El diputado regional del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha acusado a Page y a Sánchez de dar la espalda a los regantes de Albatana: “Ni un euro más, una multa más, ni un año más de espera”.
Así lo ha manifestado hoy en el Pleno de las Cortes regionales, donde Lucas-Torres ha denunciado el abandono que sufren los regantes de Albatana, que llevan más de veinte años esperando una solución para poder desarrollar un proyecto de regadío que las propias administraciones aprobaron, financiaron y supervisaron, pero que hoy se ha convertido en un problema para cientos de agricultores y sus familias.
«Hoy quiero trasladar a esta Cámara lo que sienten los regantes de Albatana: indignación, cansancio y una profunda sensación de abandono. Indignación porque hicieron todo lo que se les pidió y aun así han sido sancionados. Cansancio porque llevan más de veinte años de reuniones, de promesas y de juzgados. Y abandono porque las administraciones que los animaron a invertir les han dado la espalda cuando más las necesitaban”.
Lucas-Torres ha recordado que más de 120 regantes han acudido hoy a las puertas de las Cortes regionales para reclamar justicia, después de años de inversiones, reuniones, recursos judiciales y promesas incumplidas. En este sentido, ha defendido que no están pidiendo más agua, sino poder utilizar los 841.205 metros cúbicos anuales que ya tenían concedidos para desarrollar el proyecto de regadío.
El diputado regional ha explicado que la iniciativa afecta a más de 300 socios de la SAT 228 Riegos de Albatana y cerca de 450 regantes de Albatana, Hellín y Tobarra, en una actuación que resulta fundamental para mantener el empleo, generar riqueza y fijar población en el medio rural. Un proyecto que contemplaba transformar 1.470 hectáreas sin incrementar el volumen de agua concedido.
Así, ha recordado que las administraciones aprobaron el proyecto, movilizaron fondos europeos y exigieron a los agricultores que aportaran la otra mitad de la inversión, que ascendió a más de 4,2 millones de euros, más 1,2 de Fondos Europeos. Sin embargo, una vez finalizadas las obras, la Confederación Hidrográfica del Segura cuestionó la ampliación del regadío y comenzó un largo recorrido administrativo y judicial que ha mantenido a los agricultores durante años en una situación de incertidumbre.
Lucas-Torres ha destacado que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dio la razón a los regantes en mayo de 2017, reconociendo su derecho a ampliar el regadío hasta 654,56 hectáreas netas, con el mismo volumen de agua, y que la sentencia adquirió firmeza en 2018. Pese a ello, la Confederación siguió sin ejecutar plenamente lo reconocido por los tribunales, hasta que los agricultores tuvieron que solicitar la ejecución forzosa de la sentencia.
Además, ha denunciado que entre 2022 y 2023 la Confederación impuso sanciones de 3.600, 6.800 y 2.600 euros a agricultores, además de prohibiciones de riego, y una multa de 3.000 euros a la propia SAT, por regar parcelas vinculadas al proyecto público.
“Las administraciones aprobaron el proyecto, lo financiaron con dinero europeo, exigieron a los agricultores que pusieran la otra mitad, supervisaron las obras y cobraron un aval. Y al final, los únicos sancionados son los agricultores. No se puede trasladar a los agricultores el coste de las contradicciones entre administraciones. Si el Estado, la Junta y la Confederación participaron en cada fase de este proyecto, son ellos los que tienen que encontrar la solución y asumir su responsabilidad”, ha subrayado.
En este sentido, el diputado del PP-CLM ha señalado directamente al Gobierno de España y al Ejecutivo de Emiliano García-Page, recordando que ambos conocen el problema desde hace años y que la propia Junta respaldó públicamente las reivindicaciones de los regantes en 2017 y volvió a prometerles apoyo en abril de 2024.
Por ello, ha reclamado al Gobierno regional que deje de limitarse a las reuniones y las fotografías y utilice todas las herramientas administrativas, jurídicas y políticas a su alcance para resolver el conflicto. También ha defendido que existe una solución compatible con la protección del acuífero, ya que el proyecto puede desarrollarse manteniendo los mismos 841.205 metros cúbicos de agua, con contadores y control telemático.
La iniciativa del Partido Popular plantea cinco medidas: instar a los ministerios competentes a cumplir el Plan Nacional de Regadíos y el Acuerdo Marco de 2002 para poner en marcha las 1.470 hectáreas; defender activamente la culminación del proyecto; reclamar que se dejen sin efecto las sanciones; trasladar a las instituciones europeas la situación de los fondos concedidos y, cuando proceda, poner los hechos en conocimiento de los órganos de control de fondos públicos, incluida la Fiscalía Europea.
Finalmente, ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para que respalden a los agricultores de Albatana y ha reclamado al PSOE que demuestre con su voto que realmente está del lado de los regantes.
“Hoy hay vecinos de Albatana en esta Cámara y más de ciento veinte concentrados ahí fuera, a nuestras puertas. Han madrugado y han dejado su trabajo para estar aquí. Mírenlos a la cara, señorías. Ellos pusieron su dinero, cumplieron todo lo que se les pidió, cedieron una y otra vez y ganaron en los tribunales. Lo hicieron todo bien. Y aun así son los únicos que han pagado”.
El diputado regional ha concluido asegurando que “no se puede trasladar a los agricultores el coste de las contradicciones entre administraciones. Ni un euro más, ni una multa más, ni un año más de espera”, y ha advertido al PSOE de que hoy tiene la oportunidad de demostrar con su voto si está con los agricultores o con los despachos.
