A partir de este sábado 17 de octubre, mirar el número de teléfono antes de responder puede ofrecer una pista mucho más clara sobre quién llama y con qué intención. Las empresas que utilicen el teléfono para ofrecer productos, promocionar servicios o realizar comunicaciones comerciales deberán identificar esas llamadas mediante números que comiencen por el prefijo 400.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha recordado este viernes, 16 de octubre, la entrada en funcionamiento de esta medida, vinculada a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Su finalidad práctica es sencilla: que el consumidor pueda reconocer que está ante una llamada comercial antes incluso de contestar y decidir si quiere atenderla.
Hay además una particularidad importante. Los teléfonos identificados con el 400 estarán destinados a efectuar este tipo de comunicaciones y solo podrán realizar llamadas, no recibirlas. La normativa busca también diferenciar las comunicaciones destinadas a vender o promocionar productos de aquellas utilizadas por las compañías para atender reclamaciones, gestionar incidencias o prestar otros servicios de atención al cliente.
En la práctica, el cambio puede resultar especialmente útil para quienes reciben llamadas frecuentes de compañías con las que no mantienen una relación previa. Hasta ahora, distinguir a simple vista una comunicación comercial podía ser difícil. Desde este sábado, la aparición del 400 permitirá saber de antemano cuál es la finalidad de la llamada.
El Ministerio añade otra protección relevante: la nueva regulación establece la nulidad de los contratos que se cierren mediante llamadas telefónicas no consentidas. La finalidad declarada es reducir la presión que puede sufrir un consumidor durante estas comunicaciones y desincentivar las campañas comerciales efectuadas sin consentimiento.
El recordatorio se ha producido coincidiendo con la apertura de un expediente sancionador a una gran compañía de telecomunicaciones por determinadas prácticas que Consumo considera que podrían ser abusivas. El organismo no identifica públicamente a la empresa en su comunicación. Si finalmente las conductas investigadas se confirman, las sanciones pueden alcanzar un millón de euros por cada práctica o situarse entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido, según explica el propio Ministerio.
Para el ciudadano, la fecha que conviene recordar es, por tanto, 17 de octubre de 2026. A partir de ese momento, el prefijo 400 pasa a convertirse en una señal fácilmente reconocible de que al otro lado del teléfono hay una comunicación comercial.
La explicación completa puede consultarse en la comunicación oficial del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
