“Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del Partido Popular y Ayuso». Este mensaje del director del IES Villarejo de Salvanés muestra cómo algunos directores, no pocos, actúan como terminales del poder político puestos allí para ser activistas ideológicos y partidistas llegado el momento.
La escuela debe ser un espacio de conocimiento, convivencia y pensamiento crítico, no un instrumento al servicio de ninguna ideología. Por eso, cuando una comunicación relacionada con una huelga estudiantil utiliza expresiones como «convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del Partido Popular y Ayuso», resulta legítimo preguntarse dónde termina la información y dónde comienza el adoctrinamiento político. Los directores de los centros educativos tienen una responsabilidad especial, su función es garantizar el respeto, la pluralidad y la libertad de pensamiento de toda la comunidad educativa, no transmitir sus preferencias políticas ni convertir el centro en una plataforma de confrontación partidista. Informar de una convocatoria de huelga es una cosa; difundir consignas políticas como si fueran el mensaje institucional del centro es otra muy distinta.
Los alumnos tienen derecho a protestar, defender sus ideas y cuestionar las decisiones de los gobernantes; pero también tienen derecho a recibir una educación que les enseñe a pensar por sí mismos, a contrastar opiniones y a respetar a quienes piensan diferente. La libertad de expresión no debería convertirse en una excusa para presentar una determinada visión política como la única moralmente aceptable. La cuestión, por tanto, no es estar a favor o en contra de una huelga, ni defender a un partido u otro. La cuestión es si quienes dirigen nuestros centros educativos están ejerciendo su responsabilidad con neutralidad institucional y respeto a la diversidad ideológica de las familias y los estudiantes. La escuela debe enseñar a pensar, no decirles a los alumnos qué deben pensar. Y esa responsabilidad exige que los equipos directivos sean especialmente cuidadosos con los mensajes que transmiten y con las palabras que deciden hacer suyas. Porque educar en libertad significa precisamente eso: formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, incluso cuando sus conclusiones no coinciden con las de sus profesores, sus directores o quienes gobiernan.
Tristemente la educación vuelve a ser usada como arma electoral. La huelga indefinida de educación en Madrid y las movilizaciones y protestas que vendrán a continuación en toda España son un ensayo preventivo de cara al 29 de noviembre. Es una demostración de fuerza ante un posible gobierno PP-Vox que poco o nada ayudará a solucionar los verdaderos problemas de nuestro maltrecho modelo educativo. La educación no necesita ni propaganda ni trincheras, necesita soluciones.
Si las aulas están saturadas, si faltan profesionales de apoyo, si los docentes soportan una carga burocrática excesiva o si existen deficiencias en las instalaciones, esos problemas deben abordarse con independencia de quién gobierne o de quién vaya a gobernar. Y si se considera que determinadas políticas perjudican a la enseñanza pública, lo razonable es señalar cuáles son, aportar datos y explicar sus consecuencias. Invocar el miedo a un futuro Gobierno no sustituye ese trabajo.
El verdadero problema es que llevamos demasiado tiempo convirtiendo la educación en una sucesión de reformas, contrarreformas, promesas y enfrentamientos ideológicos. Cada cambio de ciclo político parece traer una nueva batalla sobre los contenidos, la organización escolar, la financiación o el papel de las distintas redes educativas. Mientras tanto, cuestiones fundamentales como el alto grado de ideologización y adoctrinamiento, la baja comprensión lectora, la asfixia burocrática, los bajos niveles de expresión escrita, de caligrafía, de ortografía, de calculo mental y memorización, el alto grado de absentismo y abandono escolar, la falta de formación docente útil, el uso perverso de las lenguas cooficiales, la necesidad de recuperar el modelo y cultura del esfuerzo, el mérito, la disciplina, la perseverancia, la responsabiliad quedan olvidadas.
Cuando la enseñanza se convierte en un instrumento de confrontación electoral y partidista, los estudiantes, las familias y los docentes corren el riesgo de quedar relegados a un segundo plano. La educación debe ser una prioridad permanente, no una preocupación que se activa cuando hay elecciones, manifestaciones multitudinarias o posibilidades de cambio de Gobierno. El profesorado necesita condiciones dignas; el alumnado, atención y oportunidades; las familias, confianza y transparencia; y la sociedad, un sistema capaz de preparar a las nuevas generaciones. Para lograrlo hacen falta acuerdos duraderos, financiación suficiente, evaluación independiente y voluntad de corregir errores. También hace falta abandonar la costumbre de presentar cada conflicto como una batalla definitiva entre dos bloques irreconciliables.
Las huelgas deberían servir para examinar las condiciones reales de la enseñanza pública, valorar las reivindicaciones una por una y exigir respuestas concretas a quienes tienen responsabilidades de gobierno. Si se utiliza únicamente para alimentar el enfrentamiento entre partidos, se perderá una oportunidad de abordar cuestiones que afectan a toda la sociedad. La educación no puede ser patrimonio de la izquierda, de la derecha ni de ningún sindicato. Tampoco puede quedar subordinada a los temores sobre quién gobernará mañana. Es un servicio público esencial y una responsabilidad colectiva que exige rigor, recursos y continuidad. Porque el verdadero fracaso no consiste en que haya una huelga, una protesta o un conflicto político. El fracaso sería que, después de las manifestaciones y después de las elecciones y sus discursos y titulares, las aulas siguieran teniendo los mismos problemas y los responsables de resolverlos continuaran sin ofrecer respuestas.
Antonio de Miguel
