La agrupación ciudadana ha emitido hoy un comunicado donde han expuesto que «el alcalde Javier Navarro oculta la existencia de un total de tres proyectos distintos de plantas de biometano en el término municipal de Tomelloso, y no únicamente el promovido por el grupo Azora, como había trascendido hasta la fecha», sostienen.
Así explican, «lo hemos podido saber la plataforma vecinal Stop Biometano Tomelloso a través de un decreto de Alcaldía que niega el acceso a la documentación registrada en el Ayuntamiento».
«El decreto confirma que, además del proyecto del ‘fondo especulador’ Azora, el Consistorio ha recibido también las solicitudes de las empresas Engytek Energy —propiedad de ID Energy Group, que a su vez mantiene acuerdos con Naturgy y Moeve— y Redexis Renovables, esta última registrada hace más de dos años, en marzo de 2024, sin que el Gobierno local haya informado de ello a los vecinos».
También aclaran que, en un escrito presentado por la plataforma, se solicitó una certificación de todas las entradas registrales relacionadas con plantas de biometano o de instalaciones energéticas con residuos.
También afirman que «el Ayuntamiento respondió denegando en bloque toda la documentación, alegando una vez más que se encuentra “en fase de elaboración, pero esa misma explicación confirma que los proyectos no están paralizados y continúan tramitándose».
Para la plataforma, Alcaldía se acoge a esta excepción legal para no facilitar la información de manera reiterada, cuando según la propia doctrina administrativa, una aplicación prolongada e indefinida de esta excepción, como se está haciendo, constituye un uso instrumental que va claramente en contra del derecho de acceso a la información ambiental.
TRES EXPEDIENTES DISTINTOS
La Plataforma da a conocer en su comunicado que Enerth Investment, la sociedad instrumental de Azora, registró en agosto de 2025 una solicitud de compatibilidad urbanística. En el mes de octubre, presentó una propuesta de convenio entre la empresa y Alcaldía, así como un documento técnico preliminar. Como novedad explican, el Ayuntamiento ha reconocido que el ‘fondo especulador’ —sancionado por ocultar información y con dos filiales condenadas por prácticas abusivas— registró un escrito en febrero de este año en el que “reitera” la compatibilidad urbanística.
Por su parte, Engytek Energy ha presentado tres solicitudes del mismo informe desde mayo de 2025, la última de impulso del expediente, también en febrero de 2026. Cabe señalar que ID Energy Group está detrás de otros siete proyectos de biometanización en la provincia: dos en Campo de Criptana, uno en Caracuel de Calatrava, otro en Daimiel, en Llanos del Caudillo, en Socuéllamos y en Torralba de Calatrava.
En cuanto al proyecto de Redexis Renovables, solo se registró una solicitud de compatibilidad urbanística por parte de la gasística en marzo de 2024.
EXPLICACIONES PÚBLICAS
Desde Stop Biometano Tomelloso aseguran que están dando esta información porque no está llegando al conjunto de los vecinos por la vía institucional. La organización ciudadana exige al Ayuntamiento que dé explicaciones públicas sobre los otros dos proyectos, ofreciendo detalles sobre el tamaño de estas instalaciones, la tipología de los residuos que tratarían o la ubicación y su distancia con el núcleo urbano de Tomelloso y otros municipios afectados.
También reclaman que el Gobierno local aclare por qué se ha omitido esta información a los vecinos de Tomelloso durante más de dos años al tiempo que presumen de actuar con “transparencia”.
Para la agrupación vecinal, resulta especialmente llamativo que el Ayuntamiento rechace por sistema las solicitudes de acceso a la información pública de la plataforma cuando en otros consistorios se está colaborando con los vecinos para aprobar restricciones urbanísticas a las macroplantas.
En la misma línea, lamentan la actitud del portavoz del Gobierno municipal, Benjamín de Sebastián, ya que según aclaran en los últimos plenos ha cuestionado la legitimidad de la plataforma para acceder a esa información, y por tanto, ha remitido a la plataforma a los tribunales o incluso a “presentarse a las elecciones”.
La plataforma considera grave, no solo que se impida el acceso a la información a la que tienen derecho —que ya de por sí genera sospechas por lo que se quiera ocultar—, sino que además un concejal niegue públicamente y de manera explícita un derecho amparado por las leyes.
En ese sentido, defienden que los vecinos necesitan y tienen derecho a “conocer la verdad” acerca de estos proyectos, y sostienen que la salud y el futuro de la ciudad “no han de ponerse a la venta de los fondos especuladores y las grandes energéticas”.
Finalmente, la organización recuerda que, después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Evaluación Ambiental, el Ayuntamiento tendrá que acordar en sesión plenaria si quiere o no estas instalaciones antes de que avance su tramitación en instancias regionales.
