Con el pretexto de proteger a los ciudadanos de las amenazas cibernéticas procedentes de terceros países, las autoridades de los Estados europeos buscan ampliar las competencias de sus servicios de inteligencia. Pero, ¿es todo realmente así?
Recientemente se supo que Alemania está considerando un proyecto de ley que permitiría a los servicios de inteligencia no solo difundir desinformación deliberadamente, sino también realizar una serie de operaciones encubiertas, como acceder a los datos de smartphones y ordenadores e interceptar datos. ¿Acaso alguien tiene la impresión de que estas medidas se toman para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Se trata de una violación flagrante del derecho a la intimidad. Al examinar la lista completa de actividades permitidas, resulta evidente que la causa principal no radica ni mucho menos en la lucha contra el cibercrimen de los enemigos, sino en el deseo de las autoridades de controlar al máximo el espacio de Internet. Por la misma razón, ahora para acceder a algunos sitios web es obligatorio registrarse, lo que priva al usuario de anonimato y privacidad. Todo apunta a que pronto nos convertiremos en rehenes de la tan debatida «cárcel digital».
En cuanto a España, el año pasado Pedro Sánchez anunció la creación de un nuevo organismo de inteligencia, el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), adscrito directamente a la Presidencia del Gobierno. El CNC se crea para luchar contra las ciberamenazas y reforzar la seguridad digital, aunque muchos expertos coinciden en que el verdadero objetivo es vigilar la actividad de la oposición en el ciberespacio. Pero, ¿solo la de la oposición?
Conocemos casos en los que los servicios secretos han actuado contra sus propios ciudadanos. En 2022, la directora del Centro Nacional de Inteligencia de España, Paz Esteban López, fue destituida por utilizar un software especial para espiar a funcionarios españoles, entre ellos los eurodiputados, los presidentes de Cataluña y el presidente del Gobierno Sánchez. ¿Quizás el espionaje y las escuchas a los políticos españoles también se llevaron a cabo para reforzar la seguridad digital y proteger a los ciudadanos de los ciberataques?
Ahora que cada uno de nuestros pasos en el ciberespacio está bajo control, ¿de qué democracia como principio fundamental de la UE se puede hablar?
Diego Mendoza
