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La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha denuncia que la Junta llama «asequibles» a alquileres de más de 800 euros al mes

El alquiler que promueve el Gobierno regional en Toledo y Talavera de la Reina no cumple la definición legal de vivienda asequible y deja fuera a buena parte de la población en una de las regiones con más pobreza de España.

La Junta de Comunidades anunció las 86 viviendas de la calle Río Cabriel, en el barrio del Polígono, como alquiler asequible por unos 646 euros al mes y «nunca más de 700». Las bases de la convocatoria, cerrada el 30 de octubre, fijan una renta de entre 700 y 741 euros. Con los gastos de comunidad, el coste real se sitúa entre 760 y 821 euros mensuales. La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha considera que estas viviendas no son asequibles ni según la ley ni según el bolsillo de quienes viven en el barrio.

El garaje y el trastero encarecen el alquiler

El Real Decreto-ley 29/2026, convalidado el 12 de noviembre por el Congreso, define por primera vez qué es una vivienda asequible: aquella cuyo precio, incluidos todos los gastos asociados, no supera el 30 % de la renta mediana del municipio. Y añade que el garaje, el trastero y el resto de anejos no pueden suponer un incremento del alquiler.

Eso es exactamente lo que ocurre en Río Cabriel. Según las bases de la convocatoria, la vivienda cuesta entre 557 y 591 euros al mes. Pero cada piso lleva un garaje y un trastero vinculados que, al tratarse de vivienda protegida, se alquilan obligatoriamente con él. El garaje suma 117 euros y el trastero, entre 21 y 36. Los anejos encarecen así el alquiler entre 138 y 153 euros al mes, entre un 23 % y un 27 %. A eso se añaden la comunidad, las tasas y los suministros, y la promotora exige por adelantado una mensualidad de fianza y dos de garantía adicional: más de 2.100 euros antes de entrar a vivir.

El precio no ha dejado de subir desde que se anunció la promoción. Y no es un caso aislado: en las 124 viviendas de la calle Gregorio Marañón, el precio por metro subió un 22,6 % en 2024 a petición de la constructora, y el pliego permite cobrar el IBI a los inquilinos, algo que nunca ha sido posible en una vivienda protegida y que la nueva ley prohíbe en cualquier alquiler. La Junta promueve en Toledo 612 viviendas de alquiler «asequible» con este mismo modelo.

Talavera de la Reina: vivienda pública al precio máximo

El mismo patrón se repite en Talavera de la Reina. La Junta está a punto de adjudicar el alquiler de las 24 viviendas rehabilitadas de los antiguos peones camineros, en la calle Capitán Cortés. Son pisos de titularidad pública: en 2016, el Consejo de Gobierno aprobó cederlos gratis al Ayuntamiento para dar un hogar a familias afectadas por ejecuciones hipotecarias o en situación de vulnerabilidad. Hoy, tras una rehabilitación de 3,9 millones de euros que incluye 1,09 millones de ayuda pública de los fondos europeos Next Generation, los gestionará una empresa privada, Carbrimo S.L., a la que la Junta adjudicó en julio de 2025 un derecho de superficie de entre 50 y 75 años. La adjudicación se presentó entonces como «un importante avance en la consecución de viviendas sociales a familias con menos recursos».

Cuando se firmó el acuerdo, en marzo de 2024, la Junta calculaba un alquiler «en el entorno de los 500 euros al mes». Según la Asamblea de Vivienda Talavera, las rentas de partida superan ya los 600 euros y llegan a 730 con una plaza de aparcamiento exterior; en septiembre ya se publicaron alquileres de hasta 750 euros. Esas cifras encajan con el techo que fija la propia Junta para esta promoción, 8,02 euros por metro cuadrado útil y 4,81 por los anejos: la vivienda pública se ofrece al precio máximo que permite la norma, sin ningún descuento de asequibilidad.

La Junta define oficialmente la promoción como «24 viviendas protegidas en alquiler», destinadas al «alquiler social o a precio asequible», un compromiso que debe constar en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, a punto de adjudicarse, todavía no se conocen los contratos: ni qué gastos se cobrarán a los inquilinos, ni la fianza y las garantías que se exigirán: con una mensualidad de fianza y dos de garantía adicional, entrar a vivir costaría entre 1.800 y 2.190 euros.

Con esos precios, las viviendas quedan lejos de quienes más las necesitan. La renta mediana de Talavera es de 16.450 euros netos al año por unidad de consumo, 7.000 euros menos que en Toledo. Para una persona sola con esos ingresos, el 30 % equivale a 411 euros al mes: un alquiler de 600 euros se llevaría el 44 % de su sueldo, y uno de 730 euros, el 53 %. Ni siquiera la oferta estatal llega a los hogares con menos recursos: Casa 47 sortea estos días otras 19 viviendas en la ciudad, con alquileres de entre 350 y 811 euros por pisos que, según las fotografías de su propia web, se entregan sin amueblar y, en muchos casos, sin cocina, lo que obliga a sumar una inversión inicial que no todos los hogares pueden asumir. Entre las dos promociones suman 43 viviendas públicas en una ciudad de más de 80.000 habitantes, donde 311 personas están inscritas como demandantes de vivienda protegida en alquiler. Un hogar que ingrese 1.500 euros podría llegar a dedicar entre el 40 % y el 49 % al alquiler.

