El Colectivo de Abogados y Procuradores del Partido Judicial de Tomelloso ha denunciado públicamente la situación que atraviesa la Administración de Justicia en la localidad, que considera «prácticamente paralizada» por la falta de personal, los problemas organizativos y las deficiencias de las instalaciones judiciales. Los profesionales advierten de que los retrasos están afectando directamente a los ciudadanos, con procedimientos que permanecen meses sin avanzar, indemnizaciones pendientes de entrega y pensiones de alimentos que, según han expuesto, no llegan a sus beneficiarios.
La denuncia se ha realizado durante una rueda de prensa celebrada en la Sala Francisco Carretero del Ayuntamiento de Tomelloso, en la que Cortes Cano, portavoz del colectivo de abogados y procuradores, ha sido la encargada de trasladar públicamente las reivindicaciones de los profesionales y reclamar una intervención urgente de las administraciones competentes. El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, también ha asistido a la comparecencia, en la que los representantes del colectivo han agradecido al Ayuntamiento la cesión de este espacio municipal.
Durante su intervención, Cano ha asegurado que la situación ha alcanzado un punto «insostenible» y ha advertido del riesgo de que el deterioro termine siendo irreversible. «Si antes la justicia era lenta, ahora mismo está prácticamente paralizada», ha afirmado, insistiendo en que los principales perjudicados no son los abogados y procuradores, sino los ciudadanos que necesitan una respuesta judicial.
La portavoz ha llegado a señalar que el funcionamiento de los juzgados se encuentra reducido a niveles mínimos, una situación que atribuye a la acumulación de problemas estructurales y a la reorganización derivada de la nueva legislación de eficiencia judicial.
Bajas sin cubrir y funcionarios que llegan sin formación
Uno de los principales problemas señalados por el colectivo es la falta de personal. Según ha explicado Cortes Cano, las bajas laborales y las vacantes se suceden sin que siempre se produzcan las sustituciones necesarias, lo que deja numerosos procedimientos pendientes de tramitación.
Como ejemplo, ha mencionado una baja que permanece sin cubrir desde el 27 de junio. En situaciones como esta, ha explicado, los expedientes asignados al funcionario ausente pueden quedar paralizados, salvo aquellos asuntos que requieren una actuación especialmente urgente.
A esta falta de efectivos se suma, según los profesionales, la incorporación de trabajadores sin experiencia previa en la Administración de Justicia y sin una formación inicial suficiente para desempeñar sus funciones.
Cano ha señalado que, cuando llegan estos nuevos empleados, son sus propios compañeros quienes deben enseñarles el funcionamiento de los procedimientos y las aplicaciones informáticas. Esta circunstancia obliga a los funcionarios experimentados a interrumpir su actividad habitual, agravando los retrasos existentes.
El colectivo considera que una formación previa de unos quince días o un sistema adecuado de tutorización permitirían mejorar considerablemente estas incorporaciones. También ha pedido que se agilice la cobertura de las plazas con personas que ya han superado procesos selectivos y permanecen pendientes de ocupar sus destinos.
Indemnizaciones retenidas, pensiones sin entregar y procedimientos que prescriben
Las consecuencias de esta situación, según han denunciado los profesionales, van mucho más allá de las dificultades internas de los juzgados.
Uno de los ejemplos expuestos afecta a las cantidades depositadas en las cuentas de consignaciones judiciales. Cortes Cano ha asegurado que existen indemnizaciones abonadas por compañías aseguradoras que permanecen durante meses sin entregarse a las personas a las que corresponden.
Ha puesto el caso de quienes han sufrido un accidente y necesitan disponer de ese dinero para afrontar gastos derivados de sus lesiones, pese a que la aseguradora ya haya consignado la cantidad correspondiente.
Especial preocupación ha expresado por las pensiones de alimentos embargadas que, según denuncia, se acumulan en las cuentas judiciales sin ser entregadas a los menores beneficiarios.
La portavoz ha subrayado la gravedad de que esas cantidades permanezcan retenidas cuando están destinadas a cubrir necesidades básicas de los niños.
Los retrasos también afectan a la ejecución de sentencias. Cano ha señalado que, después de años de litigio hasta conseguir una resolución, los ciudadanos pueden encontrarse con nuevas demoras para conseguir que se cumpla. Según su exposición, la simple incoación de determinados procedimientos de ejecución puede demorarse al menos un año.
