El Ejecutivo del presidente García-Page tiene la atención a personas con discapacidad como una de las prioridades de sus políticas, para atender sus necesidades y darles dignidad y una vida en plenitud. A estas premisas responde uno de los acuerdos del último Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado un gasto de 3,2 millones de euros para atender a 25 personas con discapacidad intelectual grave que viven en la Residencia ‘Los Álamos de Santa Gemma’, en Albacete, para tres años más. Una duración superior a los anteriores contratos que da tranquilidad y continuidad a los usuarios y a sus familias.
Así lo ha adelantado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha recordado que con este contrato se ofrece una inversión se garantiza una atención integral de estos 25 usuarios y usuarias en todos sus aspectos. No solo las necesidades básicas, sino también promueve la inclusión social de los residentes, el desarrollo de habilidades adaptadas a sus diversas capacidades; así como promoción de la salud y acompañamiento en servicios complementarios de restauración y de limpieza y lavandería.
Estas personas, a consecuencia de su discapacidad intelectual, necesitan apoyo personalizado para la realización de las actividades de la vida diaria, así como para la toma de decisiones y la participación en la comunidad. Y esta decisión de hoy, ha reiterado la portavoz del Ejecutivo, “es importante por dos motivos: porque se garantiza la atención integral, que no solo se limita a cubrir las necesidades básicas, sino que también tienen atención personalizada en el día a día, apoyo sanitario y rehabilitador y programas de inclusión y desarrollo personal. También, porque al hacerlo por tres años, concretamente en este centro, da estabilidad y continuidad tanto a las personas. Que están en ese centro, como a sus familias”.
Padilla ha recordado que este año tenemos 789 plazas para personas con discapacidad intelectual grave en los 15 CADIG que hay en la región y con un presupuesto de alrededor de 52,4 millones de euros.
El contrato contempla una plantilla de profesionales, que garanticen esa atención adecuada y de calidad a las personas usuarias: psicólogos, terapeutas ocupacionales, técnicos de integración en la comunidad o educador social, logopedas, así como cuidadores.
Creación del registro de personas con enfermedad celíaca
Además, la consejera Portavoz ha anunciado la creación del registro de personas con enfermedad celíaca. La intención del Ejecutivo, en palabras de Padilla, es la de conocer mejor la prevalencia de la enfermedad en Castilla-La Mancha y su distribución geográfica.
En palabras de la portavoz del Ejecutivo, se trata de una medida que mejora la atención a personas con una enfermedad crónica, recientemente reconocida como tal y que requiere seguimiento, control y atención adaptada.
“Con este registro vamos a poder saber cuántas personas hay, dónde están y cuáles son sus necesidades para planificar mejor los recursos y mejorar también la respuesta sanitaria”. Otro de los objetivos del Ejecutivo con la creación del registro es simplificar la burocracia y hacer más fácil la relación de estas personas con la administración.
En España se estima que afecta a 1 de cada 71 niños y a 1 de cada 357 adultos.
Aprobación del Decreto del Gobierno del Dato de Castilla-La Mancha
Y, por último, la consejera Portavoz ha informado del último paso dado en la administración al aprobar el Decreto del Gobierno del Dato, un documento que servirá para ordenar cómo se utilizan los datos dentro de la gestión administrativa para mejorar su funcionamiento.
En palabras de Padilla, este decreto del Gobierno del Dato se traducirá en la práctica en algo muy sencillo, “tomar mejores decisiones, prestar mejores servicios y hacerlo con más rapidez. No se trata de recoger muchos datos para tenerlos archivados sin más, sino de que estén bien organizados y sean útiles”. De manera, ha reconocido, que “no habrá que pedir varias veces la misma información, se agilizarán los procedimientos y podremos anticiparnos mejor a las necesidades de la ciudadanía”.
Además, como ha insistido la portavoz del Ejecutivo, este decreto garantiza algo fundamental, “que los datos se utilicen con seguridad, con garantías, con respeto a la privacidad y con total transparencia”.
Como ha explicado Padilla, se implanta un modelo federado: por un lado, la coordinación central desde la Oficina del Dato, dependiente de la Vicepresidencia Primera, y una red de responsables en cada departamento, que gestionan sus datos de forma coordinada. Además, se integran en un mismo modelo ámbitos que antes estaban separados, como el gobierno del dato, la protección de datos y la estadística, lo que permitirá ser más eficaces y evitar duplicidades.
Otra de las ventajas que ha señalado la consejera es que se avanza en la reutilización de los datos, evitando que ciudadanía y empresas tengan que aportar reiteradamente la misma información. En definitiva, “hablamos de menos burocracia, mejores decisiones y mejores servicios públicos”, ha concluido.
