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Fundación Madrina reclama a todos los partidos un Pacto de Estado contra la pobreza materno-infantil

La entidad, con más de 25 años asistiendo a madres y menores en exclusión, presenta a las formaciones políticas una hoja de ruta en cuatro ejes -Economía, Salud, Derecho y Políticas Sociales- para que la infancia vulnerable salga de la agenda partidista.

A dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y en plena campaña, Fundación Madrina ha hecho público un llamamiento a todos los partidos políticos y candidatos con representación parlamentaria para que incorporen a sus programas y a los futuros acuerdos de gobierno un paquete integral de reformas destinado a erradicar la pobreza infantil y materno-infantil en España.

La propuesta se apoya en su paquete de 31 medidas urgentes, en su propuesta de Pacto Nacional por la Lactancia y en las conclusiones de su I Congreso Europeo sobre Maternidad e Infancia, y reclama medidas estructurales que saquen la protección de la infancia vulnerable de la confrontación partidista.

Desde su fundación en el año 2000, la organización —que gestiona en Madrid el Banco del Bebé, banco especializado en alimentación e higiene infantil para menores de tres años, y el programa de repoblación rural Pueblos Madrina— ha trasladado al Congreso, al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las instituciones europeas diversas baterías de peticiones. Ante el nuevo ciclo político que se abrirá tras el 29-N, las sintetiza en cuatro áreas estratégicas.

7.000–10.000 €

ayuda anual directa por familia con menores en vulnerabilidad severa

7 % del PIB

meta de inversión en infancia y maternidad

hasta el 100 %

de deducción fiscal a empresas que donen alimentos e higiene infantil

96 semanas

de permisos de maternidad y lactancia en su Pacto por la Lactancia

«La protección de la maternidad y la infancia no puede seguir siendo una partida secundaria ni una pieza de intercambio político. Invertir en los primeros años de vida, garantizar una vivienda digna y una sanidad igualitaria es la decisión económica y social más rentable para asegurar el futuro del país».

Conrado Giménez-Agrela, presidente y fundador de Fundación Madrina

1  Economía, fiscalidad y empleo: invertir en capital humano

Madrina defiende que invertir en maternidad y primera infancia es un pilar de la sostenibilidad del Estado del bienestar frente al invierno demográfico. En este ámbito pide:

  • Ayudas directas de emergencia materno-infantil. Transferencias directas del Estado, en el entorno de 7.000 a 10.000 euros anuales por familia con menores a cargo en situación de vulnerabilidad severa, destinadas a garantizar la alimentación básica y la higiene infantil, junto con un salario base maternal durante la crianza que asegure la subsistencia y el retorno al mercado laboral.
  • Meta de inversión. Elevar progresivamente el gasto público en infancia y maternidad hasta el 7 % del PIB, tal como plantea en su propuesta de Pacto Nacional por la Lactancia.
  • Mecenazgo y solidaridad empresarial. Deducciones y exenciones fiscales de hasta el 100 % para las empresas que donen alimentos, productos de higiene infantil, ropa y enseres destinados a madres y bebés vulnerables.
  • Empleo, autónomos y emprendimiento. Mejor tratamiento fiscal de los autónomos con cargas familiares, nuevas figuras jurídicas y programas de autoempleo tecnológico y digital orientados a madres, visados exprés de trabajo y emprendimiento, y homologación ágil de títulos universitarios y profesionales, con prioridad en el ámbito sanitario y los sectores de alta demanda.
  • Protección frente a la pobreza energética. Medidas de choque para controlar el coste y garantizar el suministro básico de electricidad, gas y butano en hogares vulnerables, familias monoparentales y asentamientos marginales.

