Con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, UGT Castilla-La Mancha reclama el cumplimiento efectivo del derecho a la interrupción voluntario del embarazo, un derecho que no será posible -apunta- sin la normalización y generalización de la prestación pública y la garantía de un acceso equitativo de las mujeres en todo el territorio español al sistema sanitario público.
El sindicato pide que las mujeres en Castilla-La Mancha tengan garantizado el derecho al aborto en los centros públicos. En este sentido y según el informe “Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad” elaborado por el Ministerio de Sanidad, en Castilla-La Mancha el porcentaje de abortos que se producen en centros sanitarios públicos es mínimo, del 0,1%, lo que nos sitúa a la cola de España, solo por delante de Melilla, Ceuta y Extremadura.
“Desde UGT alertamos de que se está dificultando el ejercicio de un derecho que fue reconocido con la aprobación de la Ley de 5 de julio de 1985 y que se ha completado con la Ley Orgánica 2/2010, y por su reforma de 2023, que refuerza el acceso al aborto seguro y gratuito en la sanidad pública”, asegura Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha.
De igual forma, recuerda que los poderes públicos tienen la obligación de cumplir con las leyes y garantizar los mecanismos que sean necesarios para que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de sus derechos y libertades, y los y las profesionales sanitarios están comprometidos en su cumplimiento.
El sindicato valora la iniciativa del Ejecutivo regional de poner en marcha unidades de abortos en hospitales públicos de la región y le insta a acelerar su entrada en funcionamiento.
Por otro lado, denuncia todos aquellos obstáculos que impidan la garantía de este derecho, acciones cuyo objetivo es limitar la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que la derecha y la ultraderecha alimentan con sus políticas antiabortistas y contrarias a la igualdad de género, impidiendo la efectividad de un derecho constitucional.
“Aplaudimos la propuesta de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, que fue aprobada en su día en Consejo de Ministros y registrada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2026, y seguiremos exigiendo recursos públicos suficientes para la garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por el acceso seguro y en condiciones de igualdad en la atención sanitaria pública”, concluía.
