El vicesecretario de Política Social y diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Antonio Martín-Buro, critica el modelo social “agotado, ineficaz e injusto” de Page y exige la ejecución íntegra del presupuesto de Bienestar Social.
Así se ha referido Martín-Buro durante hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha insistido que los presupuestos de Bienestar Social para 2026 y la ejecución comprobada hasta ahora evidencian que es un modelo “profundamente injusto” con los castellanomanchegos más vulnerables.
“Lo que la Junta promete no se parece absolutamente en nada a lo que ejecuta y lo que la Consejería anuncia no coincide con lo que llega a las familias, a los mayores o a las personas en situación de dependencia”.
El diputado popular ha subrayado que, con estos presupuestos, la región seguirá encabezando “los peores datos en pobreza infantil de España y de la Unión Europea”, lamentando que Castilla-La Mancha “sigue atrapada en la pobreza mientras la Junta presume de buena gestión con datos absolutamente estremecedores”.
“720.000 castellanomanchegos viven en pobreza y exclusión social, incluidos 159.000 menores, el 41,1% de la población infantil crece en hogares pobres, y un dato todavía más contundente, somos más pobres que Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea. No se trata de datos coyunturales, sino del reflejo de una década perdida bajo el Gobierno de Emiliano García-Page”.
977 millones sin gastar en nueve años
Según el diputado, lo más grave es que, mientras aumenta la pobreza, “la inversión social cae en picado” y la Junta “no ejecuta ni dos tercios de lo presupuestado en 2025”.
“El presupuesto para 2026 asciende a 953 millones de euros, pero entre 2016 y 2024 la Junta ha dejado sin ejecutar 977 millones de euros, lo que equivale a más de un ejercicio económico en el limbo. La Junta ha reconocido que, a 30 de septiembre de 2025, solo ha ejecutado el 65,5% del presupuesto en Bienestar Social, lo que supone que uno de cada tres euros destinados a los más vulnerables no se ha gastado”.
Según ha detallado la ejecución es especialmente baja “donde más duele”: en mayores el 61% ejecutado; 67 millones de euros en inversiones sin ejecutar en discapacidad; en infancia y familia, solo 700.000 euros ejecutados de 4,2 millones; y en cuanto a servicios sociales y atención primaria, ha subrayado que son los ayuntamientos “quienes sostienen lo que la Junta no paga”, y ha calificado esta situación como “una negligencia política”.
“El resultado de esto es que los mayores se encuentren sin centros renovados, personas con discapacidad sin recursos adaptados, menores en centros saturados, ayuntamientos pagando competencias autonómicas y entidades sociales sobreponiéndose a la infrafinanciación”.
Martín-Buro ha considerado que el presupuesto para 2026 adelanta “una política agotada”, que no corrige los problemas existentes, sino que “los agrava”. “La inversión social cae un 67,9% respecto a 2025 y las inversiones destinadas a discapacidad y mayores desaparecen prácticamente del presupuesto, así como repiten partidas inejecutables”.
Asimismo, ha alertado del aumento hasta 138 millones en cuidados en el entorno familiar “no por un avance social, sino por el fracaso de los servicios públicos”, lo que empuja a las familias a asumir solas el cuidado de dependientes, recordando que la región perdió “la mayor partida de fondos europeos para infraestructuras en mayores y discapacidad entre 2022 y 2024”, y que los programas preventivos de infancia y familia siguen “infradotados y mal ejecutados”.
Desde el PP han asegurado que van a exigir la ejecución del 100% del presupuesto, para que “cada euro llegue a la persona”; unos servicios sociales de atención primaria bien financiados y coordinados con los ayuntamientos; también reclamarán inversión estructural en centros, residencias y servicios, eliminando “partidas fantasma”; así como “prioridad absoluta” para infancia y familia, con prevención, acompañamiento y recursos estables para combatir los “insoportables datos de pobreza infantil”.
“Un nuevo modelo estable con el tercer sector, para que sea socio prioritario del Gobierno regional, con convenios reales y no modelos subvencionables y un sistema de dependencia profesional y digno, que potencie servicios que atiendan al dependiente y cuiden al cuidador. Ya que Castilla-La Mancha necesita un cambio y no más propaganda. No podemos seguir liderando la pobreza infantil, perdiendo inversiones y sin ejecutar lo presupuestado. La región merece una política social seria, ejecutada y transformadora, que coloque a las personas en el centro y no en la propaganda institucional”, ha zanjado.
