Desde CCOO Castilla‑La Mancha manifestamos nuestra firme solidaridad con todas las mujeres afectadas por los graves fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Los hechos –que afectan al Servicio Andaluz de Salud y que han dejado sin información o seguimiento adecuado a más de dos mil mujeres– constituyen una alarmante vulneración del derecho a una atención sanitaria pública, accesible, eficaz y de calidad.
Estos acontecimientos evidencian, una vez más, que el debilitamiento, los recortes o las deficiencias en los servicios públicos sanitarios tienen consecuencias directas sobre la vida y la salud de las personas. Por eso, nos sumamos a lo que la ciudadanía ha manifestado en las calles:
- Que se asuman responsabilidades claras y se investiguen sin demora las causas del fallo —tanto organizativas como técnicas— para que hechos similares no se repitan.
- Que se garantice a las personas afectadas un seguimiento médico riguroso, transparente e inmediato, así como los recursos necesarios para reparar el daño causado.
- Que se refuerce de forma estructural la sanidad pública: más profesionales, mejores medios, protocolos actualizados y los sistemas informáticos adecuados para que ninguno de los casos quede sin respuesta o seguimiento.
La sanidad pública tiene que ser fortalecida, libre de recortes y de externalizaciones que ponen en riesgo vidas. No podemos permitir que errores de este tipo queden sin respuesta.
Ya lo hemos visto en Castilla La Mancha, donde una empresa privada en Talavera de la Reina, con la que se había concertado la realización de mamografías, cerró sin previo aviso dejando paralizado el servicio preventivo durante casi cinco meses. Es ahora cuando hemos sabido que la Junta ha derivado la realización de esas pruebas al grupo Quirón y al Hospital de Talavera. En este caso, según fuentes de la administración y de la propia empresa, sí se había notificado a las mujeres. Pero estaremos vigilantes para que la externalización de servicios tan sensibles como éste no desemboque en el deterioro de la calidad asistencial o en la pérdida del control de los procesos. Y es que al problema sanitario se suma el laboral, pues dicha empresa dejó a los trabajadores con varias nóminas y la indemnización por despido sin cobrar.
Lo ocurrido en Andalucía debe servir como un aviso contundente: la salud no puede estar subordinada a la improvisación ni al ahorro presupuestario.
Desde Castilla-La Mancha, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos de salud y exigiremos que se adopten medidas efectivas para que incidentes como estos no se repitan. Porque si algo tenemos claro es que cuando se recorta en sanidad, no se ahorra dinero: se ponen vidas en juego.
