PROSVIDA reclama una mayor inversión en ciencia y la garantía de un acceso equitativo a los cribados poblacionales. Para la organización, estas dos palancas serán determinantes para que, en los próximos años, el cáncer deje de ser una enfermedad letal y pase a convertirse, en muchos casos, en una condición crónica o incluso totalmente superable.
La entidad recuerda que España ha sido capaz de actuar con rapidez cuando un problema se identifica como urgente y prevenible. Entre 2018 y 2021, una media de 18 a 22 personas falleció anualmente en España por atropellos tras bajar de su vehículo para colocar los triángulos de emergencia en vías rápidas. En años posteriores, la cifra ascendió a 58 víctimas, sumando entre 300 y 350 fallecidos desde 2018. Esta “alta siniestralidad” llevó a la Dirección General de Tráfico (DGT) a eliminar la obligatoriedad de los triángulos y a promover la señal V16, con el objetivo de evitar que los conductores caminen por la calzada.
A juicio de PROSVIDA, más allá del coste de las campañas informativas, esta transición está suponiendo un coste para los españoles superior a los mil millones de euros. En términos simplificados, la organización estima que la inversión realizada para prevenir estas muertes ronda los tres millones de euros por cada fallecido. La asociación añade que, si la medida resulta efectiva y se alcanza el objetivo de “cero atropellos” gracias a las balizas, el ahorro estimado en los próximos ocho años se situaría en torno a los 700 millones de euros.
Frente a ese ejemplo de reacción institucional, PROSVIDA advierte de una realidad que no admite demora: desde 2018, la mortalidad por cáncer en España mantiene una tendencia ascendente, superando las 115.000 muertes anuales, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). La organización subraya que tumores como los de pulmón, colon, mama y próstata figuran entre los más letales, acumulando cerca de un millón de fallecimientos desde 2018.
En este contexto, PROSVIDA pone el foco en la brecha presupuestaria: en el mismo periodo, el Gobierno ha destinado unos 994 millones de euros a investigación e innovación contra el cáncer, lo que supone una inversión media de apenas un euro por cada persona fallecida en ese intervalo de ocho años. Para la asociación, esta proporción evidencia que el esfuerzo actual no se corresponde con el impacto real de la enfermedad.
La organización recuerda, además, que el cáncer no es solo una emergencia sanitaria: es también un desafío económico de primer orden. El impacto económico del cáncer en España supera los 19.300 millones de euros anuales (un 1,6% del PIB) al sumar gastos sanitarios, pérdida de productividad y costes familiares. De mantenerse estas magnitudes, PROSVIDA estima que el impacto total desde 2018 asciende a unos 154.400 millones de euros.
PROSVIDA considera que las cifras resultan sobrecogedoras: cada día mueren en España por cáncer tantas personas como las que han fallecido atropelladas en los últimos ocho años por colocar los triángulos de emergencia, con un orden de magnitud de 300–350 muertes diarias frente a 350 acumuladas en casi una década.
Aun así, la entidad reconoce señales de avance. En España se estima que actualmente hay más de 2 millones de supervivientes de cáncer, reflejo de una tendencia positiva impulsada por la detección precoz y los tratamientos personalizados, que permite anticipar que la supervivencia media continúe aumentando en 2026. Sin embargo, PROSVIDA alerta de que la incidencia no se detiene: con una previsión de 296.103 nuevos diagnósticos en 2025 y cifras similares estimadas para 2026, el sistema debe prepararse con planificación, recursos y equidad territorial.
La asociación comparte el objetivo planteado por organizaciones de referencia como SEOM: implementar mejoras en investigación y asistencia para lograr que, en 2030, la tasa de supervivencia global alcance el 70%.
Por todo ello, PROSVIDA hace un llamamiento a las administraciones públicas, a los agentes sociales y a la ciudadanía para situar la lucha contra el cáncer al nivel de prioridad que merece: más inversión en ciencia, igualdad real en el acceso a cribados poblacionales y un compromiso sostenido con la prevención, el diagnóstico precoz y la innovación terapéutica.