2  Salud: sanidad universal y primeros 1.000 días

La fundación alerta de las brechas territoriales y económicas que dificultan el acceso de gestantes y menores a las prestaciones básicas. Sus reivindicaciones son:

  • Tarjeta sanitaria y social única. Restablecer plenamente la sanidad universal, gratuita e igualitaria mediante una tarjeta válida en todo el territorio nacional, para que ninguna familia pierda derechos o cobertura al cambiar de comunidad autónoma.
  • Ampliación de la Garantía Infantil Sanitaria. Incluir de forma gratuita y prioritaria en la cartera pública servicios hoy difíciles de costear para las familias en exclusión: odontología, oftalmología (con provisión de gafas) y salud mental materno-infantil.
  • Pacto Nacional por la Lactancia y nutrición infantil. Proteger los primeros 1.000 días de vida garantizando el acceso universal a recursos nutricionales infantiles (leche maternizada, potitos y papillas), defendiendo la lactancia materna y combatiendo la pobreza menstrual.
  • Atención socio-sanitaria de urgencia y acogida. Reforzar los servicios de asistencia integral materno-infantil en situaciones de abandono o crisis, en línea con su Servicio de Ayuda Materno-Infantil (SAMI), y dotar de más recursos preventivos y de acogida a la mujer embarazada en riesgo de exclusión.

3  Derecho: seguridad jurídica para el menor y fin de la exclusión administrativa

A partir de las conclusiones jurídicas de sus foros europeos y de sus comunicados previos, Madrina solicita a los futuros legisladores reformas concretas:

  • Defensor del Menor independiente. Crear esta figura con competencias reales e independencia respecto a las administraciones, y avanzar hacia un Libro Blanco y unos marcos jurídicos homogéneos que reconozcan la maternidad y la infancia como patrimonio universal.
  • Nacionalidad por «derecho de suelo». Reconocer la nacionalidad española a los niños nacidos y residentes en España cuyos padres procedan de países sin convenios de doble nacionalidad o con vacíos legales, evitando situaciones de indefensión jurídica.
  • Empadronamiento y documentación. Agilizar los trámites municipales de empadronamiento y regularización administrativa para frenar la exclusión documental que deja fuera de las ayudas públicas a miles de madres y menores.
  • Regularización humanitaria y lucha contra la trata. Aplicar modelos ágiles de regularización, asimilados a los de crisis humanitarias como el habilitado para la población desplazada de Ucrania, para mujeres migrantes vulnerables con menores a cargo, y reforzar la persecución de las mafias y redes de tráfico de personas.
  • Protección laboral y seguridad en el alquiler. Endurecer la persecución de la discriminación y el acoso laboral por embarazo o maternidad (mobbing maternal) e impulsar fórmulas como el alquiler social garantizado, en colaboración con el Notariado, que protejan frente a impagos a los propietarios que arrienden viviendas a familias vulnerables.

4  Políticas sociales, vivienda y reto demográfico: romper la cronificación de la exclusión

Por último, en el plano social y territorial, la organización reclama medidas que rompan la cronificación de la pobreza en las grandes áreas metropolitanas:

  • Caja solidaria única intercomunitaria. Un mecanismo estatal que unifique y haga portables las prestaciones sociales entre municipios y comunidades autónomas, para evitar que las familias queden atrapadas en «guetos de pobreza» por miedo a perder sus subsidios o su antigüedad de empadronamiento si se mudan.
  • Vivienda social y realojo de emergencia. Incrementar con urgencia el parque público de vivienda social, tanto en ciudades como en el medio rural; combatir la discriminación que sufren embarazadas y familias con niños en el mercado del alquiler, donde llegan a destinar entre el 80 % y el 90 % de sus ingresos a una vivienda o habitación; y ejecutar planes humanitarios de realojo en focos de exclusión extrema como la Cañada Real.
  • Repoblación rural. Convertir la lucha contra la exclusión urbana en una oportunidad para la «España vaciada» mediante programas nacionales inspirados en Pueblos y Abuelos Madrina, que rehabiliten viviendas vacías en municipios pequeños y vinculen el traslado voluntario de familias con menores a proyectos de empleo, emprendimiento rural y mantenimiento de escuelas rurales.
  • Conciliación real y permisos ampliados. Ampliar los permisos de maternidad y lactancia hasta las 96 semanas planteadas en su Pacto por la Lactancia, mantener abiertos colegios y guarderías en los periodos no lectivos y en verano para que las madres con cargas familiares no pierdan su empleo, y mejorar la accesibilidad en el transporte y los espacios públicos para embarazadas y carritos de bebé.
  • Respeto institucional al Tercer Sector. Que las entidades sociales no sean utilizadas como moneda de cambio en negociaciones presupuestarias o partidistas, y que se asegure una financiación estable para atender las emergencias sociales y las «colas del hambre».

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