En el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro que se conmemora hoy 28 de septiembre, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha reclama una verdadera red pública de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) integrada en el SESCAM, accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.
CCOO Castilla-La Mancha participó ayer domingo en la concentración convocada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por la Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha, -de la que el sindicato forma parte-, para reclamar que la interrupción voluntaria del embarazo se garantice de manera efectiva dentro de la sanidad pública de la región.
Los datos evidencian una realidad que no puede seguir normalizándose: en 2024 únicamente 2 de las 3.579 interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la región se practicaron en centros públicos, apenas el 0,05%. El 99,95% restante se realizó en centros privados. “Si queremos garantizar un derecho, hay que garantizar también los recursos públicos para ejercerlo. No podemos asumir como normal que prácticamente ninguna mujer pueda acceder a una interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública de Castilla-La Mancha”, señala la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO CLM, Ana Villaseñor. “Las mujeres de CLM nos vemos obligadas a desplazarnos para ejercer un derecho que debería estar garantizado en nuestra sanidad pública. Y sí, decimos obligadas, porque los datos que tenemos encima de la mesa no permiten justificar que toda la prestación tenga que salir de la pública”.
Para el sindicato la información facilitada recientemente por el SESCAM a través del Portal de Transparencia sobre el número de profesionales inscritos en el registro de objetores de conciencia permite introducir datos objetivos en un debate que durante años se ha abordado sin suficiente información. El SESCAM ha comunicado la existencia de 41 profesionales sanitarios inscritos como objetores de conciencia, mientras que ha informado de 198 médicos en el conjunto de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha. La Administración no ha precisado, no obstante, cuántas de las 41 personas objetoras son médicas, ni cuál es el número total de profesionales de estos servicios.
La responsable sindical ha reclamado que “la objeción de conciencia debe ser entendida como un derecho individual de cada profesional, pero no puede convertirse en una objeción de los servicios sanitarios, de los hospitales o de toda una comunidad autónoma. La obligación de la Administración es organizar los recursos para garantizar la prestación”.
En este sentido, CCOO considera necesario conocer con mayor precisión la información sobre la objeción de conciencia, incluyendo la categoría profesional de las personas objetoras y su distribución por hospitales y áreas sanitarias, así como los datos relativos a derivaciones y desplazamientos fuera de la región.
Planificar, contratar, formar, organizar y garantizar
CCOO CLM considera que la solución no pasa por seguir externalizando una prestación sanitaria, sino por organizarla dentro del SESCAM. “Lo tenemos claro: planificar, contratar, formar, organizar y garantizar, porque garantizar derechos requiere voluntad política y recursos públicos”, defiende Villaseñor.
Para CCOO el anuncio de la creación de un centro público no es suficiente. La implantación de la IVE en la sanidad pública debe contar con un calendario concreto y público que determine qué centros prestarán el servicio, cuándo comenzará, con qué profesionales y con qué recursos.
Además, la prestación debe estar organizada de manera que sea accesible para las mujeres de todas las provincias y áreas sanitarias, prestando especial atención a las dificultades añadidas que pueden afrontar quienes viven en zonas rurales o cuentan con menos recursos económicos, laborales, familiares o de movilidad.
Por ello, CCOO CLM reclama:
- Una verdadera red pública de IVE integrada en el SESCAM, accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.
- Un calendario público, concreto y verificable para su implantación, con fechas, centros, profesionales y recursos.
- Profesionales y medios suficientes para garantizar el derecho a abortar, sin que la objeción individual impida o retrase el acceso a la prestación.
- Transparencia y datos públicos sobre objeción de conciencia, derivaciones, intervenciones y desplazamientos fuera de la región. Evaluaciones periódicas que garanticen que se implementa lo aprobado.
- Información clara y accesible para que las mujeres conozcan su derecho a la IVE y sepan cómo acceder a la prestación.
- Protección frente al acoso y la intimidación, tanto para las mujeres como para los profesionales.
- Educación sexoafectiva, presente en todas las etapas educativas.
- Accesibilidad al ejercicio del derecho al aborto para las mujeres migrantes.
“Ninguna mujer debería sentirse culpable o sufrir acoso por querer abortar y ningún profesional debería ser señalado por garantizar una prestación sanitaria”. Del mismo modo, “ningún centro sanitario debería convertirse en un lugar de presión o intimidación”, añade Villaseñor.
CCOO CLM reitera su compromiso con el derecho de las mujeres a decidir y con una sanidad pública que garantice todos los derechos sexuales y reproductivos; e insiste en que se apruebe el blindaje constitucional que propuso el Gobierno y que está pendiente de tramitación, porque es un avance importante. La defensa de los derechos de las mujeres continúa siendo una necesidad y una urgencia. “Abortar es un derecho y la sanidad pública tiene que garantizarlo. Ni privatizado ni derivado: aborto en la pública”, concluye la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Castilla-La Mancha.
