La Asamblea de Izquierda Unida de Tomelloso quiere dar la voz de alarma ante los numerosos testimonios recibidos por parte de personas migrantes que, en su intento de regularizar su situación, aseguran estar encontrando trabas en el Ayuntamiento de la localidad.
Según explica la formación política, varios vecinos y vecinas migrantes han trasladado que están teniendo dificultades para obtener el certificado de vulnerabilidad a través del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento. IU señala que este documento resulta fundamental para avanzar en determinados procesos de regularización y para poder acceder posteriormente a derechos básicos.
La organización recuerda que el área de Servicios Sociales está gestionada por Vox, dentro del pacto de gobierno alcanzado con el Partido Popular en Tomelloso. En este sentido, IU considera especialmente preocupante esta situación, teniendo en cuenta que hace unas semanas PP y Vox aprobaron una moción contra la regularización de personas migrantes.
Verónica Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en Tomelloso, ha señalado que aquella moción fue “una auténtica vergüenza para la localidad”, al considerar que estaba “cargada de odio, bulos y mentiras”. Sánchez añade que, con esa postura, el equipo de gobierno demostró estar alejado de la mayoría social de Tomelloso, una ciudadanía que, según la formación, “para nada es racista”.
Desde IU aseguran que numerosas personas migrantes han denunciado que desde el Ayuntamiento se les dificulta o incluso se les imposibilita la obtención de estos certificados. Además, la formación política afirma que en algunos casos estas personas son derivadas a sedes sindicales, lo que estaría provocando largas colas y una sobresaturación en estas organizaciones colaboradoras.
Izquierda Unida también indica que algunas organizaciones sindicales ya han denunciado estas prácticas, al considerar que el Ayuntamiento no está asumiendo correctamente su responsabilidad en la tramitación y atención a estas personas.
Por todo ello, Izquierda Unida de Tomelloso exige al equipo de gobierno que facilite y ayude a las personas migrantes en la obtención de los certificados necesarios para regularizar su situación. La formación defiende que, una vez regularizadas, estas personas deben poder acceder a los derechos que les corresponden como vecinas y vecinos de la localidad.
