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martes, febrero 3, 2026
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CSIF lamenta que los servicios públicos pierden más de 2.700 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha

CSIF lamenta el aumento del paro en el primer mes del año, sobre todo representado por la pérdida de empleo femenino. La Central Sindical vuelve a reclamar la devolución de los casi 51,7 millones de euros percibidos por CCOO y UGT para destinar esta cantidad al refuerzo de los servicios públicos y la protección de los colectivos más vulnerables

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta el incremento de 2.715 parados en Castilla-La Mancha en el mes de enero, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 119.523 personas, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, truncando así seis meses consecutivos de creación de empleo en la región.

El habitual mal inicio del año en el mercado laboral por la finalización de la campaña de Navidad se ha cebado con el paro femenino, que ha aumentado en 2.242 mujeres hasta alcanzar las 77.966 desempleadas (46.845 de ellas mayores de 45 años), lo que supone el 65,2% de todo el paro registrado en la región.

A pesar del buen dato interanual, con 10.838 parados menos, las mujeres siguen siendo mayoría en la contratación temporal (59,2%) y entre los fijos discontinuos (55,4%), mientras que el porcentaje baja al 42,2% en la contratación indefinida.

A ello se suma la destrucción de empleo público, con 2.726 afiliados menos a la Seguridad Social: 1.634 cotizantes menos en las administraciones públicas y defensa, 574 en educación y 518 en actividades sanitarias y servicios sociales. Es llamativo el descenso en el ámbito sanitario justo cuando la región ha registrado episodios de colapso en hospitales y la Atención Primaria es incapaz de asumir toda la demanda asistencial.

Por último, CSIF insiste una vez más en la devolución de las subvenciones que otorga el Gobierno regional a CCOO y UGT (casi 51,7 millones de euros desde 2014) para acabar con los recortes que permanecen en los servicios públicos de Castilla-La Mancha, proteger a los colectivos más vulnerables y atajar las desigualdades del mercado laboral.

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