UGT ha salido a las calles de Castilla-La Mancha para guardar un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen y poner en tela de juicio el actual modelo de vivienda, un modelo en el que los fondos de inversión, grandes tenedores y empresas inmobiliarias acumulan enormes beneficios mientras millones de personas viven con miedo a una subida del alquiler, a no poder renovar su contrato o a perder su hogar.
A las puertas de las sedes del sindicato en la región, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras ha exigido un modelo en el que tener un empleo garantice una vivienda, máxime cuando, hoy en día, las subidas salariales conseguidas mediante la negociación colectiva terminan absorbidas por alquileres cada vez más elevados, la juventud no puede emanciparse y muchas familias trabajadoras destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un techo.
UGT ha tenido hoy un recuerdo para todas las víctimas de la violencia económica que ejercen los especuladores y entidades financieras que han convertido los hogares en bienes financieros y a los inquilinos en estorbos a eliminar. Hacía un llamamiento a la clase política y a todos aquellos que gobiernan sin adoptar soluciones suficientes y sin permitir medidas que protejan a las personas vulnerables, responsables políticos que no han sido capaces de crear un parque público de vivienda capaz de ofrecer alternativas reales.
“El reciente rechazo parlamentario de los decretos de emergencia habitacional demuestra que hay fuerzas políticas dispuestas a bloquear incluso medidas urgentes de protección frente a los desahucios y los abusos del mercado”.
Por todo ello, UGT reclama que se impidan los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional con una ley propia; regular los precios del alquiler y evitar subidas abusivas; garantizar la estabilidad residencial; ampliar de forma sostenida el parque público de vivienda asequible y protegido frente a la privatización; y movilizar las viviendas vacías y frenar los usos especulativos, turísticos y temporales que expulsan a la población de sus barrios.
“Y exigimos salarios dignos, porque la crisis de vivienda también es una crisis de distribución de la riqueza. No podemos aceptar que el crecimiento económico se traduzca en mayores beneficios para unos pocos mientras las personas trabajadoras pierden capacidad para desarrollar su proyecto de vida”.
