Desde ASAJA se insiste en que las decisiones salariales se toman sin tener en cuenta la realidad del campo. En apenas ocho años, el salario mínimo ha pasado de 735 euros a 1.221 euros por trabajador. Pero el impacto real va mucho más allá de esa cifra.
Cada trabajador supone hoy para una empresa agraria un coste aproximado de 1.989 euros al mes en nómina, una carga que se suma a un escenario de pérdidas en buena parte de los sectores productivos. El campo no cotiza en bolsa.
Mientras los costes laborales suben reiteradamente —un 66% en la última revisión—, los precios que reciben agricultores y ganaderos en origen “siguen siendo los mismos”. ASAJA subraya que si ese 66% hubiera ido acompañado de una subida equivalente en los precios de las producciones, la situación sería distinta. Pero no es así.
El cereal es uno de los ejemplos más claros. Con precios bajos y costes crecientes, muchas explotaciones no pueden hacer frente a la campaña. La misma situación se repite en frutas y hortalizas. Según se denuncia, en 2025 desaparecieron casi 20.000 trabajadores del sector, reflejo de la pérdida de actividad y de la falta de rentabilidad.
ASAJA también alerta sobre los efectos de impedir la compensación y absorción en convenios colectivos, lo que supondría un incremento adicional de costes. La organización considera que esta medida generará más presión económica en explotaciones que ya operan con márgenes mínimos.
La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros confirma, según ASAJA, una política alejada de la realidad del campo. Desde 2018 el SMI ha aumentado cerca de un 66%, pasando de 735 euros a 1.221 euros por trabajador. Pero el impacto real para una explotación agraria no es esa cifra: el coste total por empleado alcanza ya los 1.989 euros mensuales, sumando salario y cotizaciones.
