ya los han vendido. Y de 17 plantas solares, solo les quedan siete”, detalló, para ilustrar que su perfil es el de desarrolladores que rotan activos, más que el de gestores operativos comprometidos con el territorio.
Moreno recordó también que el grupo ha sido objeto de sanciones y resoluciones judiciales en distintos frentes, incluyendo conflictos con el Ayuntamiento de Barcelona por mantener viviendas vacías y expedientes de la CNMV por cuestiones de transparencia. Subrayó que su intención no era demonizar, sino informar a los vecinos para que supieran con quién se están jugando el futuro del municipio.
Residuos, estiércol y cifras que no cuadran en Tomelloso
Entrando en el detalle local, Moreno se apoyó en el Inventario de Residuos de la Junta de Castilla-La Mancha de 2020, según el cual en Tomelloso se generan 52.478 toneladas de vinazas. Frente a esta cifra, señaló que tanto la empresa como algunas fuentes municipales han hablado de 113.500 toneladas, sin aportar -afirmó- una base documental clara que justifique ese número.
La planta proyectada requeriría aproximadamente 227.000 toneladas de materia prima, combinando vinazas y otros residuos. Incluso sumando todas las fuentes locales conocidas, el ponente estimó que seguirían faltando unas 166.000 toneladas que tendrían que importarse de fuera. Pese a ello, relató, se insiste en que la comarca dispone de “tres veces más residuos de los que la planta necesita”, algo que cuestionó abiertamente:
“Nos dicen que aquí tenemos tres veces más residuos, pero los datos oficiales dicen otra cosa”, subrayó.
Moreno recordó, además, que en Tomelloso y en las localidades cercanas operan desde hace años empresas que compran estiércol, lo tratan y lo venden a los agricultores. Si la planta irrumpe en ese mercado compitiendo por la misma materia prima, advirtió, se podrían producir dos escenarios: una subida notable del precio del estiércol o una reducción drástica de su disponibilidad para los agricultores locales.
El acuífero 23, los nitratos y el impacto sobre la agricultura y el turismo
Otro de los puntos más sensibles de su intervención fue la contaminación por nitratos. Moreno recordó que el acuífero 23 ya está declarado zona vulnerable y alertó de que el esparcimiento de digestato sobre el terreno, combinado con episodios de lluvia, podría agravar aún más la situación al filtrarse nitratos hacia el subsuelo.
Ese escenario, explicó, implicaría a medio plazo restricciones adicionales en la fertilización agrícola, un incremento de los costes para los municipios que dependen del acuífero para el suministro de agua potable y un posible deterioro de la calidad de las producciones agrarias de la comarca. En cultivos como el pistacho, donde el fruto permanece varios días abierto antes de la cosecha, la exposición a malos olores y emisiones podría afectar tanto a la percepción del producto como a la experiencia de enoturismo y turismo agroalimentario ligada al territorio.
Además, subrayó que la parcela donde se proyecta la planta se encuentra en una zona de paso de aves esteparias y grullas, en las proximidades del río Córcoles y de la carretera que une Tomelloso con Pedro Muñoz, añadiendo una dimensión extra de impacto sobre la biodiversidad.
Costes y beneficios: lo que gana y lo que pierde el municipio
En el plano económico, Moreno cuestionó que la planta vaya a traducirse en un gran beneficio para las arcas municipales. Recordó que el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) está exento durante los dos primeros años de actividad y que, posteriormente, la cuantía depende de la facturación, pero en otros municipios con instalaciones similares se mueve en cifras que, en algunos casos, apenas llegan a unos cientos de euros al año.
Se abona también el IBI rústico, con posibles bonificaciones y exenciones, pero -insistió- nadie asume los costes indirectos: pérdida de reputación de las denominaciones de origen, dificultades para el turismo rural, depreciación de las viviendas cercanas, costes futuros de descontaminación del agua o de gestión de instalaciones abandonadas.
Mostrando una imagen de la antigua depuradora de vinazas, situada a unos 500 metros del emplazamiento previsto para la planta, lanzó una pregunta directa al público:
“Con una empresa tan responsable y que nos da tanta seguridad, ¿qué va a pasar con la planta cuando dentro de 25 años acabe su vida útil o deje de ser rentable?”
Lo que puede hacer el Ayuntamiento y los ejemplos de otros municipios
Moreno insistió en que el proyecto sí se puede frenar si existe voluntad política. Explicó que el llamado “acuerdo social” que la empresa quiere que el Ayuntamiento apruebe en pleno no es un requisito legal imprescindible, sino una condición para que la planta sea declarada proyecto prioritario, lo que acortaría los plazos administrativos a menos de un año.
Aclaró que el alcalde podría haber firmado ese acuerdo sin pasar por el pleno, aunque valoró positivamente que se haya optado por un debate público. Recordó que las licencias urbanísticas dependen del Ayuntamiento y que, incluso en el caso de que se hubieran concedido, existe la posibilidad de modificar las normas urbanísticas para hacer incompatible ese tipo de uso con la instalación de una planta de biometano, como ya se está haciendo en otros puntos de España.
En este sentido, mencionó ejemplos de municipios que han dicho “no” a proyectos similares, como Villanueva del Arzobispo, La Encina, Socuéllamos, Campo de Criptana, Valdepeñas o Úbeda, así como el cambio normativo en Albacete para impedir la instalación de una planta junto a la ciudad. Todos ellos, dijo, demuestran que cuando hay voluntad de defender el territorio, existen herramientas legales para hacerlo.
Un mensaje final al alcalde y a la ciudadanía
En el tramo final de su intervención, Moreno quiso dejar claro que el movimiento ciudadano no va contra el Ayuntamiento ni contra ningún partido político:
“Nosotros no vamos contra el Ayuntamiento, ni contra ningún partido. Lo que intentamos es que el alcalde razone y que se dé cuenta de que, a lo mejor, esto bueno para el pueblo no va a ser”, afirmó.
El objetivo, subrayó, es aportar información, argumentos y datos para que la corporación municipal y la ciudadanía puedan formarse una opinión crítica sobre el proyecto de planta de biometano. Animó a aprovechar el periodo de exposición pública para presentar alegaciones y a continuar el debate desde el rigor, la participación y el cuidado por el futuro de Tomelloso.
La charla concluyó con la idea que sobrevoló toda la jornada y que muchos asistentes hicieron suya: “sin naturaleza no hay vida, y sin gente informada no hay futuro para los pueblos”.
