La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) participó en uno de los grupos focales convocados por la Consejería de Igualdad del Gobierno regional para avanzar en la elaboración de la futura Ley de medidas para reducir las brechas de género en el ámbito económico, un espacio de trabajo en el que también estuvieron presentes entidades como CEPAIM, MPDL, Plena Inclusión y asociaciones LGTBIQ+.
Aunque el proceso de participación se desarrolló en un periodo de tiempo muy limitado, las entidades coincidieron en la importancia de contar con un canal de diálogo estable, y la Consejería trasladó la voluntad de mantener abierta la puerta para seguir incorporando propuestas en las siguientes fases de diseño de la norma.
Desde EAPN-CLM se defendió una idea central: la igualdad económica entre mujeres y hombres es, en sí misma, una política anti-pobreza. Sin cerrar las brechas en actividad, salarios, pensiones y cuidados, Castilla-La Mancha no podrá reducir de forma real la pobreza ni la exclusión social que tiene rostro de mujer. En la región, los datos son contundentes según el avance de EAPN ES del pasado mes de febrero: la tasa de riesgo de pobreza y exclusión se sitúa en el 34,2% para toda la población, y del 50,3 % para los hogares monoparentales —mayoritariamente encabezados por mujeres—, mientras uno de cada tres niños y niñas vive en riesgo de pobreza.
Se identificaron como problemas estructurales la menor tasa de actividad femenina, la parcialidad y la temporalidad no deseada de sus empleos, la segregación laboral a actividades de poco valor y responsabilidad, la feminización de los cuidados no remunerados y las brechas salariales, y por consiguiente en sus pensionales, agravadas por estereotipos que condicionan la educación, el empleo y la participación en espacios de públicos y de poder.
Nuestras propuestas
Desde la Red, podemos resumir las propuestas realizamos a la Consejera durante esta reunión en cinco grandes bloques:
- Gobernanza y seguimiento: Los presupuestos de la Administración regional deben tener un enfoque de género, estableciendo indicadores anuales con metas 2026-2029 y garantizar informes públicos de seguimiento. Se pidió que el dinero público esté condicionado al cumplimiento de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aportando datos abiertos y desagregados (sexo, edad, territorio, origen, discapacidad).
- Empleo y salarios: incluir cláusulas sociales obligatorias en la contratación pública y en el acceso a subvenciones públicas, vinculadas a la existencia de planes de igualdad efectivos y registros retributivos; reforzar la inspección retributiva en sectores feminizados; y crear bonos de formación para mujeres en transición hacia sectores verdes, digitales o científicos.
- Cuidados y tiempo: desplegar una red pública de formación para menores de 0 a 3 años y asequible en todo el territorio, ampliar la cobertura de los centros de día y ayuda a domicilio, y reconocer el derecho al “cuenta-tiempo de cuidados”, una propuesta para reconocer y valorar el tiempo que las personas, especialmente las mujeres, dedican a cuidar a hijos, mayores o familiares dependientes, de manera que esas horas no remuneradas puedan computar como derechos en el sistema laboral y de protección social; por ejemplo, una madre monoparental en Castilla-La Mancha que interrumpe su empleo para atender a un hijo menor o a un familiar dependiente podría registrar ese tiempo como “cotizado”, lo que le permitiría no perder acceso a pensiones, prestaciones o programas de formación, contribuyendo así a reducir la brecha económica y el riesgo de pobreza que afecta de forma desproporcionada a las mujeres.
- Se subrayó que cuidar también es economía, y que sin corresponsabilidad y servicios accesibles no habrá empleo digno femenino ni salida de la pobreza para todos.
- Emprendimiento y economía social: impulsar un fondo semilla para mujeres, líneas de apoyo a cooperativas y reservar lotes de compras públicas a entidades de economía social lideradas por mujeres.
- Territorio e interseccionalidad: implementar un Plan Rural Mujer con transporte a demanda, itinerarios de inserción con cuidados garantizados y conectividad digital; además de fijar metas específicas para mujeres migrantes, gitanas, con discapacidad o en situación de monoparentalidad.
EAPN-CLM remarcó que la futura Ley debe ir más allá de lo declarativo, garantizando medidas que impacten directamente en la vida de las mujeres y familias más vulnerables. En este sentido, se expuso que Castilla-La Mancha recupere las rentas personales propias como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, sino que las complemente con las estatales, para evitar dejar a miles de familias desprotegidas en un contexto de pobreza y exclusión que ya afecta a más de un tercio de la población regional.
Mirada al futuro Las entidades participantes coincidieron en que los principales desafíos de la futura Ley serán asegurar recursos suficientes, garantizar que las medidas lleguen a las mujeres más vulnerables y establecer mecanismos de evaluación con indicadores claros, especialmente en ámbitos críticos como la conciliación, la corresponsabilidad y el acceso a empleo digno. Por ello, la red reitera su compromiso de aportar información y propuestas que aseguren que esta norma se convierta en una herramienta transformadora para reducir la pobreza femenina y la exclusión social en Castilla-La Mancha.
