El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado a las plataformas ‘Stop Biometano’ el borrador del futuro Decreto regional de Biometano invitándolas a “alegar las consideraciones que crean oportunas cuando está nueva normativa salga a participación pública”.
Así lo ha recalcado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quién ha puesto en valor el “dialogo abierto” del Ejecutivo de García-Page, tras la reunión que ha mantenido en la Consejería para trasladar en primera persona a los representantes de las plataformas las novedades del nuevo Decreto en el que trabaja la administración “y conocer cuáles son sus inquietudes”.
En este contexto, ha informado que el periodo de consulta pública está abierto desde este pasado lunes 22 de junio hasta el 3 de julio; y que a continuación, le seguirá la fase de información pública, “en la que tanto las plataformas, como los promotores de proyectos de biometano, ayuntamientos y público en general, van a disponer de 45 días naturales para presentar sus aportaciones”.
La normativa más garantista de Europa
“Este Decreto va a recoger la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha con la normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de Biometano en la comunidad autónoma”, ha dicho Gómez
Esto incluye medidas como otorgar poder de decisión a los ayuntamientos antes de iniciar las tramitaciones, para que “las puedan llevar a sus plenos los proyectos y someter a votación”; establecer que las plantas “tienen que estar mínimo a dos km de los centros urbanos”; o que el “80 por ciento de los residuos que traten procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetros”.
En definitiva, se trata de una serie de normas regulatorias “que van a garantizar mediante medidas de obligado cumplimiento cero olores y tratamiento hermético de los residuos, como, por ejemplo, que las balsas tengan que ser cerradas, o que no se puedan transportar por los núcleos urbanos”, ha dicho.
La consejera ha finalizado explicando que la obligatoriedad que todos los proyectos se tengan que adaptar al cien por cien a la normativa recogida en el Decreto, “para lo que contarán con un plazo de entre 12 y 14 meses para acometer las transformaciones que pudieran ser necesarias”.
Gómez ha estado acompañada en la reunión por los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García; y por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.