También ha denunciado casos de demandas que permanecen varios meses sin avanzar después de su registro, procedimientos por delitos leves que habrían llegado a prescribir sin resolverse y juicios que no figuraban en la agenda judicial pese a existir citaciones.
El colectivo sostiene que dispone de documentación y datos para respaldar estas situaciones, aunque no ha facilitado un balance detallado durante la comparecencia.
Cano ha insistido en que estas demoras afectan a cuestiones fundamentales de la vida cotidiana, como divorcios, relaciones entre padres e hijos, reclamaciones económicas o indemnizaciones por accidentes.
La portavoz considera especialmente preocupante la incertidumbre que soportan las personas que acuden a los juzgados buscando una solución y se encuentran con procedimientos que no avanzan durante meses.
La reorganización judicial agrava, según el colectivo, los retrasos
Los abogados y procuradores también han cuestionado los resultados de la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuya implantación consideran insuficientemente acompañada de recursos humanos y materiales.
La reorganización ha supuesto que los tres juzgados que anteriormente funcionaban de forma diferenciada pasen a integrarse en el Tribunal de Instancia.
Según Cortes Cano, uno de los principales problemas de este modelo en Tomelloso es la falta de estabilidad en los criterios de reparto de expedientes entre los funcionarios.
Ha explicado que los cambios frecuentes de asignación provocan que un trabajador tenga que familiarizarse con procedimientos que anteriormente gestionaba otro compañero. Cuando vuelve a modificarse el reparto, el nuevo responsable debe revisar nuevamente la situación de los asuntos pendientes.
Esta dinámica, sostiene el colectivo, impide consolidar una organización estable y dificulta tanto el trabajo de los funcionarios como el seguimiento de los expedientes por parte de abogados, procuradores y ciudadanos.
La portavoz ha expuesto que, antes de la reorganización, cada juzgado contaba con sus propios funcionarios y una distribución identificable de los asuntos. Ahora, según su valoración, los cambios continuos dificultan conocer quién se encarga de cada procedimiento y provocan nuevas demoras.
Los profesionales consideran que la reforma no ha conseguido mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en Tomelloso y reclaman criterios de reparto claros y permanentes.
Dos sedes judiciales, sin calabozos y con problemas de espacio
Otro de los asuntos centrales de la comparecencia ha sido la situación de las instalaciones judiciales.
Tomelloso mantiene su actividad repartida entre las sedes de la calle Cervera y la calle Francisco Carretero, una distribución que, según el colectivo, dificulta la organización del trabajo y provoca desplazamientos continuos de funcionarios.
Cortes Cano ha explicado que pueden producirse situaciones en las que la jueza de guardia se encuentra en una sede mientras los funcionarios encargados de determinados trámites trabajan en la otra, lo que obliga a trasladar documentación y desplazarse de un edificio a otro.
También ha denunciado que las instalaciones carecen de calabozos adecuados para custodiar a las personas detenidas que pasan a disposición judicial.
Esta carencia obliga, según ha detallado, a que la Guardia Civil tenga que trasladar a los detenidos de forma sucesiva cuando coinciden varios en una misma jornada, con la consiguiente pérdida de tiempo para los agentes, los funcionarios, los jueces y los abogados.
El colectivo considera que esta situación plantea problemas de seguridad y de privacidad para las personas privadas temporalmente de libertad, que pueden encontrarse en espacios compartidos con otros usuarios del servicio judicial.
La distribución del personal entre los dos inmuebles también genera dificultades. Cano ha asegurado que durante el verano llegó a haber un único funcionario trabajando en la sede de la calle Cervera, mientras que en la otra instalación se producían problemas de espacio para ubicar al personal y los medios de trabajo.
El hundimiento del techo del Registro Civil, símbolo del deterioro
La comparecencia también ha recuperado el hundimiento del techo del Registro Civil de Tomelloso, ocurrido meses atrás.
El incidente no provocó daños personales, aunque sí desperfectos materiales y el cierre de la oficina afectada, que, según ha indicado Cano, continúa clausurada.
Desde entonces, el personal del Registro Civil trabaja en una dependencia utilizada anteriormente como archivo, unas instalaciones que la portavoz considera inadecuadas para atender a los ciudadanos que acuden a solicitar certificados, realizar inscripciones o tramitar documentación.
Cano ha señalado que existen indicios de que las obras de reparación podrían comenzar próximamente, aunque no ha concretado una fecha.
