El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido este miércoles el ingreso en la universidad “sin privilegios”, que responda únicamente al mérito y a la igualdad de oportunidades, no a la capacidad económica de las familias. Así lo ha señalado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, en una semana marcada por el inicio de la PAU en Guadalajara, un momento “crucial” en el que el esfuerzo del alumnado “debe ser el único criterio” que determine el acceso a los estudios superiores.
A lo largo de su alocución, Padilla ha reivindicado la universidad pública como uno de los grandes instrumentos de igualdad, fruto de la consolidación de la democracia en nuestro país. Una red de universidades públicas que, junto a un sistema de becas, ha permitido que miles de jóvenes pudieran estudiar “aquello que deseaban” sin que el dinero de sus familias condicionara de antemano sus oportunidades, ha incidido la portavoz.
“Esto fue clave para conformar probablemente el éxito del mayor ascensor social que ha habido en nuestro país”, ha continuado la consejera, si bien ha advertido de que ese modelo está siendo cuestionado en algunas comunidades autónomas, lo que amenaza con dinamitar “ese proyecto de igualdad, de progreso y de esfuerzo académico” que ha caracterizado las décadas anteriores. De hecho, Padilla ha criticado que algunos modelos privados funcionen “básicamente” como “empresas que expiden títulos a quien puede pagarlos”. Frente a esa deriva, ha asegurado que Castilla-La Mancha no va a ser en ningún caso partícipe de un sistema que vuelva a colocar el dinero por delante del mérito académico.
En esta misma línea, ha defendido que el compromiso del Gobierno regional con la Universidad de Castilla-La Mancha y con la Universidad de Alcalá es también “un compromiso directo” con la juventud castellanomanchega. Así, Padilla ha querido poner en valor que Castilla-La Mancha no solo ha realizado una inversión histórica para fortalecer la universidad pública, sino que también garantiza la primera matrícula gratuita y trabaja en una nueva ley para asegurar la calidad del sistema universitario.
Según ha advertido, cualquier proyecto privado que quiera implantarse en la región deberá cumplir “la misma calidad en la docencia” y “los mismos estándares de exigencia en la investigación” que se exigen a una universidad pública. “Si vienen con la calculadora, que no sea para sumar beneficios a costa de restar calidad”, ha señalado la portavoz, quien ha asegurado que el Ejecutivo regional no va a favorecer “ningún chiringuito expedidor de títulos” como, según ha indicado, ocurre en otras comunidades autónomas.
La portavoz ha concluido que la PAU debe ser “solo y exclusivamente la vara de medir, en condiciones de igualdad”, para acceder a una facultad y a los estudios que marcarán la vida profesional de miles de jóvenes de la región.
