Un amplio conjunto de organizaciones sociales, sindicales, vecinales y de defensa del derecho a la vivienda han constituido la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, un espacio de coordinación regional que nace con el objetivo de sumar capacidades, unir sus voces ante las administraciones públicas y situar la vivienda en el lugar que le corresponde: como un derecho humano y no como un mero bien de mercado.
La situación que atraviesa Castilla-La Mancha exige, a juicio de la Plataforma, una respuesta pública decidida, coordinada y estructural. Por ello, reclama como medidas urgentes la estabilidad y asequibilidad de los alquileres, incluida la declaración de zonas de mercado residencial tensionado que permitan su regulación; un incremento sustancial y efectivo del parque público de vivienda; mecanismos de prevención y acompañamiento desde las primeras dificultades para mantener una vivienda; una alternativa habitacional real antes de cualquier desalojo; y la aprobación de una Ley de Vivienda propia de Castilla-La Mancha que reconozca este derecho con todas sus garantías.
Una crisis habitacional que exige respuestas
La Plataforma sostiene que Castilla-La Mancha reúne muchos de los síntomas de la crisis de vivienda que se vive en el conjunto del Estado.
El parque social apenas representa el 1,66 % de las viviendas de la región, frente al 9 % de media de la Unión Europea, mientras que el 23 % de las viviendas se encuentran vacías, nueve puntos por encima de la media estatal.
A ello se suma que Castilla-La Mancha no cuenta con ninguna zona de mercado residencial tensionado declarada y que, según los datos recogidos por la Plataforma, el precio del alquiler se ha incrementado un 95,6 % entre 2016 y 2026.
Una persona trabajadora destina ya, de media, alrededor del 40 % de su salario al pago del alquiler, porcentaje que supera el 50 % en capitales como Guadalajara y Toledo, según CCOO. Desde 2013 se han producido, además, más de 12.000 desahucios en la región.
Castilla-La Mancha continúa asimismo sin contar con una ley autonómica integral de vivienda.
Pero detrás de estas cifras, advierte la Plataforma, hay personas y familias concretas: hogares que no pueden afrontar una subida del alquiler, personas que encuentran enormes dificultades para conservar su vivienda, jóvenes que no pueden emanciparse, familias que no encuentran una alternativa asequible y personas que afrontan la pérdida de su hogar sin disponer de una solución habitacional digna.
La crisis afecta con especial intensidad a las mujeres, especialmente a los hogares monomarentales; a las personas jóvenes; a la población migrante y racializada; y a las personas mayores, muchas de las cuales sufren formas de desplazamiento residencial o “desahucios invisibles” que no siempre quedan reflejados en las estadísticas oficiales.
La Proposición de Ley de movilización de suelo no sustituye a una Ley de Vivienda integral
Ante la tramitación de la Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística, la Plataforma considera que esta reforma no puede presentarse como una respuesta integral a la crisis de vivienda en Castilla-La Mancha.
Aunque valora positivamente determinadas medidas orientadas a incrementar el parque de vivienda social —como la protección permanente o el establecimiento de una duración mínima de cincuenta años para el régimen de alquiler de determinadas viviendas protegidas—, considera que el texto actual presenta graves carencias en materia de protección de las personas vulnerables frente a los desalojos administrativos.
La Plataforma muestra especial preocupación por que la regulación prevista para la resolución de contratos de arrendamiento o cesión de uso de vivienda pública no incorpore de forma suficiente la valoración de la situación económica, social y familiar de las personas afectadas, incluida la presencia de menores.
A su juicio, los procedimientos de desalojo de vivienda pública deben garantizar siempre un análisis individualizado de proporcionalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada persona o unidad de convivencia.
Quienes acceden a una vivienda social parten, en muchos casos, de situaciones económicas y sociales especialmente difíciles. Por ello, la Plataforma defiende que su permanencia en el hogar no puede depender únicamente de excepciones formuladas de manera genérica, sino de procedimientos garantistas capaces de valorar cada situación y adaptar las soluciones de pago a la capacidad económica de las personas afectadas.
La protección del derecho a la vivienda debe garantizar, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, que ninguna persona sea desalojada para quedar en situación de sinhogarismo.
