El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que con el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central la región estaría aún más infrafinanciada, y ha reiterado su rechazo al conculcar con los principios básicos que defiende la Comunidad Autónoma y que así se ha manifestado en el Parlamento autonómico en multitud de ocasiones.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha hecho estas afirmaciones durante su intervención en el debate general relativo a la quita de la deuda y la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que se ha celebrado este jueves en las Cortes regionales.
Durante su intervención, Ruiz Molina ha explicado el dato exacto en el que se basa su afirmación y que se extrae del informe que ha elaborado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) para calcular las implicaciones de la reforma propuesta por el Gobierno de la Nación, ya que, a fecha de hoy, desde el Ejecutivo autonómico no se disponen de datos precisos para conocer como se ha llegado a los resultados que se han hecho públicos en el documento presentado por el Ministerio.
En dicho informe, la entidad ha reflejado que Castilla-La Mancha no estaría en muy buen lugar respecto a la media, “incluso la empeoraba”, ya que pasaría del 95,1 por ciento al 94,5 por ciento, siendo peor en términos relativos que con el actual modelo. En este sentido, el consejero ha pedido al Gobierno central que “desmienta” este informe de FEDEA o bien que publiquen cual es la situación en la que nos quedamos las comunidades autónomas en términos de población ajustada de todas y cada una de las comunidades autónomas.
Y ha dejado claro que no es un rechazo a los 1.248 millones que recibiría la región, sino que es un rechazo a que con este modelo la financiación Castilla-La Mancha esté en términos relativos peor que con el actual modelo, porque no es que se quiera más que los demás, pero si lo justo.
Conculca los principios básicos de Castilla-La Mancha
En su alocución, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha indicado que la postura mantenida por el Gobierno de García-Page es coherente en el tiempo y ha explicado los principios básicos que esta propuesta vulnera. El primero al que se ha referido es que “no cumple con la multilateralidad”, en tanto en cuanto el modelo ha sido negociado “no ya con una comunidad autónoma, sino con un grupo político independentista que no tiene representación institucional en ninguna región”.
En segundo lugar, ha criticado el “principio de suficiencia del modelo” en entredicho para Castilla-La Mancha. En este caso ha señalado que, si la tarta es más grande porque el Gobierno central inyecta 21.000 millones de euros adicionales, hay que saber si el trozo que se ha repartido entre todas las comunidades autónomas es justo o es fruto de un “reparto caprichoso” para beneficiar expresamente a algún territorio.
Ruiz Molina también ha mostrado su preocupación ante la afirmación hecha por la ministra de Hacienda de que este modelo “tiende a la ordinalidad y que se cumplía para Cataluña”. Una ordinalidad, ha remarcado, que es una línea roja para el Gobierno regional, ya que significa que quien más tiene más recibe y que quien manifieste mayor capacidad tributaria, tienen derecho a un mayor volumen de financiación, y, por lo tanto, a prestar en mejores condiciones los servicios públicos de su competencia.
Una ordinalidad que es indefendible para el Ejecutivo autonómico porque es incompatible con la igualdad, la cual, ha dicho, es imprescindible para poder prestar los servicios públicos en las mismas condiciones de calidad, con independencia de la capacidad económica de los ciudadanos y del territorio en el que se resida.
Un modelo basado en la misma financiación por habitante ajustado
Por todo ello, Ruiz Molina ha vuelto a incidir en que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “defendemos un modelo basado en que todas las comunidades autónomas tengamos la misma financiación por habitante ajustado”, ya que, “si todos y todas obtenemos esa misma financiación por habitante ya no podemos hablar de orden a la hora de recibir recursos, y si podemos hablar de igualdad”; esto es, “anteponemos el interés de los castellanomanchegos y castellanomanchegas frente a cualquier interés partidista”.
En esta línea ha recordado al Partido Popular su nula preocupación para reformar el sistema de financiación que caducó en el año 2014, con gobiernos autonómico y central bajo su mandato y con mayoría absoluta; y se ha referido al poco trabajo que han realizado durante estos años, al no hacer aportaciones al cálculo de la población ajustada.
Y ha puesto en valor la defensa que el presidente Emiliano García-Page está haciendo de los intereses de la región “por encima de su propio partido”, manteniendo la coherencia en sus mensajes, “en beneficio de la región”.
En esta cuestión y ante la dificultad de alcanzar una solución inmediata, el consejero ha reiterado que desde el Gobierno regional “reclamamos la necesidad de aprobar un fondo transitorio de nivelación para corregir el desequilibrio que sufrimos las comunidades autónomas por el funcionamiento del actual sistema”.
Coherencia en la condonación de la deuda
En el desarrollo de su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha hablado de coherencia, no solo con la financiación autonómica, sino también con la mantenida con relación a la condonación de la deuda. En este sentido, ha indicado que “fuimos la primera comunidad autónoma en plantear la condonación de la deuda en 2017”, cuando gobernaba el señor Rajoy y el Partido Popular en España; una propuesta que planteada y negociada con el actual Gobierno central “nos ha satisfecho”, porque, por un lado, incluye la infrafinanciación como uno de los criterios fundamentales para cuantificar la condonación de la deuda en cada comunidad autónoma.
Y por otro, por los resultados que arroja, según los cuales, somos la comunidad a la que mayor deuda se le va a condonar por habitante, 2.319 euros frente a 1.874; a la región se le condonaría el 30,5 por ciento de su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), muy por encima de la reducción media que experimentaría el conjunto de los territorios autonómicos del 26,7 por ciento y supondrá un ahorro estimado de 760 millones. Por ello, el consejero ha pedido al PP que recapacite y permita la aprobación en el Congreso de la ley que va a facilitar esta condonación, ya que su rechazo supondría “rechazar que te condonen el 30 por ciento de tu hipoteca”.
En definitiva, y así ha concluido su intervención en el Parlamento autonómico, “la defensa de los intereses de la región es lo que nos mueve, con coherencia y con independencia del color político del Gobierno de España que haya en cada momento”.
