El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, en rueda de prensa previa al tradicional Cocido de la cuesta de enero, ha situado el momento político y social como un escenario de “tensión” y “crispación” creciente, en el que el sindicato pretende pasar “de las respuestas a la acción”.
En su análisis, Ortega ha puesto el foco en el contexto nacional y en el avance de los populismos reaccionarios y de la extrema derecha, un fenómeno que —según ha trasladado— ha agravado el enfrentamiento político en España. Ha recordado que, desde el día siguiente a las elecciones anticipadas de junio de 2023, la derecha “vino atacando al Gobierno de coalición en todos los frentes”.
Legislatura en el aire y agenda social pendiente
Ortega ha señalado que la continuidad de la legislatura está hoy “en entredicho”. Ha subrayado que Pedro Sánchez ha reiterado que pretende agotar el mandato, pero ha advertido de que el objetivo no debería ser simplemente «resistir por resistir y aguantar a cualquier precio», ha venido a resumir el planteamiento expuesto durante la comparecencia.
En ese punto, el líder sindical ha defendido que lo prioritario es impulsar políticas útiles y progresistas para la mayoría social, y ha asegurado que el contexto económico lo permite, incluso con presupuestos prorrogados. En su intervención ha mencionado el papel de los fondos europeos aún por ejecutar y una recaudación que, según ha indicado, permite mantener el nivel de gasto. “Hay margen, claro que lo hay, para seguir avanzando”, ha insistido.
SMI, permisos y leyes clave: “Hay decenas de proyectos esperando”
Dentro de esa agenda social, Ortega ha puesto ejemplos concretos, empezando por el salario mínimo interprofesional y la posibilidad de un acuerdo inminente. También ha interpelado a la CEE para apoyar una propuesta alineada con la recomendación de expertos, de forma que el SMI alcance el 60% del salario medio.
Además, ha defendido la aprobación de un nuevo permiso de fallecimiento ampliado a 10 días, y ha criticado que existan “decenas de proyectos de ley esperando la tramitación”, condicionados por la aritmética parlamentaria. Entre los asuntos citados, ha destacado el proyecto de ley de industria, al que ha atribuido especial relevancia para Castilla-La Mancha, así como la reforma del sistema de dependencia. Por encima de todo, ha situado la necesidad de sacar adelante la ley de Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023.
Castilla-La Mancha: estabilidad autonómica y avisos ante el ciclo electoral
Ortega ha diferenciado el clima regional del nacional, al remarcar que en Castilla-La Mancha el gobierno autonómico cuenta con mayoría absoluta y una estabilidad que permite aplicar políticas con mayor continuidad, especialmente cuando se trabaja con los agentes sociales.
También ha aludido al presidente regional, Emiliano García-Page —a quien ha señalado como una figura que se ha desmarcado en varias ocasiones de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez—, y ha advertido sobre cómo el ciclo electoral autonómico puede verse arrastrado por dinámicas nacionales. Ha puesto ejemplos recientes y proyecciones en otras comunidades para introducir una pregunta que, a su juicio, el Partido Popular debe responder: si asumirá el discurso y las políticas de la ultraderecha allí donde necesite pactos. Ortega ha sido claro al sostener que muchas de esas medidas “van en contra de la mayoría social”.
En ese contexto, ha lanzado un mensaje contundente: “Comisiones obreras no vamos a permitir que se den ni un paso atrás ni en derechos, ni en libertades, ni en conquistas laborales o sociales en Castilla-La Mancha.”
Financiación autonómica y “armonización fiscal”
Otro bloque de la comparecencia se ha centrado en la financiación autonómica, un punto de fricción reciente entre el Gobierno central y el autonómico. Ortega ha defendido que Castilla-La Mancha necesita una financiación “suficiente”, ajustada a parámetros como la despoblación y el envejecimiento, por el coste real de prestar servicios públicos en un territorio extenso y con baja densidad de población.
En materia fiscal, ha trasladado la posición del sindicato a favor de una armonización fiscal para evitar “competencia” o “dumping” entre comunidades, citando como ejemplo la Comunidad de Madrid, y ha insistido en la corresponsabilidad de las administraciones para que no se deterioren los servicios públicos.
