La plataforma vecinal de Socuéllamos contra las macroplantas de biometano ha comparecido para explicar la situación actual de los proyectos previstos en el municipio y los próximos pasos que pretende seguir tras más de un año de movilización social, alegaciones y trámites administrativos.
El colectivo ha querido dejar claro que esta no es, según sostiene, una batalla exclusiva de la plataforma, sino una defensa que afecta al conjunto de Socuéllamos: a su salud, a su agua, a su agricultura, a sus viñas y a su economía vitivinícola.
El Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha queda anulado
La plataforma ha recordado que el pasado 25 de junio participó, junto al grupo de plataformas de Castilla-La Mancha del que forma parte desde su creación, en una reunión con la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En ese encuentro, según ha explicado el colectivo, la consejera confirmó oficialmente que el Plan Regional de Biometanización para Castilla-La Mancha 2030, contra el que estas plataformas han venido trabajando desde el principio, ha quedado completamente anulado y sin efectos jurídicos.
La anulación afecta también a su Evaluación de Impacto Ambiental y a su Declaración Ambiental Integrada. La plataforma precisa que la anulación será plenamente oficial una vez se publique en el Boletín Oficial correspondiente.
Para el colectivo, la caída del plan regional no se entiende sin la movilización ciudadana. Las plataformas presentaron un total de 15.071 alegaciones, de las cuales 9.400 fueron registradas desde Socuéllamos directamente ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Aunque la plataforma lamenta que buena parte de esas alegaciones no hayan sido atendidas como considera que deberían, sostiene que la presión social, técnica y jurídica ha sido decisiva para frenar un plan que, a su juicio, se intentó impulsar sin escuchar suficientemente a los pueblos afectados.
Los proyectos de Socuéllamos siguen paralizados en la Junta
La plataforma ha explicado que, pese a la anulación del plan regional, las empresas privadas siguen intentando sacar adelante sus proyectos. En el caso concreto de Socuéllamos, las dos plantas previstas, junto a una tercera que también habría intentado abrirse paso, continúan totalmente paralizadas en la Junta de Comunidades.
El objetivo del colectivo es que esos expedientes no queden simplemente detenidos, sino que sean archivados de forma definitiva. Para ello, la plataforma considera imprescindible acompañar esa petición con una limitación clara, real y permanente de este tipo de instalaciones en el término municipal.
Según defiende, Socuéllamos no puede acabar convertido en el vertedero de la comarca, de la región ni de otras comunidades autónomas. Por eso, su estrategia se centra en dos vías: lograr el archivo definitivo de los expedientes y blindar el suelo rústico frente a macroproyectos vinculados al biometano y a las macrogranjas industriales.
Un informe técnico declara incompatibles las macroplantas con Socuéllamos
Con el fin de demostrar ante las administraciones que este tipo de instalaciones no encajan con la realidad social, ambiental y económica del municipio, la plataforma elaboró inicialmente un informe socioeconómico sobre Socuéllamos y lo trasladó al Ayuntamiento.
A partir de ese trabajo previo, y mediante una moción presentada por el grupo municipal del PSOE y la concejala no adscrita María José Beteta, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la contratación de una consultora externa, GREENME, para desarrollar un informe técnico e independiente.
Ese informe ya ha sido presentado y aprobado por la comisión correspondiente del Ayuntamiento de Socuéllamos. Según la plataforma, el documento concluye de forma clara que este tipo de macroplantas industriales son incompatibles con la realidad social, ambiental y económica de Socuéllamos.
La Secretaría del Ayuntamiento ha confirmado al colectivo que el informe fue enviado oficialmente a la Junta de Comunidades el pasado 1 de julio. La plataforma, no obstante, asegura que ya está realizando un seguimiento directo para comprobar que ese documento se utilice como base para archivar definitivamente los proyectos de las empresas promotoras.
La plataforma pide blindar el suelo rústico mediante las normas subsidiarias
La plataforma sostiene que parar los proyectos actuales no es suficiente. A su juicio, Socuéllamos necesita una protección duradera que impida que nuevas iniciativas similares vuelvan a poner en riesgo el territorio. Para ello, reclama modificar las normas urbanísticas municipales y reforzar la regulación de usos en suelo rústico.
Después de movilizaciones, recogidas de firmas y concentraciones en el municipio, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 28 de mayo de 2025 una moción, presentada por el grupo municipal del PSOE y María José Beteta, para modificar las normas urbanísticas y limitar este tipo de plantas. La moción también contemplaba limitar la posible instalación de macrogranjas industriales, al considerarlas una fuente principal de materia prima para las plantas de biometano.
En agosto de 2025, un gabinete técnico externo contratado por el Ayuntamiento presentó un borrador de modificación de las normas urbanísticas para la regulación de usos en suelo rústico. La plataforma critica que ese documento le fuera entregado una vez elaborado, pese a haber solicitado participar en la mesa de trabajo desde el inicio.
El borrador planteaba una distancia mínima de 5 kilómetros respecto al núcleo urbano y permitía tratar hasta 75 toneladas diarias de residuos, es decir, más de 27.000 toneladas al año. Para la plataforma, esos límites son insuficientes y peligrosos.
Por ese motivo, el colectivo presentó alegaciones técnicas y jurídicas al documento. Entre sus principales exigencias figuran dos límites que considera imprescindibles: una distancia mínima de 25 kilómetros respecto al núcleo urbano de Socuéllamos y una capacidad máxima de 1.000 toneladas de residuos al año.
