El proceso de transición energética en Castilla-La Mancha coge impulso y se afianza con una nueva decisión del Ejecutivo del presidente García-Page en su reunión del Consejo de Gobierno. Así, la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha informado de la aprobación de 10,6 millones de euros para el aprovechamiento de energías renovables destinadas a comunidades energéticas y a comunidades de propietarios.
Como ha expresado Padilla, “este es un ejemplo de la puesta del Gobierno regional por seguir socializando la energía, un camino que iniciamos con el fuerte apoyo e impulso al autoconsumo y que ahora da el paso a hacerlo de forma colectiva”.
La finalidad de las ayudas, que podrán solicitar comunidades energéticas y comunidades de propietarios, es permitir la financiación de instalaciones de energía solar fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento, “esto último, es una novedad no solo en Castilla-La Mancha, sino en el conjunto del país”.
Las cuantías que podrán recibir serán como máximo de 80.000 euros por proyecto y hasta 300.000 euros por comunidad energética, ya que una misma comunidad puede tener varias instalaciones. El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y solo se podrá hacer de forma telemática.
Con esta convocatoria de ayudas se persiguen, además, otras ventajas económicas como son la de apostar por el autoconsumo de forma colectiva a través de estas comunidades energéticas; incrementar la inversión en instalaciones de energía solar fotovoltaica; favorecer la actividad económica de empresas instaladoras, ingenierías, fabricantes y empresas auxiliares del sector energético; o reducir progresivamente los costes energéticos soportados por los beneficiarios. Todo ello redundará en una mejora de la competitividad del tejido económico regional y en una mayor independencia energética.
En cuanto a su impacto social, Padilla ha recordado que la convocatoria constituye una herramienta para favorecer y “democratizar la producción energética”, con nuevos modelos participativos de producción y consumo de energía, que implique a “más ciudadanos, más ayuntamientos y pequeñas empresas”, de manera que, por ejemplo, “un ayuntamiento, varias pequeñas empresas y vecinos de un municipio puedan constituirse en comunidad energética, instalar placas fotovoltaicas, almacenar la energía y compartirla entre sus miembros para reducir la factura”.
Este es un paso más en la transición energética promovida por el Ejecutivo del presidente García-Page, y es que los datos demuestran que, en autoconsumo, Castilla-La Mancha está entre las primeras regiones del país, pues “hemos pasado de 67 megavatios de autoconsumo en 2019 a 990 en la actualidad, hemos multiplicado por 14 la potencia de generación fotovoltaica instalada para autoconsumo y contamos ya con 57.000 instalaciones”, ha detallado.
En palabras de la portavoz, el objetivo es “que la energía que se produce aquí, se comparta aquí y el ahorro y la parte de actividad económica que se genera, se quede aquí también”.
Obras de mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de ‘El Girasol’, en Illana
Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo ha informado de una inversión superior a los 5,3 millones de euros para obras de mejora en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de ‘El Girasol’, en Illana (Guadalajara).
Este proyecto de mejora de la Mancomunidad de Aguas de ‘El Girasol’ va a suponer un paso más, tanto en la cantidad como en la calidad del agua que abastece a 13 municipios, principalmente de la provincia de Cuenca: Tarancón, Zarza de Tajo, Villarrubio, Belinchón, El Acebrón, Torrubia del Campo, Fuente de Pedro Naharro, Tribaldos, Pozorrubio de Santiago, Leganiel, Almendros, Barajas de Melo y Santa Cruz de la Zarza, en Toledo.
Con esta inversión, ha destacado Padilla, “vamos a modernizar distintos sistemas de tratamiento de almacenamiento y bombeo y, sobre todo, vamos a aumentar la capacidad de la planta, hasta incrementar en un 50% la capacidad de tratamiento de este sistema”. Las obras contemplan una decena de actuaciones, entre las que se encuentran la mejora del tratamiento, la renovación de equipos en distintas fases, actuaciones en depósitos de agua tratada, nanofiltración (permite eliminar impurezas) y la ampliación de la línea eléctrica y mejoras en el bombeo que impulsa el agua hacia la red de distribución en alta a los municipios.
Personación jurídica ante un posible delito relativo ante la protección de la fauna
Además, la consejera portavoz ha informado de la autorización al gabinete jurídico de la Junta para personarse “como acusación particular” en las diligencias previas por presunta comisión de un delito relativo a la protección de la fauna, en la muerte de un ejemplar de lince ibérico en la finca ‘San Bruno’, de Viso del Marqués.
Como ha recordado Padilla, la Junta de Comunidades tiene competencias directas en conservación y protección de especies amenazadas y, por lo tanto, “creemos también que tenemos la obligación de defender jurídicamente ese patrimonio natural, cuando existen indicios de que puede haberse cometido un delito”. Para la responsable autonómica, “no tendría sentido invertir durante años tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto trabajo de muchos profesionales en recuperar una especie en peligro de extinción y mirar ahora para otro lado, cuando aparece un ejemplar muerto en circunstancias que pueden ser constitutivas de delito”.
La consejera ha informado que el ejemplar era un macho adulto de lince ibérico, de origen silvestre y procedente de Montes de Toledo, que fue liberado el 20 de marzo de 2025 en los Cerros de Urda (Toledo). En la madrugada del 6 de noviembre de 2025, el emisor con el que estaba dotado el ejemplar activó el modo mortalidad y el cadáver fue recuperado esa misma mañana por un Agente Medioambiental de esta Consejería. Se encontraron signos de atrapamiento en jaula-trampa y cinco heridas punzantes posiblemente originadas mediante un arma blanca que ocasionaron su muerte.
Nuevo decreto de puntos limpios
Por último, la portavoz del Ejecutivo ha informado de una adaptación de la normativa que regula las características de los puntos limpios. El objetivo es adaptarlos a la realidad de la región, porque, según ha manifestado, “no se le puede exigir lo mismo a un ayuntamiento grande que a uno pequeño”.
Por ello, la nueva regulación establece diferentes tipos de puntos limpios con distintos requisitos en función del tamaño de la población, distinguiendo entre poblaciones mayores y menores de 5.000 habitantes e, incluso, los más pequeños, en los que se establecen otros métodos, como pueden ser sistemas móviles que puedan acudir a esos municipios para hacer la recogida de residuos. “No se trata de exigir menos a los municipios más pequeños, sino de adaptar la forma en que se debe prestar el servicio a la realidad de cada municipio” ha enfatizado Padilla, para concluir que “con ello buscamos tres objetivos: facilitar la correcta recogida de la gestión de residuos, evitar vertidos incontrolados y favorecer la reutilización y el reciclaje”.
