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Visión y Vida alerta de que más de 116.084 castellanomanchegos podrían sufrir “pobreza visual” y pide al Gobierno que tome medidas

El coste de las ayudas ópticas (495€ de media) para las personas de +65 años pueden llegar a suponer el 50% de su pensión.

La asociación de utilidad pública Visión y Vida alerta: 116.084 castellanomanchegos de la considerada tercera edad (+ 65 años) podrían estar padeciendo pobreza visual. En España, la cifra supera los dos millones. Es decir, personas  que, debido a su situación económica, la vida les exige priorizar sus gastos y, para las que, la compra de una ayuda óptica puede desequilibrar su economía, impidiéndoles disfrutar de una buena visión. Este alarmante titular se extrae de su estudio “Pobreza visual en la tercera edad”, presentado hoy en rueda de prensa con el apoyo de Correos Express, filial de paquetería urgente del Grupo Correos, y de la asociación de baja visión, Acción Visión España.

La entidad, que ya hace más de diez años acuñó el término “pobreza visual”, quiere llamar la atención sobre nuestros mayores: “teniendo en cuenta la alta esperanza de vida del país, el incremento del coste de la vida -el 60% de su dinero se destina a cubrir bienes básicos como comida o vivienda- y la cantidad de personas (mayoritariamente mujeres viudas) que viven solas, necesitamos proteger a este segmento para evitar el alto coste social que se derivaría de su mala visión”, explica Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida.

Porque los datos son estremecedores. El informe dimensiona la magnitud del reto en un país envejecido: España supera los 10 millones de personas mayores de 65 años, cerca de una de cada cinco. De estos, más de 8,3 millones de mayores necesitan gafas (82,4%), pero solo 6,6 millones son pensionistas, con una renta media de 1.566,81€ (937€ viudedad).  A ello hay que sumar factores que agravan la situación, como son la fragilidad, barreras de movilidad, soledad residencial y desconocimiento del problema y sus posibles soluciones.

Además, según la tasa AROPE, el 25,7% de la ciudadanía está en riesgo de pobreza en España. En Castilla-La Mancha la cifra es del 33%, ligeramente mayor a la media. Aunque la pobreza se reparte de manera desigual: Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (33%) o la Región de Murcia (32,5%) superan la media del país. Por su parte, País Vasco (14,7%), Islas Baleares (15,2%) o Navarra (16,5%) se encuentran lejos de esta media. 

“Hay que tener en cuenta que a estas edades las necesidades visuales requieren mucho más que una gafa monofocal, de coste inferior. Estimamos que el coste medio que deben asumir es de 495€, explica Alsina. Con estas pensiones medias de referencia, el informe advierte que una sola compra puede representar entre un 31,7% y un 52,8% de la pensión mensual, convirtiéndose en un “gasto imposible” para muchos hogares. 

Con estos datos, el estudio estima que más de 2,1 millones de personas mayores de 65 años (116.084 en Castilla-La Mancha) se encuentran en riesgo asociado a pobreza visual con importantes desigualdades territoriales. Con esto en mente, el informe pone en evidencia una realidad silenciosa: cuando la salud visual se pospone y se acepta “ver un poco peor”, como constató Visión y Vida en su estudio de Galicia Vaciada, en el que solo el 15% de las personas revisadas tenía buena agudeza visual y el resto manifestaba que “para lo que había que ver, les llegaba”, se sufre el riesgo de perder autonomía, aumentar el riesgo de caídas, aislamiento y dependencia.

“Sabemos que existen ayudas, tanto nacionales como locales y regionales, y que la Ley de Dependencia cubre algunos casos, pero necesitamos ofrecer a adultos y mayores una cobertura estructural que les garantice programas de prevención, la integración de la visión en las políticas de envejecimiento activo, información y accesibilidad para las soluciones y, en caso de necesidad, cuentan con la ayuda económica necesaria para disfrutar de buena visión, como pasa ya con el Plan VEO y los menores de 16 años”, incide Alsina. La entidad lo tiene claro: no puede haber ni una sola persona mayor que renuncie a ver bien por motivos económicos. 

Si no actuamos hoy, mañana el Estado no podrá hacer frente al alto coste social derivado de esta situación. “Ver bien jamás puede ser un privilegio”, concluye Alsina.

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