Prevenir antes de que llegue el desahucio
La Plataforma defiende que la actuación de las administraciones debe comenzar mucho antes de que un problema habitacional desemboque en un desahucio o un desalojo.
Para ello, considera necesario establecer mecanismos de detección temprana, mediación, asesoramiento y acompañamiento, así como protocolos eficaces de coordinación entre las administraciones competentes en aquellos casos en los que exista vulnerabilidad social, discapacidad, problemas de salud mental u otras circunstancias que requieran una protección específica.
También reclama garantías suficientes para ofrecer alternativas habitacionales reales y dignas antes de cualquier lanzamiento.
La Plataforma considera, además, que las políticas de vivienda no deben centrarse únicamente en la construcción y la reclasificación de suelo. Existen instrumentos que pueden ofrecer respuestas más inmediatas, como la adquisición de viviendas ya existentes mediante mecanismos de tanteo y retracto, especialmente en zonas donde existe una mayor presión sobre los precios.
Por ello, reclama un plan regional de movilización de vivienda vacía que permita incorporar al mercado residencial viviendas actualmente desocupadas, especialmente aquellas susceptibles de destinarse a alquiler social o asequible, junto con políticas de adquisición, rehabilitación y recuperación del parque existente.
También reclama la ejecución de las inversiones previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
La vivienda como derecho humano
La Plataforma parte de un principio que considera irrenunciable: el derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano.
Desde este planteamiento, sostiene que las administraciones públicas tienen la obligación de respetarlo, protegerlo y adoptar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio efectivo y sin discriminación.
La Plataforma considera que en Castilla-La Mancha siguen existiendo importantes déficits en esta protección. Reclama reforzar las medidas frente a la especulación y la discriminación residencial, ampliar de manera sustancial el parque público y garantizar alternativas habitacionales dignas cuando una persona vulnerable se enfrenta a la pérdida de su vivienda.
Su objetivo es impulsar una mayor protección del derecho a la vivienda a través de medidas legislativas y políticas públicas por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional y los ayuntamientos.
Entre sus principales reivindicaciones se encuentran:
- Regular los precios y declarar zonas tensionadas allí donde se cumplan los requisitos para ello.
- Desarrollar políticas de prevención y protección frente a los desalojos, detectando de forma temprana las situaciones de vulnerabilidad.
- Garantizar el acceso a los suministros básicos y reforzar las medidas frente a la pobreza energética.
- Ampliar el parque público de vivienda, utilizando el suelo público disponible y mecanismos como el tanteo y retracto.
- Combatir el fraude en los alquileres de temporada, limitar el impacto de la vivienda turística y ofrecer una respuesta estructural a las necesidades habitacionales de las personas temporeras.
- Mejorar la protección de las personas con problemas de salud mental o discapacidad, mediante protocolos sociosanitarios previos a cualquier desalojo.
- Reforzar el acceso a la justicia, incluido el turno de oficio especializado en procedimientos relacionados con desahucios.
- Prestar una atención específica a los hogares monomarentales, víctimas de violencia de género, población migrante, racializada y gitana, personas jóvenes y personas mayores.
- Aprobar una Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha que reconozca de forma integral la vivienda como un derecho humano.
Participación, movilización y sensibilización social
La Plataforma reclama la participación efectiva de las personas afectadas y de las organizaciones sociales en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de vivienda.
También defiende que estas políticas cuenten con objetivos claros, recursos suficientes y mecanismos de evaluación verificables.
Al mismo tiempo, la Plataforma asume la movilización social y la sensibilización ciudadana como parte esencial de su trabajo, al considerar que transformar la mirada sobre la vivienda y generar una mayor conciencia social son condiciones necesarias para que estas demandas se traduzcan en decisiones políticas.
Organizaciones que constituyen la Plataforma
Feministas de Pueblo CLM
Sindicato de Inquilinos de Guadalajara
Unión Popular de Inquilinos de Toledo
Asamblea de Vivienda Talavera
PAH Tomelloso
PAH Toledo
Amnistía Internacional Castilla-La Mancha
CCOO Castilla-La Mancha
Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM)
Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo
Proyecto Kieu
Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM
Colectivo Sin Fronteras de Albacete
Plataforma 8M Toledo
