La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ha anunciado su adhesión a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, una jornada que, según explica la organización, parte de una propuesta de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos y que posteriormente ha sido asumida por los sindicatos de clase.
La Plataforma llama a organizaciones, colectivos sociales y ciudadanía de toda Castilla-La Mancha a sumarse tanto a la huelga como a las movilizaciones que se convoquen en la región. Según sostiene, la protesta se plantea desde una perspectiva de derechos humanos y parte de una premisa fundamental: la vivienda es un derecho y no una mercancía.
Desde la organización afirman que el derecho a una vivienda adecuada obliga a las administraciones públicas a respetarlo, evitando desalojos sin las garantías necesarias; a protegerlo frente a la especulación de fondos de inversión y grandes tenedores; y a garantizarlo mediante políticas públicas que ofrezcan soluciones allí donde el mercado no sea capaz de hacerlo.
Entre sus principales reivindicaciones, la Plataforma reclama frenar la especulación inmobiliaria, reforzar la seguridad de las personas que viven de alquiler, avanzar hacia contratos más estables, declarar zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan los requisitos y limitar las subidas de precios en los contratos vigentes.
Asimismo, exige que no se produzca ningún desahucio sin una alternativa habitacional, especialmente cuando se trate de personas o familias vulnerables, y pide incrementar de manera significativa el parque público de vivienda y la oferta de alquiler social de gestión pública y a precios asequibles.
La Plataforma defiende la legitimidad de la huelga y de las protestas
La organización defiende también la plena legalidad de la convocatoria y recuerda que el derecho a la huelga no se circunscribe únicamente a los conflictos laborales entre empresas y trabajadores.
Según argumenta la Plataforma, la jurisprudencia constitucional reconoce que la huelga puede utilizarse también como instrumento de protesta frente a decisiones de política económica y social. Por ello, considera que la convocatoria del 11 de noviembre debe poder desarrollarse sin injerencias ni temor a represalias para quienes decidan secundarla.
La entidad sostiene igualmente que las movilizaciones vinculadas al derecho a la vivienda, incluidas las acampadas, concentraciones y otras acciones pacíficas, forman parte del ejercicio legítimo de los derechos de protesta, reunión y libertad de expresión.
En este contexto, la Plataforma reivindica el papel de los sindicatos de inquilinas e inquilinos, a los que atribuye un protagonismo fundamental en la convocatoria. Según señala, estas organizaciones llevan años documentando desahucios, acompañando a familias afectadas y colocando el problema de la vivienda en el centro de las reivindicaciones de la clase trabajadora.
Críticas a la política de vivienda de la Junta
La Plataforma dirige también parte de sus reivindicaciones a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la que reclama una mayor implicación ante los problemas de acceso a la vivienda.
Según afirma la organización, el Gobierno regional no puede limitarse a esperar las decisiones que adopten el Congreso o el Ejecutivo central, ya que Castilla-La Mancha dispone de competencias e instrumentos propios para intervenir en esta materia.
La entidad critica que la comunidad autónoma no haya declarado hasta ahora ninguna zona de mercado residencial tensionado y considera insuficientes las medidas aplicadas para contener el incremento del coste del alquiler en aquellos municipios donde, a su juicio, ya existen indicadores que justificarían una intervención.
La Plataforma también señala a los ayuntamientos y recuerda que la legislación estatal les permite solicitar a la Junta la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Sin embargo, según denuncia, son todavía pocos los municipios que han iniciado este procedimiento.
La organización considera además que la política regional de vivienda se ha centrado de manera excesiva en la construcción de nuevos inmuebles y la movilización o reclasificación de suelo, dejando en un segundo plano otras fórmulas que, a su entender, podrían ofrecer resultados más inmediatos.
Entre ellas menciona la adquisición de viviendas ya existentes, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, la ampliación del parque público de alquiler o la incorporación de viviendas desocupadas a programas sociales.
Uno de los principales déficits señalados por la Plataforma es la ausencia de un mecanismo que garantice una alternativa habitacional efectiva a las familias vulnerables que afrontan un desahucio.
Según sostiene, las responsabilidades se encuentran actualmente repartidas entre distintas consejerías, servicios sociales y ayuntamientos, sin que exista un protocolo suficientemente claro que permita coordinar la actuación de todas las administraciones implicadas.
Una Ley de Vivienda integral para Castilla-La Mancha
La Plataforma también se muestra crítica con la Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística que se tramita en Castilla-La Mancha.
A juicio de la organización, esta iniciativa no constituye la Ley de Vivienda que necesita la región, ya que vuelve a centrar buena parte de la respuesta pública en la construcción y en la disponibilidad de suelo.
La entidad considera que una normativa integral debería abordar también cuestiones como la protección de las personas inquilinas, el crecimiento del parque público, la prevención de los desahucios, el alquiler social y la garantía de alternativas habitacionales para las personas vulnerables.
La Plataforma cuestiona además que esta reforma se tramite por el procedimiento de urgencia mientras Castilla-La Mancha continúa sin aprobar una Ley integral de Vivienda, una norma que, según defiende, debería reconocer la vivienda como un derecho y establecer mecanismos concretos para garantizarlo.
“Para que no haya una Maricarmen más”
En su comunicado, la Plataforma recuerda también el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio y posterior llamamiento a la movilización social se convirtieron en uno de los símbolos de las recientes protestas por la vivienda.
La organización considera que su caso refleja un “fracaso institucional en cadena” y atribuye responsabilidades a diferentes administraciones e instituciones por no haber conseguido evitar el desahucio ni garantizar una alternativa habitacional.
Según sostiene la Plataforma, situaciones como esta ponen de manifiesto la necesidad de establecer sistemas de protección más eficaces para impedir que personas vulnerables pierdan su vivienda sin disponer de una solución digna.
Por todo ello, la organización confirma su adhesión a la huelga general del 11 de noviembre y anima a colectivos, organizaciones y ciudadanía de Castilla-La Mancha a participar en las movilizaciones que se convoquen.
La Plataforma insiste en que el acceso a la vivienda debe abordarse como una cuestión de derechos humanos y justicia social y resume el sentido de su adhesión con una de las consignas que acompañan la convocatoria: “Para que no haya una Maricarmen más”.
