El diputado regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha aseverado que la política hídrica actual de Castilla-La Mancha “asfixia al campo” y pide una comisión para desbloquear soluciones urgentes.
Así lo ha señalado durante la sesión plenaria esta mañana en las Cortes regionales, donde Lucas-Torresha defendido la necesidad urgente de abordar la situación del agua en la región, alertando de que “Castilla-La Mancha no puede seguir siendo la gran sacrificada del sistema hídrico nacional”.
“El campo no puede esperar más, o se toman decisiones valientes ahora, o el abandono será irreversible. La situación es muy grave y sin agua no hay campo. Sin campo no hay futuro”.
El parlamentario ha criticado duramente la actual política hídrica, afirmando que “no estamos ante una política de agua, estamos ante una política de recortes, de ajuste y de castigo al campo”. Asimismo, ha planteado la desigualdad en el reparto de recursos hídricos, cuestionando cómo se explica a los agricultores de municipios como Tomelloso, Socuéllamos, Campo de Criptana o Alcázar de San Juan que dispongan de dotaciones muy inferiores a las de otros territorios cercanos o incluso países vecinos.
En este contexto, Lucas-Torres ha denunciado medidas como la reducción de pozos en el Alto Guadiana, la falta de regularización de explotaciones prioritarias, el cierre previsto de aprovechamientos en 2035 y el incremento de cargas burocráticas e impuestos. “Esto no es política hidráulica. Esto es asfixiar al campo, poner contra las cuerdas a miles de familias y empujar a nuestros agricultores al abandono”, ha afirmado.
El diputado regional ha subrayado que el problema del agua es estructural y marcará el futuro de la región durante décadas, recordando que el horizonte de 2027 fijado por la Directiva Marco del Agua puede suponer la desaparición de instrumentos clave como el Plan Especial del Alto Guadiana si no se producen cambios legislativos.
“Miles de agricultores pueden perder sus derechos de riego de un día para otro, no por incumplir, sino porque alguien ha decidido cerrar el grifo”, ha advertido.
Lucas-Torres también ha puesto el foco en las consecuencias económicas y sociales, alertando de que la reducción del agua implica pérdida de rentabilidad, abandono de explotaciones y despoblación rural. “Recortar agua en Castilla-La Mancha no es proteger el medio ambiente, es condenar al medio rural”, ha señalado, recordando además la pérdida de empleo agrario y el impacto en sectores vinculados como la industria agroalimentaria o el transporte.
Y ha criticado la falta de inversión y planificación en España frente a otros países como Portugal, donde, “se ha apostado por infraestructuras hidráulicas que han transformado el campo. Mientras allí el agua es oportunidad, aquí se utiliza como excusa para cerrar explotaciones”.
Además, ha denunciado situaciones que considera “injustas”, como sanciones a la investigación agraria, asegurando que “si se multa a quien investiga, se condena a quien produce”.
“Esto no va de ideología ni de siglas, va de salvar Castilla-La Mancha, de salvar nuestro campo y nuestros pueblos. Por ello, es necesario la creación de una comisión de estudio y análisis que permita alcanzar soluciones consensuadas entre administraciones, organizaciones agrarias, cooperativas, universidad y grupos políticos”.
Entre las medidas planteadas, ha destacado la ampliación del plazo de la Directiva Marco del Agua hasta 2032, la prórroga del Plan Especial del Alto Guadiana, la modificación de la normativa para garantizar seguridad jurídica y la apuesta por la reutilización de aguas depuradas y la recarga de acuíferos.
“Hay dos caminos: invertir, modernizar y dar futuro, o cerrar, recortar y abandonar. El Ministerio para la Transición Ecológica ha optado por el más rápido, el más fácil y el más injusto. Y lo que está en juego no es el agua, es si Castilla-La Mancha tiene futuro o si la condenamos a convertirse en un territorio vacío”, ha finalizado.
