Hoy hemos conocido la aprobación de un Real Decreto Ley para aumentar la financiación de la dependencia lo que, de facto, supondrá una transformación del sistema. El principal compromiso es el de cumplir por fin la cofinanciación al 50% entre Ministerio y comunidades autónomas, algo que se venía incumpliendo y que, sólo en Castilla – La Mancha, suponía una deuda de más de 1.000 millones de euros con la administración regional como prestadora del servicio.
No es una inversión puntual. Es una reforma estructural de la financiación con rango de ley por la que las comunidades percibirán más dinero por persona usuaria. Para el secretario general de Comisiones Obreras Castilla – La Mancha, Javier Ortega, “esta reforma del sistema debe redundar de forma directa en las condiciones salariales y laborales de las personas trabajadoras que desarrollan su actividad profesional en los sectores ligados a la dependencia. Algo que impactará de forma directa en la calidad del servicio que se presta a las personas usuarias”.
Según el Observatorio Estatal de la Dependencia el sector da empleo en Castilla – La Mancha a más de 27.500 personas, 16.800 de ellas en centros residenciales. Actualmente hay concedidas 120.000 prestaciones y 82.000 familias son atendidas. La lista de espera se sitúa en el 5,8%, la mitad que la media nacional, y el llamado “limbo de la dependencia” afecta al 4,1% de las personas que tienen reconocido el derecho pero aún no reciben la prestación.
Es por ello un buen momento para recordar a la administración la importancia de poder aplicar la desindexación en las licitaciones públicas para poder actualizar los precios de los contratos públicos a la inflación y que no sean las plantillas las que se vean perjudicadas por el aumento de costes no compensados que les condenan a la congelación salarial o al bloqueo en la mejora de sus convenios.
“Desde CCOO recordamos que el sector de la dependencia está altamente feminizado por eso exigimos subidas salariales justas; combatir la precariedad que se refleja en la alta parcialidad y temporalidad; mejoras en materia de conciliación y una aplicación efectiva de la normativa de salud laboral para reducir las enfermedades musculoesqueléticas y los riesgos psicosociales”. Problema que se atajaría con la mejora urgente de las ratios de personal y el aumento del precio que se paga por usuario en residencias y servicios de ayuda a domicilio.
“Pedimos a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que convaliden la medida para conseguir un modelo de cuidados más universal y adaptado a las necesidades de las personas en el que la falta de financiación no deje a nadie varado a la espera de una prestación que le pertenece”.