El Ayuntamiento espera un informe de la Consejería de Desarrollo Sostenible
La plataforma ha informado de que, en una reunión mantenida el 2 de julio de 2026, la Secretaría del Ayuntamiento le confirmó que la modificación de las normas sigue pendiente de un informe de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Ese documento sería necesario para resolver las alegaciones y cerrar la propuesta definitiva.
El colectivo asegura que también está realizando gestiones ante la Junta de Comunidades para conocer en qué punto se encuentra ese informe y reclamar que se tramite cuanto antes.
“No vamos a dar marcha atrás”, insiste la plataforma, que reclama a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento una colaboración real y estrecha con el colectivo vecinal y con los vecinos de Socuéllamos.
Residuos locales sí, macrovertedero no
La plataforma subraya que no niega la existencia de residuos en Socuéllamos ni la necesidad de tratarlos de forma limpia, responsable y local. Sin embargo, rechaza de plano que el municipio pueda convertirse en receptor masivo de residuos procedentes de otros territorios.
El colectivo advierte de que estas instalaciones podrían recibir basura, lodos de depuradora, purines, cadáveres de animales y restos agroalimentarios procedentes no solo de la comarca, sino también de otras provincias y comunidades autónomas.
Como ejemplo, la plataforma cita el caso de Balsa de Ves, donde afirma haber comprobado sobre el terreno, junto a la delegada de la Junta en Ciudad Real, la situación generada por el residuo de estas instalaciones. Según su relato, el digestato se estaría extendiendo directamente sobre el campo y mezclándose después con la tierra, con zonas ya baldías y dañadas.
Un millón de toneladas de residuos en un radio de 40 kilómetros
La plataforma alerta de que el plan de las grandes empresas promotoras y gasistas pasaría por ubicar dos plantas en Socuéllamos, tres en Villarrobledo y una en Tomelloso. En un radio aproximado de 40 kilómetros, sostiene el colectivo, se pretendería tratar prácticamente un millón de toneladas de residuos al año.
Según la plataforma, los residuos reales y locales de la zona no alcanzarían ni el 25% de esa capacidad. Por ello, considera que gestionar el 25% supondría tratar los residuos propios, mientras que operar al 100% implicaría traer de fuera alrededor del 75% de los residuos.
El colectivo también advierte del impacto del digestato, el residuo resultante del proceso de biometanización. Calcula que esas macroplantas podrían generar unas 910.000 toneladas anuales de digestato, una cantidad que compara con llenar cada año 10.000 piscinas con residuos sobre los campos y sobre el Acuífero 23.
La plataforma recuerda que el Acuífero 23 se encuentra ya sobreexplotado y vulnerable por nitratos, por lo que considera que permitir este modelo industrial supondría un riesgo inasumible para el futuro agrícola, ambiental y social de Socuéllamos.
Alerta ante el nuevo decreto de la Junta
La plataforma también ha mostrado su cautela ante el nuevo decreto anunciado por la Junta de Comunidades. Según la información trasladada por la consejera, ese decreto reconocería que los ayuntamientos podrán decidir si permiten o no este tipo de instalaciones, y que esa decisión sería vinculante y respetada por la Junta.
No obstante, el colectivo pide prudencia. Recuerda que el anterior Plan Regional de Biometanización fue aprobado, defendido durante meses y finalmente anulado por no estar correctamente planteado, ni técnica ni jurídicamente.
Por ello, la plataforma anuncia que revisará punto por punto el futuro borrador del decreto y sus documentos ambientales. Si detecta cualquier riesgo para Socuéllamos, para su acuífero, para sus viñas, para su salud o para su modelo económico, presentará nuevas alegaciones técnicas y jurídicas.
La plataforma volverá a pedir firmas si el decreto no ofrece garantías
El colectivo avanza que, cuando llegue el momento, volverá a pedir la participación de la ciudadanía. La plataforma considera que las 9.400 alegaciones presentadas anteriormente desde Socuéllamos demostraron a la Junta que el municipio está unido, informado y dispuesto a defender su futuro con argumentos técnicos y jurídicos.
Según la plataforma, la Junta de Comunidades quedó sorprendida por la capacidad de movilización del municipio y por la contundencia del volumen de alegaciones. Esa reacción institucional, afirma, fue decisiva para que Socuéllamos fuera percibido como una comunidad organizada y no como un territorio pasivo.
Por ese motivo, el colectivo cree necesario repetir la estrategia si el nuevo decreto abre cualquier puerta a futuras macroplantas de biometano o macrogranjas industriales. Cada firma, defiende, no será una simple formalidad, sino un acto administrativo individual que obligará a la Junta a valorar la posición del municipio.
La plataforma asegura que avisará con tiempo a los vecinos si es necesario iniciar una nueva recogida de firmas o presentar nuevos escritos.
Preparados para acudir a la vía judicial
La plataforma concluye que, si el nuevo decreto no protege adecuadamente a Socuéllamos, está preparada para acudir a todas las vías legales, incluida la judicial, con el objetivo de impedir que se apruebe una norma que pueda poner en riesgo el futuro del municipio.
El colectivo llama a mantener la unidad vecinal y recuerda que su posición se apoya en la defensa de la salud, las viñas, la Denominación de Origen La Mancha, el agua y el modelo económico local.
Su mensaje final mantiene el tono que ha marcado toda la movilización: “Socuéllamos no se vende” y “No a las macroplantas de biometano y no a las macrogranjas industriales”.
