En este último trimestre del curso escolar se concentran numerosos viajes educativos de final de curso, así como actividades vinculadas a programas europeos, en los que el profesorado participa de manera activa sin contar con un respaldo normativo claro ni con reconocimiento económico o administrativo alguno.
El sindicato ANPE denuncia que, en estas actividades, los docentes asumen una responsabilidad permanente —las 24 horas del día— sobre el alumnado, sin compensación económica, sin reducción de carga lectiva y sin una cobertura jurídica suficientemente definida. Esta situación genera una evidente inseguridad y supone una sobrecarga profesional que la Administración educativa no puede seguir ignorando.
Por todo ello, ANPE exige a la Consejería de Educación la adopción urgente de medidas que reconozcan y regulen adecuadamente la participación del profesorado en los viajes educativos. En este sentido, resulta imprescindible establecer una retribución específica para estas actividades, considerándose como servicios extraordinarios, así como articular mecanismos de compensación mediante la reducción de carga lectiva o la concesión de días de libre disposición que reconozcan la dedicación continuada del profesorado durante estos desplazamientos.
Asimismo, ANPE reclama un refuerzo de la protección jurídica del profesorado, garantizando asistencia legal y una clara delimitación de sus responsabilidades, junto con la implantación de seguros específicos que cubran tanto la responsabilidad civil docente como cualquier incidencia que pueda afectar al alumnado o al propio profesorado acompañante.
Del mismo modo, se hace necesaria la elaboración de protocolos claros y unificados que regulen la organización de los viajes educativos y definan procedimientos de actuación ante posibles emergencias. En esta línea, también resulta fundamental reforzar al personal participante, contemplando la incorporación de personal de enfermería o de apoyo en aquellos viajes de mayor complejidad o volumen de alumnado.
Igualmente, ANPE insiste en la necesidad de garantizar el carácter plenamente voluntario de la participación del profesorado en estas actividades, evitando cualquier tipo de presión organizativa, así como en la implantación de formación específica en ámbitos como primeros auxilios, gestión de emergencias y responsabilidad legal.
Por último, el sindicato considera imprescindible que estas actividades tengan un reconocimiento profesional real dentro de la carrera docente, siendo valoradas como mérito en los procesos de movilidad, y que se abra una mesa de negociación que permita revisar en profundidad el modelo actual de viajes educativos, y establecer un marco normativo seguro, justo y adecuado.
