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La Plataforma de Representantes traslada al Comisionado de Accesibilidad propuestas para una Ley de Accesibilidad Universal más inclusiva

Las personas con discapacidad intelectual reclaman más accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos de la vida.

La Plataforma de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Plena inclusión Castilla-La Mancha ha mantenido hoy un encuentro con el Comisionado de Accesibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, para trasladarle sus propuestas de cara a la futura Ley de Accesibilidad Universal.

En la reunión han participado Jesús Castellanos, presidente de la Plataforma y representante de Apanas; María Pérez, secretaria y representante de Las Encinas; Verónica Pavón, integrante de la Plataforma y representante de Down Toledo; y el director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado.

La Plataforma representa a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de las 65 entidades de Plena inclusión Castilla-La Mancha, dando voz a cerca de 10.000 personas. Durante el encuentro, sus representantes han reivindicado el principio que guía su trabajo: «Nada sobre nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros», reclamando que las personas con discapacidad participen en las decisiones que afectan a sus vidas.

Entre las principales propuestas trasladadas al Comisionado figura que toda la información y los trámites de la Administración regional sean fáciles de entender mediante lectura fácil y otros recursos de accesibilidad cognitiva. También han reclamado que esta sea obligatoria en las obras públicas y en todos los espacios y servicios de titularidad pública.

La Plataforma ha pedido además que la accesibilidad cognitiva llegue a ámbitos esenciales como las elecciones, el empleo público, la sanidad, la educación, el transporte, la cultura, el ocio y la red de bibliotecas, garantizando información y procedimientos comprensibles para todas las personas.

Entre las medidas planteadas destacan la creación de la figura profesional del validador o validadora de accesibilidad cognitiva, para que sean las propias personas con dificultades de comprensión quienes evalúen documentos, servicios y entornos, así como la puesta en marcha de una Oficina Pública de Accesibilidad Cognitiva, que impulse la adaptación de la información y la formación del personal de las administraciones.

La Plataforma ha valorado positivamente la creación de la figura del Comisionado de Accesibilidad y ha ofrecido la colaboración del equipo Entorno Fácil de Plena inclusión Castilla-La Mancha para seguir avanzando hacia una comunidad más inclusiva.

La reforma estatal, una oportunidad para Castilla-La Mancha

Además de trasladar estas propuestas, el encuentro ha servido para analizar el alcance de la reciente aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y las oportunidades que abre para avanzar en un nuevo modelo de apoyos.

En este sentido, el director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, ha destacado que la reforma consolida un modelo basado en los apoyos personalizados, el respeto a la voluntad y las preferencias de cada persona y el derecho a desarrollar un proyecto de vida en comunidad.

No obstante, ha advertido de que «el verdadero reto comienza ahora» y ha reclamado que Castilla-La Mancha sea una de las primeras comunidades autónomas en desarrollar este nuevo modelo mediante una planificación adecuada, financiación suficiente y la adaptación de la normativa y los procedimientos.

Asimismo, ha subrayado que la futura Ley de Accesibilidad Universal constituye una oportunidad para hacer efectivos esos nuevos derechos. «Los nuevos derechos solo serán reales si las personas pueden comprenderlos y ejercerlos. No puede hablarse de apoyos personalizados ni de autodeterminación si las personas no entienden la información con la que tienen que tomar decisiones sobre su propia vida», ha afirmado.

Por ello, Plena inclusión Castilla-La Mancha ha reiterado su disposición a colaborar con el Gobierno regional para impulsar medidas que conviertan la accesibilidad cognitiva en un eje transversal de las políticas públicas, siempre con la participación activa de las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

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