La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha denuncia que la Ley 3/2025 de representatividad agraria establece unas condiciones «hechas a medida» que excluyen a la organización de las mesas de negociación regionales, mientras el Gobierno autonómico destina 500.000 euros en ayudas directas a ASAJA y UPA.
La organización considera que la norma, aprobada con el respaldo del PSOE y el PP, perpetúa un sistema cerrado de interlocución institucional en lugar de permitir que los agricultores y ganaderos elijan a sus representantes.
Entre los requisitos de acceso, la ley exige sedes permanentes en las cinco provincias durante los tres años anteriores y pertenecer a una estructura estatal integrada en el Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA). Además, entre los criterios para determinar la representatividad figuran un mínimo de diez profesionales a jornada completa y la tramitación de mil solicitudes de ayudas agrarias al año.
Para la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, estas condiciones convierten la estructura administrativa y económica de las organizaciones en una barrera de acceso a la representación. La organización cuestiona especialmente que la pertenencia al COPA determine quién puede defender al campo castellanomanchego.
«¿Desde cuándo la representatividad se mide por pertenecer a una organización europea, tener cinco oficinas o disponer de diez trabajadores, en lugar de por el respaldo de los agricultores y ganaderos?», plantea.
Interlocutores ante el Ministerio, pero excluidos en su propia región
La Unión denuncia que miembros de su Junta Directiva que forman parte de la Comisión Ejecutiva estatal de Unión de Uniones participan en reuniones con el ministro de Agricultura, pero su organización regional queda fuera de las mesas de negociación con la Consejería.
«¿Cómo se explica que podamos defender a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha ante el ministro, ¿pero no ante nuestro propio consejero?», cuestiona la organización.
Esta situación se agrava, a su juicio, con el Decreto 66/2026, publicado el 10 de noviembre, que regula una subvención directa de 250.000 euros para ASAJA Castilla-La Mancha y otros 250.000 para UPA Castilla-La Mancha, destinada a financiar sus actividades de representación institucional realizadas en 2025.
El decreto deroga, además, la orden que regulaba las anteriores ayudas en concurrencia competitiva, en el marco del nuevo modelo de financiación vinculado al reconocimiento como organización agraria más representativa.
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha considera que se consolida así un círculo cerrado: se exige una estructura territorial y de personal para acceder al reconocimiento y se financia a quienes ya lo han obtenido, reforzando su posición frente a las organizaciones excluidas.
«Es muy fácil exigir oficinas en las cinco provincias y diez profesionales contratados cuando la Administración prevé concederte 250.000 euros. Lo difícil es competir en igualdad de condiciones cuando unos cuentan con esa financiación pública y otros quedan fuera», señala.
Que el campo elija a sus representantes
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha recuerda que la propia ley sitúa las últimas elecciones a cámaras agrarias celebradas en la región en 1977. Casi cincuenta años después, reclama que sean los profesionales del campo quienes decidan quién les representa.
Por ello, exige revisar la Ley 3/2025, eliminar las barreras excluyentes y establecer un procedimiento democrático y transparente para medir la representatividad real. Asimismo, reclama igualdad de oportunidades en el acceso a la interlocución institucional y a la financiación pública.
«No pedimos que nos regalen la representatividad ni que nos reserven un asiento. Pedimos competir en igualdad de condiciones. La representatividad se gana con el respaldo de los agricultores y ganaderos, no con unas reglas que dejan siempre a los mismos dentro. Eso es jugar con las cartas marcadas», concluye la organización.
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