Me preguntaba ayer un amigo a qué partido político iba a votar yo en las próximas elecciones del 29-N. Le respondí con otra pregunta: “Si partimos de que ninguno plantea realmente una reforma profunda del sistema de representación, quizá la cuestión sea precisamente esa: ¿qué partido propone modificar las reglas del juego para corregir los problemas estructurales que llevamos décadas arrastrando en España?
Porque una cosa es querer llegar al poder para gestionar el sistema tal y como está y otra muy distinta plantearse cambiar el propio sistema. Para mí, ahí está la clave; los partidos pueden cambiar gobiernos, ministros, programas y políticas concretas; pero si las reglas de representación, los mecanismos de control y la relación entre ciudadanía e instituciones permanecen prácticamente iguales, difícilmente vamos a solucionar determinados problemas de fondo. Por eso no me interesa tanto quién promete administrar mejor el sistema, sino quién está dispuesto a plantearse si el sistema actual necesita una reforma profunda. Esa reforma debería pasar por más representación de la sociedad, más participación ciudadana y más controles sobre el poder, sin eliminar la legitimidad del Parlamento ni el principio de un ciudadano, un voto. En definitiva: antes de preguntarnos quién queremos que gobierne, quizá deberíamos preguntarnos qué sistema queremos que gobierne a quienes gobiernan.
Hay una pregunta que también deberíamos hacernos con mucha más frecuencia: ¿es realmente representativo nuestro sistema político? La respuesta, si somos sinceros, no puede limitarse a decir que sí porque cada cuatro años acudimos a las urnas. Votar es imprescindible, pero votar no significa necesariamente estar representado en toda la complejidad de una sociedad. Nuestro sistema ha terminado convirtiendo a los partidos políticos en el eje prácticamente exclusivo de la representación pública. Ellos seleccionan a los candidatos que serán nuestros futuros representantes, elaboran las listas, organizan buena parte de la actividad parlamentaria y, cuando llegan al Gobierno, representan principalmente a las élites de sus partidos que les han puesto ahí y además adquieren una enorme capacidad de influencia sobre instituciones que deberían preservar su independencia. El ciudadano vota; después, durante cuatro años, contempla cómo otros toman decisiones en su nombre, en la de su partido en ocasiones muy interesadas y espurias. ¿Es eso suficiente para considerar plenamente representativa una democracia moderna?
La democracia no debería reducirse a la alternancia. Los grandes partidos tradicionales y los que llegan nuevos parecen haber aceptado una premisa que les resulta extraordinariamente cómoda: que democracia equivale, esencialmente, a alternancia en el poder. Unos gobiernan, después gobiernan los otros. Se intercambian los papeles, se responsabilizan supuestamente y mutuamente de los problemas del país y, cuando llegan las elecciones, vuelven a pedir el voto prometiendo resolver aquello que los anteriores no resolvieron. Pero hay algo que debería hacernos reflexionar: han gobernado unos y otros, han cambiado presidentes, ministros, programas y mayorías parlamentarias; sin embargo, determinados problemas permanecen durante décadas: vivienda, productividad, burocracia, endeudamiento, educación, corrupción, deterioro institucional, desigualdad de oportunidades o pérdida de confianza en las instituciones.
Quizá el problema no sean solamente quienes gobiernan, quizá también haya un problema en las reglas del juego; y cuestionar esas reglas no significa cuestionar la democracia, al contrario. Una democracia madura debería tener la capacidad de revisar permanentemente sus propios mecanismos de representación. Los partidos son necesarios, pero no son la sociedad, organizan el debate político, presentan alternativas de gobierno, articulan intereses sociales y permiten que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes proyectos. El problema aparece cuando confundimos esa función con la representación completa de la sociedad.
Una sociedad moderna es infinitamente más compleja que sus partidos, hay científicos, médicos, ingenieros, empresarios, trabajadores, agricultores, profesores, investigadores, artistas, juristas, economistas, autónomos, universitarios, emprendedores, profesionales de la sanidad, organizaciones sociales y miles de ciudadanos que, con su trabajo y conocimiento, construyen diariamente el país; sin embargo, cuando llega la hora de adoptar decisiones trascendentales, toda esa diversidad termina pasando, en gran medida, por un único canal: la representación partidista. Y ahí aparece una pregunta legítima:
¿No debería existir también un espacio institucional donde esa experiencia social pudiera estar representada directamente? Una segunda Cámara de representación social. La propuesta no consiste en sustituir el Parlamento elegido por sufragio universal, tampoco en acabar con los partidos, ni en cuestionar el principio de «un ciudadano, un voto», la propuesta sería otra: complementar la representación política con una representación institucional de la sociedad civil. Podría crearse una segunda Cámara —o transformarse una de las existentes mediante una reforma constitucional— cuya función principal fuera incorporar conocimiento, experiencia y representación social al proceso legislativo. No sería una Cámara de políticos profesionales, tampoco debería convertirse en una Cámara controlada indirectamente por los partidos. Estaría integrada por personas procedentes de diferentes ámbitos de la sociedad: ciencia, universidad, educación, empresa, trabajo, sanidad, justicia, cultura, tecnología, agricultura, mundo rural, investigación, economía, administración y organizaciones sociales, entre otros. Pero aquí aparece la cuestión fundamental: ¿Quién elegiría a esas personas? Porque si las nombraran los partidos, habríamos vuelto al mismo problema por otra puerta.
