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Declaraciones en juzgado por la sustracción ilegal de bebés en España: “Queremos arrojar luz a lo sucedido”

Un hecho de gran trascendencia para arrojar luz sobre una práctica que se extendió durante todo el franquismo y que se mantuvo hasta los años 90. Amnistía Internacional insta a todos los grupos parlamentarios a aprobar cuanto antes la Ley de Bebés Robados.

Un juzgado de Madrid ha tomado declaración por el caso de la bebé robada Ana Belén Pintado, una niña robada de Campo de Criptana (Ciudad Real). La querella se interpuso contra la Maternidad Santa Cristina en diciembre 2022 por delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, alteración de paternidad/maternidad y falsedad documental en el contexto de crímenes contra la humanidad.

El pasado 20 de marzo el juzgado suspendió la toma de declaraciones de Ana Belén Pintado y su madre Pilar Villora, así como del exdirector de la Maternidad del Hospital Universitario Santa Cristina, José Zamarriego, justificando la suspensión por un informe forense que dictaminó que el exdirector padecía un deterioro cognitivo que le impedía prestar declaración.

Amnistía Internacional valora positivamente que el Juzgado de Madrid haya dado este nuevo paso en la investigación del caso de Ana Belén Pintado, si bien lamenta la ausencia de la fiscalía. La organización lleva años insistiendo en la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad para las víctimas y sus familias. Por ello, considera alentador que se haya tomado declaración a la madre biológica y a personal de la clínica, después de que la Audiencia Provincial ordenara reactivar la investigación.

Las declaraciones que se han desarrollado en el día de hoy han sido de la madre Pilar, una administrativa y dos matronas, una de ellas en calidad de investigada. A la salida de los juzgados, Pilar Villora ha compartido, en referencia a lo que sucedió, que “se la llevaron a lavar y cuando volvieron dijeron que había fallecido. Yo la reclamaba y no me la traían”. En relación con el impacto que provocó en su vida, ha declarado “no me van a reparar, esos daños no me los va a quitar nadie”.

La querellante, Ana Belén Pintado, destaca la relevancia que tiene que un Juzgado tome declaración en el marco de un proceso penal a una persona que sufrió graves vulneraciones punibles de derechos humanos en el contexto conocido por “bebés robados”.

El término de “bebés robados” engloba a los miles de niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad en España desde el final de la guerra civil hasta mediados de la década de los noventa del siglo pasado.

“Estamos en nuestro derecho de saber, estos casos no se pueden archivar, tiene que esclarecerse y decirnos qué es lo que pasó con nosotras. Mientras mis fuerzas me lo permitan voy a seguir, ya no solo por mi y por mi madre sino por todas las personas que hay. Estos casos no pueden quedarse en el olvido, tienen que salir y decirnos la verdad” , ha manifestado Ana Belén Pintado a frente a los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

La abogada Itziar Bilbatua ha compartido que “nos han limitado mucho los interrogatorios, solo nos han dejado preguntar por hechos concretos de Ana Belén y su madre, no nos han dejado interrogar  en el sentido en que se amplió la demanda como delito de lesa humanidad de desaparición forzada por cuanto no fue un hecho aislado sino que hechos similares se produjeron de forma sistemática en la maternidad por multiplicidad de participantes”. Como siguientes pasos destaca que “volveremos a recordar que hay muchas diligencias admitidas que no han sido practicadas y otras solicitadas respecto a las que la juez no se ha pronunciado.”

El robo de la bebé Ana Belén y el reencuentro con su madre Pilar

Pilar, madre biológica de Ana Belén, dio a luz el 10 de julio de 1973, en la clínica Santa Cristina en Madrid. En la documentación recabada figura que Pilar ingresó en esta clínica porque venía de beneficencia, debido a que carecía de recursos económicos, pero, pese a tratarse de una clínica pública, Pilar fue atendida en una planta reservada para partos privados para clientes particulares de los doctores de esta clínica.

