El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este jueves a la Proposición de ‘Ley de medidas urgentes de acceso a la vivienda de Castilla-La Mancha’ impulsada por el Grupo Socialista y que ha salido adelante con sus 17 votos, en una sesión en la que también se han desarrollado debates sobre la repercusión en la producción regional del acuerdo de la UE con Mercosur, con dos resoluciones de PSOE y PP aprobadas, y sobre la política fiscal en la ciudadanía castellanomanchega -sin resolución final-.
La Cámara ha decidido en dos votaciones consecutivas al inicio de la sesión la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista y su tramitación por lectura única, para dar paso a continuación al debate propiamente dicho del texto propuesto, para cuya defensa han intervenido el diputado socialista Álvaro Toconar y el consejero de Fomento, Nacho Hernando. Ya en la ronda de votaciones, ha salido adelante con sus 17 votos favorables y pese al rechazo de los 12 del PP y la abstención de los 4 de Vox.
La ‘Ley de Medidas urgentes para el acceso a la vivienda y el suelo en Castilla-La Mancha’ se convierte así en la cuarta que sale adelante en lo que va de año y la vigésimo segunda en la actual legislatura. Tal como expresa su exposición de motivos, aborda la “necesidad de reforzar los instrumentos de intervención pública en materia de vivienda optimizando recursos ya existentes y orientándolos a garantizar el acceso a la vivienda”. Así, incluye una serie de medidas que modifican la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública en la región, y el Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Trlotau).
Resoluciones sobre el acuerdo con Mercosur
El grueso de la jornada ha contado también con el desarrollo de dos debates generales. El primero de ellos ha abordado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur y la soberanía alimentaria, a iniciativa tanto del Grupo Parlamentario Vox como del Grupo Parlamentario Socialista, y ha contado con la intervención del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.
En la ronda de votaciones se han aprobado dos resoluciones del PSOE y PP, mientras que ha quedado rechazada la de Vox. El texto socialista, aprobado gracias a sus votos y la abstención del PP, considera que este acuerdo “debe gestionarse con rigor, incorporando mecanismos de seguimiento, protección del sector y capacidad de respuestas ante posibles impactos, reforzando al mismo tiempo la competitividad del sector agroalimentario en los mercados internacionales”.
Así, el texto aprobado en la Cámara pide al Gobierno de España la defensa de esta “reciprocidad” y el “impulso de una PAC fuerte como base de estabilidad del medio rural” y a las instituciones europeas que “apliquen el acuerdo de forma gradual, equilibrada y con seguimiento continuo”; “garantizar estándares sanitarios, ambientales y laborales, reforzando los controles” y “dotar de recursos suficientes a los mecanismos de respuesta ante casos de crisis o perturbaciones de mercado”. A su vez, insta al Gobierno Regional a defender los intereses del sector agrario de Castilla-La Mancha, con la garantía de que se cumplan los estándares europeos en condiciones de competencia justas entre productos de la UE e importados.
Mientras, la resolución del PP -aprobada con el voto favorable de su grupo y del PSOE- insta a tomar medidas en seis ejes. El primero de ellos lo es para “la puesta en marcha de manera urgente en las instituciones europeas de la inclusión de clausulas de salvaguarda eficaces, con activación rápida (máximo 21 días) y umbrales reducidos”, la ratificación de la reciprocidad total de los acuerdos comerciales con terceros partidos y “la creación y refuerzo de oficinales de control en la frontera”. En segundo lugar, pide que se defienda “el incremento pactado la semana pasada del presupuesto de la PAC” y que se garantice el mantenimiento de programas sectoriales estratégicos en sectores como vino, apicultura y hortofrutícola y el refuerzo del Pilar III con especial atención al desarrollo rural, la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones.
Debate sobre fiscalidad y PNL
El tercer punto pide la ampliación de la Directiva marco de Agua hasta al menos 2032, la continuidad del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y el rechazo de cualquier reducción de dotación de recursos para el sector agrario. Además, la resolución pide reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria, “garantía de precios justos en origen” y “mejora de la transparencia en la formación de precios”; implantar sistemas de trazabilidad total de los productos agroalimentarios, “etiquetado claro, veraz y transparente” y prohibición de prácticas engañosas que confundan al consumidor. Por último, este texto pide promover las campañas de consumo de productos de la región y “reforzar el papel de cooperativas e industria agroalimentaria como eje del desarrollo rural”.
Por otro lado, también ha tenido lugar un segundo debate general sobre “política fiscal en Castilla-La Mancha y su impacto en las familias, la actividad económica y los servicios públicos”, que acumulaba una doble iniciativa sobre este asunto del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. El punto ha contado con la intervención del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
En la ronda de votaciones, ninguna de las tres resoluciones presentadas en este punto por los grupos parlamentarios ha obtenido mayoría. También ha sido desestimada la proposición no de ley (PNL) del PP sobre la necesidad de plazas educativas, de día y residenciales para alumnado y jóvenes con discapacidad grave, con especial atención a las provincias de Guadalajara y Cuenca, que únicamente ha recabado el apoyo de la oposición.
Por último, la oposición ha formulado tres preguntas orales al Consejo de Gobierno. En el caso de Vox, sobre “las razones concretas y objetivas que justifican el destino durante el año 2026 de más de 4 millones de euros a ONG para cooperación internacional al desarrollo”, y en el caso del PP sobre las carreteras CM-4174 en Miguelturra (Ciudad Real) y CM-3108, en el tramo entre Osa de la Vega y Fuentelespino de Haro, en la provincia de Cuenca. Las cuestiones han sido respondidas por el consejero de Fomento, Nacho Hernando.
