La plataforma ciudadana Stop Biometano Pedro Muñoz cuestiona la conveniencia de tratar desechos procedentes de Madrid en el término de la localidad manchega, tal y como haría la macroplanta de residuos líquidos defendida hasta el momento por su alcalde, Alberto Lara.
Los integrantes del movimiento vecinal asistieron el pasado viernes a la comparecencia que ofreció el regidor pedroteño junto al ingeniero de la empresa, Antonio Castro, y el arquitecto municipal, Arturo Álvarez. Un encuentro forzado por la propia plataforma después de que el pleno aprobase una moción en la que se reclamaba al alcalde explicaciones públicas sobre la misma.
En su huida hacia adelante, tanto el alcalde como el ingeniero contratado por la empresa trataron de desvincular la instalación con las instalaciones de biogás —omitiendo datos importantes mencionados en la documentación de la empresa— y la justificaron argumentando que no se presentaron alegaciones durante el periodo de información pública, cuando no estaba constituida esta plataforma.
28 piscinas olímpicas de desechos líquidos
Explicaciones que resultaron insuficientes para los vecinos que asistieron a la comparencia, quienes recelaron de los supuestos beneficios que pudiera tener para el pueblo y denunciaron las “características descomunales” de la planta, del tamaño de 16 campos de fútbol y cuya capacidad de almacenamiento equivaldría a 28 piscinas olímpicas.
Durante el turno de preguntas, el coordinador de Stop Biometano, Tomás García, preguntó por qué se decía que esta instalación no tenía que ver con el biogás cuando uno de los residuos que tratará la planta son los “licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales”, que podría coincidir con la fracción liquida del digestato.
También denunció que se concediera la licencia de obras diez días después de que los vecinos tuviesen constancia de los primeros movimientos de tierra, y puso en duda la confianza que podía generar una empresa sin experiencia en el sector, con una web en construcción y que hasta hace dos años se denominaba ‘Radiodifusión Manchega, S.L.’ y se dedicaba a actividades ajenas a la gestión de residuos.
Por su parte, la portavoz Noelia Salido cuestionó que se hable de “economía circular” cuando se van a gestionar desechos ajenos al pueblo y a la propia comunidad autónoma. De hecho, en la propia documentación presentada por la empresa promotora ante la Junta, se afirma que la instalación “permitirá la valorización de residuos de regiones cercanas como la Comunidad de Madrid”.
“Un mal absolutamente generalizado”
En respuesta a las preguntas de la plataforma, el ingeniero de la empresa sostuvo que la macroplanta “va encaminada a tratar lixiviados” procedentes de vertederos de Castilla-La Mancha, aunque “el excedente podría venir de otras regiones”. En su intervención, apostilló que, por razones de logística y transporte, “hay más posibilidades de que vengan de Madrid”. En cuanto a los otros residuos, insistió en que su objetivo no era valorizar “lodos”, aunque también se mencionen explícitamente en la documentación de la empresa.
Sobre la forma en la que se concedió la licencia de obras, el arquitecto municipal reconoció que “el 80 por ciento de las que se piden se empiezan antes de tener la licencia de obras”, un “mal absolutamente generalizado” en el municipio. Y el alcalde comparó que concediera la obra por decreto, en lugar de llevarla a Junta de Gobierno, con otros “precedentes”, como “la licencia de un bar” o “la actividad de un gimnasio”.
¿Dónde está el “interés local”?
Desde la plataforma se considera que las explicaciones ofrecidas son “poco convincentes” y demandan al alcalde que cumpla con los acuerdos contenidos en la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, donde se le insta a facilitar a los vecinos la información existente sobre el proyecto o a que ejerza sus competencias sancionadoras en caso de se haya incurrido en actuaciones no amparadas.
Finalmente, el colectivo vecinal se pregunta “dónde ve el alcalde el interés local en una planta que se nutrirá de los residuos ajenos al pueblo y de la que no se beneficiarán los agricultores del municipio, que no podrán llevar sus desechos”.
