La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha publicado su Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, 2025, gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y en el que, entre otros muchos temas, denuncia la desprotección y las violencias que sufren sistemáticamente y en diversos ámbitos de la vida, las mujeres, niñas y adolescentes con problemas de salud mental. Lo hace a partir de los resultados del ‘Estudio GEA sobre la gestión del empoderamiento y la accesibilidad en derechos de las mujeres y niñas con problemas de salud mental en España’, elaborado por la misma Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Dicho estudio alerta de una “clara vulneración de los derechos sociales en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, adolescentes y niñas con problemas de salud mental” y denuncia que la sociedad y los servicios públicos, a menudo, transforman sus necesidades en patologías o diagnósticos psiquiátricos, ejerciendo violencia estructural sobre sus vidas.
Así, el documento visibiliza, entre otras, las violencias institucionales, la invalidación de la maternidad, la invisibilización de su sexualidad, la limitación de su autonomía económica, o la dificultad para mantener relaciones afectivas y cuidados seguros.
Tal es el estado de inseguridad en el que se encuentran las mujeres con problemas de salud mental, que el 40% de ellas declara haber vivido violencia física o psicológica por parte de su círculo cercano (amistades, familiares), el 35% por parte de parejas o exparejas y el 19% por parte de personas desconocidas.
Frente a estos datos, en el Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental 2025 se advierte del “muy alto nivel de correlación entre las violencias desde el inicio de la vida y cómo se van encadenando con los malestares de salud mental e incluso con algunos problemas de salud mental graves. Es muy difícil hablar de vida sin violencia en mujeres con problemas de salud mental. Esta correlación se da siempre”.
La feminización de la pobreza es otra de las barreras persistentes que se destaca en el informe, una circunstancia que afecta irremediablemente a la autonomía y calidad de vida de las mujeres, niñas y adolescentes con problemas de salud mental. Según el estudio GEA, el 84% de las mujeres con problemas de salud mental se ha mudado en los últimos años por no poder pagar el alquiler o la hipoteca. Se observan, además, mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por una falta de derivación a servicios sociolaborales de formación y capacitación para las mujeres y niñas, debido al diseño androcéntrico de los servicios y la distribución desigual de tareas por razón de género y las dificultades de conciliación.
Sesgos en la atención profesional
De otro lado, el informe pone de relieve los datos recogidos por el estudio GEA en cuanto al abordaje que hacen las y los profesionales de la salud mental cuando enfrente tienen a una mujer, una adolescente o una niña.
La mayoría de las y los profesionales admite tener un sesgo de género. Por ejemplo, el 74% ha identificado medicaciones inadecuadas y/o excesivas, y el 85% considera que los servicios existentes no dan respuesta a todas las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres con problemas de salud mental”.
Esta percepción tiene correlación con las vivencias de las mujeres, entre las que el 41% declara llevar más de 6 años sin revisión en sus pautas de medicación, el 67% dice no haber recibido información suficiente acerca de los efectos secundarios de su tratamiento y el 65% no fue informada sobre tratamientos alternativos.
Además, el 21% ha sido ingresada alguna vez (de ellas, el 37% de forma involuntaria), mientras que el 51% ha sufrido malos tratos durante el ingreso.
Para Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, estos datos revelan “las carencias en la consideración y atención de las mujeres con problemas de salud mental”, pero, al mismo tiempo, “son una guía para avanzar en el camino hacia el imprescindible cambio de paradigma”, un cambio que “habrá de hacerse incorporando el enfoque biopsicosocial para, de este modo, aproximarse a la vida de las mujeres, niñas y adolescentes desde todos sus ángulos”. Muñoz Escandell señala también que se trata de un reto no solo para las y los profesionales, sino también para el conjunto de la ciudadanía, “porque es nuestra responsabilidad, tanto individual como colectiva, construir sistemas más justos y humanos”.
La IA, riesgos y potenciales beneficios
Otro de los aspectos que aborda el ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, 2025’ es la llegada de la inteligencia artificial (IA) al ámbito de la salud mental.
En este sentido, la Comisión de Defensa de Derechos de la Confederación ha estudiado algunas propuestas elaboradas por otras entidades, como la de Mental Health Europe, titulada ‘Inteligencia artificial y salud mental’. En este estudio se hace un análisis de las oportunidades y riesgos que supone una atención a la salud mental en la que se recurra al uso de esta tecnología se presentan una serie de reflexiones acerca de la ética profesional y el respeto a los derechos de las personas con problema de salud mental.
El estudio destaca también que “la sanidad es uno de los sectores más populares para el despliegue de la IA en la Unión Europea”, empleándose tanto para tareas administrativas, como de apoyo a la toma de decisiones profesionales, terapias digitales y tecnologías de detección personal, y seguimiento de personas con problemas de salud mental.
Aunque reconoce potenciales beneficios, como “la mejora de la accesibilidad a la asistencia en salud mental, en particular para las poblaciones desatendidas, y la reducción de las cargas administrativas en los sistemas sanitarios”, a nivel individual, advierte de “riesgos de seguridad, violaciones de la privacidad y consentimiento informado inadecuado, refuerzo de las desigualdades o la creación de otras nuevas, la vigilancia excesiva, el refuerzo de las visiones individualistas de la salud mental, la despersonalización de la atención y el desvío de recursos limitados”.