Un precio que deja fuera a la mayoría del barrio

Con estos precios, la vivienda «asequible» queda fuera del alcance de una parte importante de la población. La renta mediana de Toledo es de 23.450 euros netos al año por unidad de consumo, según el Instituto Nacional de Estadística. Para una persona que vive sola con esos ingresos, el 30 % equivale a 586 euros al mes; las viviendas de Río Cabriel se llevarían entre el 39 % y el 42 % de su sueldo. En el distrito del Polígono, donde se levantan, la renta mediana baja a 19.950 euros, la más baja de la ciudad, y el alquiler absorbería casi la mitad de los ingresos.

La propia convocatoria lo confirma. Admite que el alquiler llegue al 35 % de los ingresos del hogar, por encima del 30 % que marca la ley, y aun así una persona sola necesitaría ganar entre 26.000 y 28.000 euros netos al año para optar a una de estas viviendas: más que la renta mediana de la ciudad.

El problema es aún más grave en una región como Castilla-La Mancha, donde el 25,9 % de la población vive en riesgo de pobreza, frente al 19,5 % del conjunto de España. Con una tasa AROPE de pobreza o exclusión social del 34 %, es la segunda comunidad autónoma con la cifra más alta, solo por detrás de Andalucía, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2025. Mientras tanto, alquilar una vivienda de 90 m² en Toledo capital ya exige el 62 % de un salario mediano, y los nuevos contratos de alquiler en la provincia han subido un 27,5 % entre 2020 y 2024.

La asequibilidad es un derecho

La asequibilidad no es un adjetivo publicitario: es un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada, reconocido en el artículo 47 de la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas establece que los gastos de vivienda «deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas». Un alquiler que se come el 40 % o el 50 % del sueldo obliga a elegir entre pagar la casa o cubrir la comida, la ropa, la luz o la salud.

Por eso las administraciones tienen la obligación de garantizarla, y más cuando promueven vivienda con suelo y dinero públicos. «La Junta no puede llamar asequible a una vivienda que cuesta lo mismo que el mercado y que la mitad del barrio no puede pagar. Si se construye con suelo y dinero públicos, tiene que ser para quien la necesita», ha señalado Alicia Martínez, portavoz de la Plataforma y de la Unión Popular de Inquilinas de Toledo.

Lo que pide la Plataforma

La Plataforma exige a la Junta de Comunidades y a su empresa pública Gicaman que dejen de llamar asequible a lo que no cumple la ley. Les pide que revisen los pliegos y contratos del Plan 10.000 para que la renta incluya el garaje, el trastero y los gastos de comunidad, sin superar el 30 % de la renta mediana del municipio, y que retiren cualquier cláusula que haga pagar el IBI u otros tributos a los inquilinos. Reclama también que se publique el precio final completo de cada vivienda antes de abrir las solicitudes, que no se pidan garantías adicionales a la fianza y que las viviendas se adjudiquen según la necesidad de cada hogar, y no por orden de llegada.

En Talavera de la Reina, la Plataforma pide a la Junta que revise las rentas de Capitán Cortés antes de firmar los contratos; que publique los pliegos, el contrato con la adjudicataria y la memoria económica de la promoción; que confirme por escrito que son viviendas protegidas y aclare el uso del término «social»; y que garantice que los contratos cumplirán la normativa: que ningún inquilino pagará el IBI, que no tendrá más gastos que los legalmente repercutibles y que no se le pedirá más de un mes de fianza. Las ayudas al alquiler, de convocatoria variable y resolución lenta, no pueden servir de excusa para fijar primero rentas de mercado sobre patrimonio público.

A largo plazo, la Plataforma defiende que la vivienda construida con suelo y fondos públicos forme un parque público permanente, con alquileres ligados a los ingresos de cada familia y no a un precio por metro cuadrado. A los Ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina les pide que soliciten la declaración de zona de mercado residencial tensionado.

«La vivienda asequible no se mide por cómo se llame, sino por lo que se paga cada mes», recuerda Tania Gómez, portavoz de la Plataforma y la Asamblea de la Vivienda de Talavera. «La ley ya dice cuánto. Ahora la Junta tiene que cumplirla.»

Quiénes forman la Plataforma

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, que ha seguido creciendo desde su presentación, está formada por: Alianza por el Clima, Amnistía Internacional CLM, Asamblea de Vivienda Talavera, Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM, CCOO-CLM, CNT Ciudad Real, Colectivo Sin Fronteras de Albacete, Colectivo Vivienda Ciudad Real, Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Feministas de Pueblo, Movimiento por la Vivienda Digna de Alcázar, PAH Tomelloso, Plataforma 8M Toledo, Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Albacete, Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna Cuenca, Plataforma Vivienda Digna Toledo, Proyecto Kieu (Sagra), Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS), Sindicato Inquilinos Guadalajara, STAS-CLM, Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Popular de Estudiantes (UPE) y Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

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