La diputada Carmen Fúnez y el diputado Enrique Belda, compatibilizan desde el pasado 30 de julio sus obligaciones para con la provincia de Ciudad Real con la participación en las decisiones restitutivas necesarias tras la invasión programada perpetrada en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Especialmente destacado es el papel de Carmen Fúnez como máxima responsable del Partido Popular en asuntos sanitarios y sociales, que viajó los primeros días de la crisis a este territorio y ha formulado propuestas a todos los niveles de parlamento y sociedad. Esta semana, acompañada por Belda (encargado de propuestas para fortalecer normativamente la actuación del Estado ante la previsible repetición de este tipo de presión marroquí), ha viajado a la ciudad española del norte de África con una agenda eminentemente social continuando los contactos y coordinación con varios consejeros del gobierno de Juan Jesús Vivas. Los medios nacionales ya han informado de los aspectos sanitarios y asistenciales en las últimas horas. A través de esta nota, los parlamentarios quieren responder a un asunto adicional: las inquietudes de los electores de nuestra circunscripción sobre la sensación de indefensión de la soberanía española, con el actual marco legal, no pensado para afrontar la mala intención de países limítrofes.
“Reiteramos como partido la necesidad de una Proposición de Ley que modifique la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El objetivo es que el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla se aplique a cualquier intento de entrada irregular, también las que se producen a nado”, informan. La reforma responde a las incertidumbres provocadas por la manipulación de la sentencia 814/2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que limitó el rechazo en frontera a los casos en que se superan los elementos de contención fronterizos, en aplicación literal de la norma vigente. El Partido Popular propone garantizar que este régimen aplique también a los intentos de entrada a nado en ambas ciudades autónomas, tal y como ocurrió los pasados 30 y 31 de julio de forma masiva en Ceuta.
“Es una medida básica ante la situación creada por la inacción del gobierno, que los extranjeros detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de Ceuta o Melilla durante un intento de entrada irregular puedan ser rechazados para impedir su entrada ilegal en España”. La aplicación del régimen dependerá así del intento de entrada irregular y no del medio empleado.
El PP registró esta iniciativa ya en el Congreso el 16 de julio (antes de la invasión) y en el Senado el 3 de agosto, pero el gobierno está paralizando su tramitación en el Congreso. En el Senado ya han transcurrido tanto los 15 días que tienen los grupos para presentar proposiciones alternativas como los 10 que tiene el Gobierno para vetarla, según el Reglamento de la Cámara. Como agosto es inhábil, el pleno del 30 de septiembre es la primera ocasión en que el PP puede llevar esta ley a las Cortes Generales a través del Senado. Para el PP se trata de un asunto prioritario, habida cuenta de que en los dos últimos plenos de control al Gobierno en el Senado la práctica totalidad de sus iniciativas versaron sobre Ceuta.
La sentencia del Supremo fue la excusa del Gobierno para eludir su responsabilidad en la invasión de Ceuta del 30 de julio. Fue Pedro Sánchez quien la invocó en su única y exprés visita a la ciudad, mientras el PSOE reconoció en el último pleno del Congreso que hay que reformar la ley. Si el Gobierno cree de verdad que la sentencia causó la invasión, no tendrá inconveniente en apoyar esta reforma. Ignoraron al PP 14 días antes del ataque inédito a la integridad territorial de España y han demostrado desde entonces que no están dispuestos a defender a los ceutíes, pero tienen la oportunidad de retractarse dos meses después.
“En virtud de esta misma urgencia, el PP exige a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no bloquee esta ley cuando la apruebe el Senado, como ha ocurrido con las más de 40 leyes del PP que ha aprobado la Cámara Alta, y que la tramite por la vía de urgencia para que pueda estar aprobada lo antes posible”, terminan.