Además, “está el efecto de la IA sobre jóvenes, adolescentes, niños y niñas”, según alerta el informe de la Confederación, a partir de las conclusiones del ‘VII Informe de Acoso Escolar en Centros Educativos’, elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR[1], a partir de los datos analizados durante curso escolar 2024-25, y del testimonio de 8.781 estudiantes y 355 docentes.
Según este documento, en el último curso escolar han crecido los casos de ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial (IA) para llevarlos a cabo. La IA ya se usa en el 14,2% de las situaciones de ciberacoso entre escolares, más por chicos (60%) que por chicas (40%). Se utiliza, principalmente, para crear videos falsos a partir de la manipulación de la foto, video o audio de un compañero o compañera (54,8%) o para suplantar su identidad (32,2%). Las principales plataformas por las que se distribuyen estos contenidos entre las y los menores de edad son WhatsApp, Instagram, TikTok y videojuegos.
Al calor de estos datos, y aún conscientes de que el desarrollo de la IA va mucho más rápido que la reacción humana, desde la Comisión de Defensa de Derechos de la Confederación se plantea la urgencia de que las Administraciones y los Estados se pongan manos a la obra para hacer “investigaciones sólidas que determinen riesgos y beneficios reales y regular a partir de ahí”.
Logros en los tribunales europeos: hacia una humanización en la atención a la salud mental
En plena sala de espera para ver qué ocurre en Europa con la aprobación o no del Protocolo Adicional del Convenio de Oviedo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por un ingreso involuntario en el que se vulneró el derecho a la asistencia letrada. La condena contempla una indemnización de 5.000 euros en concepto de daños morales, más 7.000 euros de costas procesales, a un hombre que en 2021 fue ingresado involuntariamente en un hospital psiquiátrico, sin ser escuchado con las debidas garantías, sin contar con asistencia letrada y tras un examen médico que, según se ha podido constatar, no cumplió los requisitos mínimos de rigor y objetividad para fundamentar su privación de libertad[2].
Para Muñoz Escandell, “esta sentencia supone un paso adelante en la consecución del efectivo ejercicio de los derechos de las personas con problemas de salud mental. La eficiencia, la falta de medios o, simplemente, la costumbre, pueden pasar por encima de tales derechos, asentando estructuras que perpetúan un enfoque esencialmente capacitista y que deja poco margen para explorar la sostenibilidad de otros sistemas verdaderamente posibles. Los modelos basados en la maximización de la rentabilidad tampoco ayudan y, muchas veces, las carencias y automatismos mencionados tienen su base en este tipo de sistemas. La sentencia es valiosa en este sentido, porque sitúa en el centro a la persona, y apunta hacia una realidad que, muchas veces, no se vislumbra: en contextos de ingreso involuntario hay formas de actuar más respetuosas con la dignidad y derechos de las personas con problemas de salud mental que muchas prácticas consolidadas que, de tan repetidas, apenas se cuestionan”.
En este sentido, el informe también se alinea con el Grupo de Investigación NURSEARCH[3], de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona y su estudio publicado en la revista Journal of Clinical Nursing, en el que se pone el foco en la percepción de la calidad de los cuidados como factor que puede marcar una gran diferencia en la atención a la salud mental. Este estudio demuestra con datos que mejorar la calidad percibida de los cuidados tiene un impacto real en la vivencia de las personas hospitalizadas y, para lograrlo, es importante impulsar la proximidad diaria del personal de enfermería, facilitar espacios seguros, favorecer la confianza y promover una atención libre de coerción.
Accesibilidad psicosocial: la asignatura pendiente
Un año más, la Confederación denuncia en su ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental’ la ausencia de reconocimiento expreso en nuestras normas de la accesibilidad psicosocial, lo que conlleva la proliferación de barreras para que las personas con problemas de salud mental y/o discapacidad psicosocial puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás.
“La falta de conciencia sitúa a las personas con problemas de salud mental en el terreno de la excepción, ya que las necesidades específicas en materia de accesibilidad sí están contempladas por nuestra normativa para el resto de las personas con discapacidad”, afirma Muñoz Escandell. “Esta exclusión constituye una discriminación tan consolidada que apenas se percibe como discriminación. Sencillamente, no se ve y tiene como efecto toda una serie de discriminaciones en cascada que afectan a los más diversos ámbitos de la vida de la persona”.
Servicio de Asesoría Jurídica
Entre las consultas y demandas que llegan al Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, se mantiene la tendencia de años anteriores, donde predominan las que realizan las mujeres que tienen un familiar con un problema de salud mental (52%), frente a los hombres (48%).
El 69% de las consultas procedió de personas con problemas de salud mental, y aquí los hombres sí superaron a las mujeres (56% vs. 44%).
En cuanto a las áreas sobre las que se realizan las consultas, la mayoría (39%) está relacionada con asuntos civiles (ingresos involuntarios, contratos de vivienda, curatelas, etc.), seguidas por la vulneración de uno o varios derechos (29%), cuestiones administrativas (21%), temas laborales (9%) y asuntos penales o penitenciarios (2%).
