La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial ha informado de la reunión mantenida el pasado 25 de junio con la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, en la sede de la Consejería en Toledo, tras las distintas solicitudes realizadas por colectivos vecinales que se oponen al actual modelo de despliegue del biometano en la región.
Según la Coordinadora, en el encuentro participaron también los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García, respectivamente, así como la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro. Por parte de los colectivos vecinales acudieron representantes de Stop Ganadería Industrial y de las plataformas de Huelves, Socuéllamos, Torralba de Calatrava, Villa de Don Fadrique y Pueblos Vivos Cuenca.
El Plan regional de Biometanización queda atrás
La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial ha recordado que el Plan regional de Biometanización recibió más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares. Según los colectivos, la Junta respondió a todas ellas mediante un documento único en el que rechazaba las aportaciones recibidas y evitaba intervenir en cuestiones clave como las distancias de procedencia de los sustratos, el tamaño de las plantas o el destino final del digestato, salvo en algunos casos concretos.
Además, según la Coordinadora, el planteamiento del plan reducía el poder de decisión de los ayuntamientos a la emisión de un informe no vinculante, dejando en manos de las empresas promotoras buena parte de las decisiones fundamentales.
Durante la reunión, según han trasladado los colectivos asistentes, la consejera afirmó que, tras la moción del grupo socialista aprobada por las Cortes regionales, el Plan regional de Biometanización “es pasado y ya no se va a hablar de él”. También indicó que, en cumplimiento del mandato de las Cortes, se ha preparado un decreto que ya había salido a consultas previas recientemente.
Las medidas anunciadas en el nuevo decreto
Según la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, la consejera adelantó que el nuevo decreto incluiría avances relevantes respecto al plan anterior. Entre ellos, el reconocimiento del poder de decisión de los ayuntamientos para aceptar o rechazar la instalación de este tipo de plantas, de modo que una negativa municipal supondría el archivo inmediato del expediente.
También se habría planteado limitar a 35 kilómetros la distancia de procedencia de los sustratos, establecer una distancia mínima de dos kilómetros sin excepciones respecto a los núcleos de población, suspender la tramitación de todas las plantas hasta la aprobación del decreto y obligar a la publicación diaria de parámetros relacionados con el funcionamiento de las instalaciones.
Asimismo, según los colectivos, el decreto contemplaría la obligación de incluir instalaciones de tratamiento de las distintas fases del digestato, el cubrimiento de balsas, la incorporación de sistemas de monitorización y control de olores, así como la presentación de un plan de gestión del digestato.
Contradicciones señaladas por los colectivos
A pesar de estos avances, la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial ha advertido de varias contradicciones. Según las organizaciones presentes en la reunión, aunque la Consejería habla de paralización, se ha iniciado la tramitación de dos macroplantas de biometano en Villarrobledo y otra en Los Yébenes, se habría aprobado la de Gálvez y Talavera, y se estaría elaborando la resolución de la macroplanta de Consuegra, según se puede consultar en la web de la Junta de expedientes bajo evaluación ambiental.
La Coordinadora también considera contradictorio que, mientras se anuncia un decreto más restrictivo sobre biometano, se prepare al mismo tiempo una Ley de inversiones estratégicas que, según los colectivos, impulsa este tipo de instalaciones.
Además, las organizaciones han señalado que la consejera reconoció la necesidad de reducir los residuos orgánicos, pero, según ellas, no manifestó intención de limitar el crecimiento de la ganadería industrial. La Coordinadora recuerda que, según las cifras manejadas por la propia Consejería, este sector genera alrededor del 70% de los residuos orgánicos totales.
Según los colectivos asistentes, Mercedes Gómez defendió que el sector agroganadero intensivo aporta una parte del PIB demasiado importante como para limitarlo. Desde la Consejería, según la Coordinadora, se sigue insistiendo en la necesidad de tratar las 15 millones de toneladas de residuos que, de acuerdo con su departamento, genera Castilla-La Mancha, así como en el uso de la tecnología del biometano para hacerlo.
Críticas al modelo de macroplantas
La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial ha expresado también su preocupación porque, según sostiene, buena parte de esos residuos son purines, que no serían realmente eficientes para esta tecnología.
Las organizaciones presentes afirmaron que la consejera continúa atribuyendo el origen de la contaminación por nitratos principalmente a la agricultura, “librando de cualquier culpa a la ganadería industrial”, y, según ellas, dejando de lado estudios multiisotópicos de la propia Consejería y sentencias judiciales como la que acreditó la contaminación del agua de Torrejoncillo del Rey.
Asimismo, los colectivos consideran que la Consejería no se plantea otro modelo posible de plantas de biometano más orientado al uso en el lugar de producción de los residuos, es decir, al autoconsumo, y que sigue apostando por macroplantas conectadas a la red de gas.
Un decreto con avances, pero todavía mejorable
La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial y las plataformas asistentes a la reunión consideran que el nuevo decreto contiene avances respecto al extinto Plan regional de Biometanización, aunque insisten en que todavía es “manifiestamente mejorable”.
Según la Coordinadora, el encuentro permitió abrir un compromiso de diálogo sobre el futuro del biometano en Castilla-La Mancha. No obstante, las organizaciones esperan que dicho compromiso no quede “en papel mojado” y reclaman que las nuevas normas garanticen una protección real para los municipios, la salud pública, el medio ambiente y el mundo rural frente al despliegue de macroplantas.
