El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y varios miembros del Comité Ejecutivo Regional han mantenido una reunión de trabajo con Francisco Castañares, experto en materia de incendios forestales, con el objetivo de analizar técnicamente el papel del sector agrario en la prevención y gestión de los incendios y abordar los principales problemas que agricultores y ganaderos están afrontando como consecuencia de las actuales políticas de prevención.
ASAJA CLM ha señalado que las restricciones derivadas de la normativa de prevención de incendios constituyen uno de los principales motivos por los que la organización tiene previsto manifestarse el próximo 6 de octubre en Toledo. En este contexto, está preparando para el Gobierno regional una propuesta específica en materia de incendios que tenga en cuenta la realidad de los agricultores, ganaderos y del conjunto del medio rural.
La organización agraria considera necesario que, dentro de la legislación en materia de incendios, la agricultura y la ganadería cuenten con un epígrafe propio y se reconozca expresamente por ley el carácter esencial de estas actividades, no solo desde el punto de vista económico y social, sino también como herramienta fundamental para la soberanía alimentaria, la gestión del territorio y la prevención de incendios.
Fresneda ha señalado que “hemos visto cómo al agricultor este verano en Castilla-La Mancha se le ha criminalizado”, y ha defendido la necesidad de abordar el problema de forma inmediata, antes de que comiencen las próximas campañas agrícolas.
“Nosotros tenemos que empezar a arreglar el problema de los agricultores de cara a las campañas ahora, no luego, viendo los IPPs que nos mandan”, ha afirmado el presidente de ASAJA CLM, en referencia a los índices y restricciones que se aplican durante los periodos de riesgo de incendios.
En este sentido, Fresneda ha rechazado el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027 por la posible incorporación con rango legal de determinadas restricciones que actualmente se aplican mediante la normativa autonómica de prevención de incendios. Dicho de otra forma, la organización se opone a que, por ley, se prohíba cosechar en situaciones de riesgo muy alto y extremo (IPP naranja y rojo).
Para ASAJA CLM, la normativa contra incendios no puede diseñarse de espaldas a la realidad de las campañas agrícolas. “Nosotros lo único que queremos es cosechar en nuestra explotación, nuestra cebada, nuestro trigo, en su justo momento, en julio”, ha defendido Fresneda, quien ha advertido de que el sector no puede aceptar “comportamientos fundamentalistas de gente que se frota las manos cuando ven que un agricultor tiene que abandonar”.
Gestionar el campo para prevenir los incendios
Por su parte, Francisco Castañares ha defendido la necesidad de contar con una política de prevención basada en el conocimiento del territorio y en la gestión activa del medio rural.
“No podemos permitir que quien no conoce el medio rural, no sabe cómo funciona, no sabe cómo se comporta, pretenda legislar o pretenda imponernos normas que no tienen en absoluto nada que ver con la actividad agraria, ganadera y forestal”, ha señalado.
Castañares ha incidido especialmente en las restricciones a la actividad agrícola durante los meses de verano. “Limitar el aprovechamiento, la siega, la cosecha, recoger la cosecha de un agricultor de cereal en el mes de julio es estar fuera de la realidad”, ha afirmado.
En este sentido, ha comparado la imposibilidad de cosechar en el momento adecuado con impedir que un trabajador perciba el resultado de su trabajo: “La cosecha se hace en julio y pretender evitar que hagamos la cosecha en el mes de julio es tanto como decirnos que sería ilegal también cobrar la nómina de cada uno de nosotros a final de mes, que es el fruto de nuestro trabajo durante 30 días”.
Para el experto, las políticas de conservación y prevención deben tener en cuenta que la presencia y actividad de agricultores, ganaderos y selvicultores constituyen también una herramienta de gestión del territorio.
“Lo que están haciendo es echar a la poca gente que queda en el campo fuera del campo, fuera de la actividad agraria, ganadera o forestal”, ha advertido Castañares, quien considera que “la única forma de evitarlo es trabajando en el campo, gestionando el campo, gestionando la naturaleza como hemos hecho siempre”.
A su juicio, impedir esa gestión puede contribuir a aumentar el riesgo y la dimensión de los incendios: “Si nos impiden eso, van a tener incendios más grandes”, ha señalado.
Por su parte, ASAJA Castilla-La Mancha considera que la prevención de incendios debe comenzar mucho antes de la llegada del verano, mediante una gestión adecuada del territorio y una planificación que permita compatibilizar la protección del medio natural con la actividad agrícola y ganadera.
En esta línea, Castañares ha defendido que “si los incendios se gestionaran adecuadamente, desde el punto de vista preventivo, con antelación a que llegara la época estival, estaríamos más tranquilos cada verano, mucho más”.
En este sentido, ha cuestionado que el debate se centre exclusivamente en el origen humano de los incendios y ha reclamado poner el foco también en la gestión del combustible y del territorio.
“Dicen que 70%, el 80%, y en algunos casos el 90% de los incendios, son de origen humano, tienen responsabilidad humana. No, se equivocan, es el 100%, todos, incluidos los de rayos, porque un rayo cae y no hay incendio si no hay combustible en el suelo disponible para arder”, ha explicado.
Por todo ello, ASAJA Castilla-La Mancha trasladará al Gobierno regional las conclusiones de estos trabajos y su propuesta para que la actividad agrícola y ganadera sea reconocida expresamente en la normativa de incendios como una actividad esencial, evitando que las medidas de prevención se conviertan en obstáculos para el normal desarrollo de las campañas y apostando por una gestión activa y preventiva del medio rural. La organización considera que proteger el campo y proteger el medio natural no son objetivos contrapuestos, sino que deben formar parte de una misma estrategia de prevención, en la que agricultores y ganaderos sean considerados parte de la solución frente al riesgo de incendios y no el problema.