Pilar cuenta que, tras dar a luz, y después de haber tenido al bebé en sus brazos, se presentó una señora en su habitación que le puso una máscara en la cara que pudo ser para suministrarle anestesia. Pilar perdió el conocimiento y, cuando despertó horas después, le informaron de que su hija había fallecido. Pilar pidió ver a la niña, pero le respondieron: «no se preocupe usted, nos hemos encargado de todo, haga las maletas y váyase».

La madre adoptiva de Ana Belén estaba en la clínica el día que Pilar dio a luz. Un familiar de la familia adoptiva de Ana Belén, que sabía que era adoptada, le contó que su madre adoptiva quiso, el día del parto, ir a conocer a Pilar y que, de hecho, se asomó a la habitación para verla.

Ana Belén creció creyendo ser hija biológica de su madre y padres adoptivos. Tras el fallecimiento de éstos, Ana Belén comenzó en 2018 a recabar documentación para gestionar la herencia. Necesitaba su certificado de nacimiento, y cuando lo solicitó vio que figuraba que había nacido en Madrid y que su partida de nacimiento se encontraba restringida.

Tras presentar una solicitud especial para que le enviaran el certificado, comprobó que había sido adoptada. En el certificado Ana Belén figura con otra filiación («Pardo López», en vez de la que tiene por sus padres adoptivos, “Pintado Lucas-Torres”), y consta una inscripción al margen indicando que es adoptada. Algo de lo que no había sido informada por sus padres adoptivos antes.

A partir de ese momento inició el proceso de búsqueda. Tras pasar mucho tiempo sin que desde el Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid le dieran una respuesta, contactó con una abogada, con quien logró que le avanzaran información sobre su madre biológica, Pilar, que el Instituto consiguió tras haber requerido el libro de partos al Hospital Santa Cristina.

En el libro de partos, además de señalar a Pilar como madre biológica de Ana Belén, también se indica que Pilar dio a luz el 10 de julio de 1973 en la habitación nº22 de la clínica O’Donnell, tratándose de la misma habitación en la que la documentación clínica obtenida por Ana Belén señala que dio a luz su madre adoptiva, figurando los mismos datos sobre el parto y sobre el bebé.. En esta documentación figura el médico denunciado, el Dr. Castillo, y también una comunicación firmada por este doctor, dirigida al Registro Civil, en la que se afirma que Ana Belén es hija de madre desconocida.

Ana Belén recurrió a la prensa para intentar encontrar a su madre, acudiendo a un programa de Castilla-La Mancha TV. Tiempo más tarde, Ana Belén recibió una llamada anónima que le dijo que tenía información de quién podría ser su madre y le dieron un teléfono al que llamó, tratándose de  Pilar. Realizaron una prueba de ADN, que dio 99,99% de compatibilidad, confirmando la relación materno-filial.

Una Ley de “bebés robados” que no se puede demorar más

Amnistía Internacional lleva años insistiendo en la necesidad de investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad. La organización publicó el informe Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de «bebés robados» en el año 2021, donde recogió que esta práctica ha vulnerado el derecho a la protección de la vida familiar, que incluye el derecho a la identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares sin injerencias ilícitas.

Esa violación de derechos humanos se ha prolongado en el tiempo por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda. Un sufrimiento emocional y psicológico que puede alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, como lo han reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU, y que solo podrá aliviarse con respuestas concretas sobre lo sucedido y con su reparación.

La Ley sobre “bebés robados”, cuya primera proposición de ley se presentó en 2018 y cuya tramitación está pendiente de aprobación  en la legislatura actual, es una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de esas violaciones de derechos humanos y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Al respecto el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, expertas y expertos independientes en derechos humanos de la ONU instaron a España a aprobar la proposición de Ley sobre los «bebés robados». La organización considera que esta ley debe aprobarse, incorporando la asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica, y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda.

Declaración Institucional en las Cortes de Castilla-La Mancha

El Pleno de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobó por unanimidad el jueves 25 de noviembre de 2021 una declaración institucional para que el Gobierno de la Comunidad instara a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, así como al Gobierno de España, a agilizar la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español hasta su aprobación definitiva.¨

Esta iniciativa partió de la Campaña de Impulso de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español en la que participa activamente Amnistía Internacional junto con la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) y numerosas asociaciones de víctimas de ‘bebés robados’.

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