Una posible fórmula sería establecer un sistema mixto de selección que combinará elección, sorteo cívico y requisitos objetivos de cualificación o trayectoria, dependiendo del sector representado. Por ejemplo, una parte de los miembros podría ser elegida directamente por ciudadanos entre candidaturas independientes; otra podría seleccionarse mediante procedimientos de participación de los colectivos profesionales y sociales correspondientes; y otra mediante sorteo cívico entre ciudadanos que cumplieran determinados requisitos de experiencia o formación para las materias específicas. El objetivo no sería crear una Cámara de expertos que pretendiera gobernar al margen de los ciudadanos. Sería crear una Cámara plural que aportará conocimiento y experiencia junto a la representación política. Su composición debería respetar criterios estrictos de pluralidad territorial, generacional y social, evitando que determinados sectores profesionales terminarán monopolizándola. Y, sobre todo, debería quedar prohibido que sus miembros fueran designados directamente por las direcciones de los partidos.
¿Qué poderes tendría? Aquí es donde la propuesta debe ser especialmente cuidadosa pues una segunda Cámara con poder absoluto podría crear un nuevo problema de legitimidad democrática. Por eso, su función debería ser principalmente de revisión, control, evaluación y propuesta, sin sustituir la legitimidad electoral del Parlamento. Podría, por ejemplo: revisar proyectos legislativos de especial trascendencia; emitir informes públicos obligatorios sobre su impacto económico, social, científico o territorial; solicitar la comparecencia de responsables políticos y altos cargos; evaluar periódicamente el cumplimiento de determinadas políticas públicas; proponer modificaciones legislativas; solicitar revisiones independientes de determinadas leyes; participar en determinados procedimientos de nombramiento institucional; ejercer funciones de control sobre organismos independientes; y disponer de capacidad para devolver determinados proyectos al Parlamento para una segunda deliberación.
No debería poder bloquear indefinidamente la voluntad de la Cámara elegida por sufragio, pero sí debería poder obligarla a explicar, revisar y justificar determinadas decisiones. Ahí estaría su verdadera utilidad. No sustituir al poder político. Contrapesarlo. Esta segunda Cámara no debería convertirse en un segundo Parlamento con idéntica capacidad de decisión. Su legitimidad tendría que proceder de una combinación de mecanismos: elección ciudadana en determinados ámbitos, procedimientos transparentes de selección, representación plural, mandato limitado, incompatibilidades estrictas y rendición pública de cuentas. Sus miembros deberían publicar su trayectoria profesional, posibles conflictos de intereses y patrimonio. Sus reuniones y votaciones deberían ser públicas. Deberían existir mecanismos de recusación y cese en caso de incumplimiento grave. Y nadie debería poder permanecer indefinidamente en la institución. La Cámara tampoco debería tener una mayoría permanente de ningún sector profesional. La representación social no puede convertirse en otro oligopolio.
Una Cámara de la sociedad civil podría terminar dominada por élites profesionales, grandes empresas, organizaciones con mayor capacidad de influencia o grupos de presión. Y eso sería sustituir un problema por otro. Por eso la reforma tendría que incorporar mecanismos de protección desde el principio, tendría que poner límites estrictos a las incompatibilidades, registro obligatorio de reuniones y grupos de interés, declaraciones públicas de patrimonio e intereses, rotación de miembros, mandatos limitados, prohibición de recibir determinadas remuneraciones externas, auditorías independientes, transparencia absoluta en las votaciones. Y, sobre todo, ninguna organización debería tener garantizada una cuota permanente de representación.
Necesitamos también recuperar una idea sencilla: la democracia no termina el día de las elecciones. El ciudadano debería disponer de más mecanismos para intervenir entre procesos electorales: de Iniciativas legislativas ciudadanas más accesibles, de consultas públicas vinculantes en determinadas materias, de procesos de evaluación de las grandes políticas públicas, de audiencias ciudadanas, de mayor transparencia sobre cómo se elaboran las leyes y de mecanismos efectivos para conocer quién participa en las decisiones y con qué intereses. La tecnología permite hoy una participación ciudadana que hace unas décadas era prácticamente imposible. No tiene sentido disponer de herramientas para comunicarnos instantáneamente con millones de personas y mantener, al mismo tiempo, una relación política basada casi exclusivamente en votar cada cuatro años.
Los partidos forman parte de la democracia y deben seguir formando parte de ella, le dije a mi amigo; pero, los partidos tradicionales y los que vienen nuevos no tienen demasiado interés en modificar radicalmente el mecanismo que les concede muchísimos privilegios y sobre todo les permite alcanzar y conservar el poder. Pueden hablar de regeneración democrática, de transparencia, de participación ciudadana, de representatividad, de corrupción o de reforma institucional, pero rara vez llegan al núcleo de la cuestión, a la esencia del problema y a ponerse manos a la masa con hechos reales y efectivos para reformar estas cuestiones y transformar un Sistema muy perverso.
Antonio de Miguel