La representante del colectivo ha utilizado aquel desprendimiento como ejemplo visible de una situación que considera mucho más profunda y que afecta al conjunto del servicio judicial.
De hecho, ha relacionado el hundimiento físico de aquellas instalaciones con lo que, a su juicio, supone el deterioro generalizado de la Administración de Justicia en Tomelloso.
Reclaman un juez, un letrado judicial y hasta tres funcionarios de refuerzo
Frente a las deficiencias denunciadas, los abogados y procuradores han planteado una serie de medidas que consideran necesarias para recuperar el funcionamiento ordinario de los juzgados.
La principal petición es la incorporación de un juez, un letrado de la Administración de Justicia y al menos dos o tres funcionarios que trabajen específicamente en reducir la acumulación de asuntos pendientes.
El colectivo propone que este refuerzo permanezca en Tomelloso durante el tiempo necesario para recuperar un ritmo de tramitación razonable.
También ha defendido la creación de una cuarta unidad judicial, una reivindicación que, según ha explicado Cano, también procede de la propia judicatura.
A estas solicitudes se añade la petición de contar con un fiscal permanente en Tomelloso. Actualmente, según ha indicado la portavoz, la atención fiscal depende de profesionales adscritos a Manzanares.
Cano ha recordado que el partido judicial atiende no solo a Tomelloso, sino también a otras poblaciones de su entorno, como Socuéllamos y Argamasilla de Alba, por lo que considera necesario adecuar los recursos disponibles a la actividad que debe asumir.
Los profesionales también reclaman mayor estabilidad en la distribución de los asuntos, una mejora de los programas informáticos y una formación adecuada para los funcionarios que se incorporan a los órganos judiciales.
Un nuevo edificio judicial y una solución provisional para unificar las sedes
La construcción de una nueva sede judicial vuelve a situarse entre las principales reivindicaciones del colectivo.
Los profesionales han recordado que se trata de una demanda histórica de Tomelloso y que a lo largo de los años se han realizado gestiones para disponer de suelo destinado a esta infraestructura.
Sin embargo, según ha expuesto Cortes Cano, el edificio continúa sin materializarse pese a los compromisos y actuaciones anunciados en distintas etapas.
La portavoz ha señalado que hace varios años se contempló financiación para la elaboración de un proyecto, pero asegura que desde entonces no conocen avances suficientes para hacer realidad la construcción.
Mientras llega el nuevo edificio, los abogados y procuradores solicitan una unificación provisional de las dos sedes judiciales en unas instalaciones que permitan trabajar de forma coordinada.
Cano ha explicado que anteriormente se estudiaron varios espacios que podían servir para este traslado, algunos de los cuales apenas requerían actuaciones de acondicionamiento.
Según su relato, la propuesta no prosperó por la falta de financiación comunicada por el Ministerio de Justicia y la Gerencia Territorial.
El colectivo considera que merece la pena recuperar esa alternativa e incluso estudiar el posible ahorro que supondría prescindir del alquiler de la sede de la calle Cervera.
La portavoz ha defendido que esta solución provisional permitiría reducir desplazamientos innecesarios, mejorar la coordinación entre los profesionales y aprovechar de manera más eficiente los recursos existentes mientras se construye el edificio judicial definitivo.
Los profesionales aseguran que continuarán con las reivindicaciones
Los abogados y procuradores han insistido en que sus reclamaciones no comienzan con esta rueda de prensa.
Según ha explicado Cortes Cano, llevan meses trasladando las deficiencias a sus superiores y han solicitado el respaldo de los colegios profesionales de abogados y procuradores para canalizar sus demandas.
También ha recordado que las memorias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha vienen reclamando mayores medios personales y materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Ante la ausencia de soluciones que consideran suficientes, el colectivo ha decidido hacer pública su preocupación y trasladarla directamente a los ciudadanos.
Cano ha asegurado que continuarán reclamando mejoras ante el Ministerio de Justicia y los organismos competentes, con independencia de quién ocupe las responsabilidades institucionales.
La portavoz ha subrayado que el objetivo no es conseguir mejores condiciones únicamente para quienes trabajan en los juzgados, sino garantizar que los vecinos puedan obtener respuestas judiciales sin demoras que terminen perjudicando sus derechos.
«La justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho», ha recordado, antes de reafirmar que los abogados y procuradores de Tomelloso mantendrán sus reivindicaciones hasta conseguir mejoras en el servicio.
